Ese olor que no les pertenece
Cada mañana, muy temprano, cuando los cocineros marroquíes encienden los quemadores, el aroma del ras el hanout, esa mezcla compleja de especias que huele a comino, anís y canela, se filtra entre las piedras centenarias del Monasterio de Prestado. Un piso más arriba, el denso olor se instala en los dormitorios de los refugiados. Es entonces cuando los nicaragüenses sienten, como nunca antes en el día, con una claridad punzante, que están lejos, muy lejos de su patria… Ese olor que no les pertenece marca el inicio de cada jornada aquí, en la sierra madrileña, en El Escorial. Pero también confirma una certeza que los alivia: no pasan hambre, tienen un techo y el respaldo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
“Los condimentos que usan tienen un olor tan fuerte que se impregna en la ropa que tendemos en los pasillos para secarla. Pero lejos de que esté mal, simplemente, como nicas no estamos acostumbrados a esas especias y, pues eso, es parte de adaptarnos aquí; entender que estamos al otro lado del mundo, bien largo de nuestro país”, me dice Carmen, mi madre, refugiada, quien hace tan solo cinco meses iniciaba su día con otros aromas, más suyos, en Costa Rica. El olor de la cebolla quemada para los frijoles del gallopinto. “Es difícil el tema emocional, pero nos sentimos protegidos acá, porque el programa nos da todo lo que necesitamos. España ha sido bien generosa con nosotros”.
No tengo nada que refutar de lo que dice sobre la generosidad de España, país que, antes de que ella llegara a Madrid junto a mi padre, me dio nacionalidad, después que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo me la arrebató. Esa solidaridad es cierta y lo veo aquí, en El Escorial, en las afueras del refugio donde viven junto a medio centenar de personas refugiadas, principalmente venezolanas y, en menor medida, nepalíes.
El Escorial está a unos 45 minutos de Madrid y es un pueblito de una quietud apabullante, cuyo letargo, a los pies del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, esa mole herreriana que rasga el paisaje de la sierra, apenas se interrumpe cuando el tren de cercanías de Renfe hace su última parada y los viajeros salen con parsimonia de la estación, sin las prisas que se ven en la Puerta de Atocha–Almudena Grandes, para toparse con un restaurante que por las tardes suele cerrar su cocina por la siesta española.
Es la primera quincena de diciembre de 2025 y ya hace demasiado frío en la sierra de Guadarrama. Tres o cuatro grados Celsius que ni mi madre ni la mayoría de los refugiados nicas y venezolanos —casi con seguridad— habían sentido en su vida. De alguna forma, todo es nuevo para ella y para mi papá: la comida, el clima, un refugio… vivir entre las paredes de piedra y ladrillo del Monasterio de Prestado. Un edificio que la orden de los Jerónimos ocupó de manera provisional en 1562, después de que el rey Felipe II les ordenara levantar en El Escorial ese convento descomunal bajo la advocación de San Lorenzo, donde reposan la mayoría de los reyes españoles. De modo que el refugio tiene historia. Fue aposento del llamado “Rey Prudente” mientras se construía el monasterio con su palacio. También fue orfanato y colegio, pero sobre todo, a lo largo de su historia reciente, ha sido un lugar de acogida, bajo la administración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Cinco siglos después, esas mismas paredes vuelven a albergar a quienes llegan desde lejos. Ya no son monjes ni reyes, sino familias que huyen, como la mía, de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cuando los refugiados se reúnen en el amplio patio del Monasterio de Prestado que aún conserva su porte señorial, los nicaragüenses se sienten un tanto particulares entre sus pares: antes de llegar aquí ya habían pasado por un primer exilio, en Costa Rica… un país cuya función de refugio se ha venido erosionando de manera constante, no solo por el exorbitante costo de la vida y la precariedad del empleo, sino también por la inseguridad.
“El brazo largo de la represión” de Ortega y Murillo, como lo calificó el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, cruza la frontera norte de Costa Rica con facilidad y ha obligado a muchos nicaragüenses a exiliarse incluso del refugio. Se trata de una espiral nefasta que les impone la prueba repetida de perderlo todo para empezar de nuevo, cada vez más lejos de Nicaragua, ahora al otro lado del Atlántico. Un desplazamiento forzado de pocos precedentes. Una metamorfosis forzada: del exilio al reasentamiento, de exiliados a exiliados reasentados.
El asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, en junio de 2025, fue la alerta más potente de la represión extraterritorial en Costa Rica. Sin embargo, tenía más antecedentes: otros asesinatos de opositores originarios de Jinotepe. Los sendos intentos de homicidio contra Joao Maldonado y su esposa, así como acoso, vigilancia y amenazas de muerte contra otros disidentes. Todo ello ante el desdén del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, muy criticado por la comunidad exiliada, en un contexto en el que el país del “pura vida” enfrenta una crisis de violencia relacionada al narcotráfico y al crimen organizado sin parangón en su trayectoria democrática.
Mis padres no querían irse de Costa Rica, pero un episodio violento los terminó de convencer por aplicar “al programa”, como le llama mi mamá.
El primero de junio de 2024, mi papá fue víctima de un intento de asesinato en Tamarindo, una playa de Guanacaste donde vivía y completaba su ingreso mensual como chofer de Uber. Una madrugada, como era habitual, salió a recoger a unos pasajeros y un hombre se le plantó en medio de la calle y abrió fuego contra él. El auto de mi padre se estrelló a un lado de la vía y, por fortuna, cuando el agresor lo encañonó, logró patearle la pistola y huyó. Solo sufrió una leve herida en el brazo izquierdo por el roce de un proyectil. El atacante no le robó nada. El caso fue denunciado ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y se abrió una investigación, pero la ausencia de robo alimentó la sospecha de que el móvil podía ser otro. Pero ya no quisieron quedarse para averiguarlo, ni en Tamarindo, ni en Costa Rica.
El cinco de noviembre de 2025, en un vuelo chárter del “programa”, volaron de San José a Madrid junto a 243 refugiados nicaragüenses, uno de los mayores operativos realizados hacia España. El “programa”, que dice mi mamá, es el programa de Movilidad Segura, una iniciativa coordinada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), diseñada para ofrecer vías legales de reasentamiento o visas humanitarias a personas refugiadas y migrantes (venezolanos, ecuatorianos y nicas), en coordinación con países dispuestos a acogerlas.
En paralelo a la erosión de Costa Rica como lugar de exilio, el programa de Movilidad Segura se consolidó como la alternativa más fiable para un segundo exilio, primero por las oportunidades que ofrecía para la regularización migratoria, el apoyo económico y la inserción social y laboral en el país de acogida. No se trataba solo de salir, sino de llegar con un estatus definido y con un respaldo institucional que reducía la incertidumbre de alguna manera. A partir del año 2022, ACNUR informó a DIVERGENTES que 5472 personas han sido reasentadas bajo esta modalidad,
“La gran mayoría de estas personas llegaron a Estados Unidos y un total de 892 viajaron a España”, precisó la oficina de divulgación de ACNUR Costa Rica. “En total, 6381 personas de todas las nacionalidades han sido reasentadas desde Costa Rica desde el año 2022. Casi un 86% son nicaragüenses”.
Que Estados Unidos, bajo el Gobierno de Joe Biden, haya abierto la puerta a este programa entusiasmó aún más a los exiliados, sobre todo porque ese país siempre se ha visto como uno “de oportunidades”.
Si en 2022, cuando entró en vigor, el programa solo reasentó a dos personas, en 2024 alcanzó su mayor intensidad, coincidiendo con la crisis de inseguridad que atraviesa Costa Rica y la represión extraterritorial. “4604 personas en total fueron reasentadas en 2024. De ellas, 3845 eran nicaragüenses. Nuevamente, la mayoría tuvo como destino los Estados Unidos, seguidos por España, Canadá y Australia”, dice ACNUR sin precisar destinos por motivos de seguridad.
Eso fue algo visible para quienes vivimos exiliados en Costa Rica, en particular ese año, porque a cada tanto nos invitaban o sabíamos de despedidas intempestivas. Si bien alguien se había inscrito en el programa, la fecha de viaje, por motivos de seguridad, suele ser avisada con pocas semanas de antelación, después de más de ocho meses o incluso más de un año de análisis de los casos. Tocaba a los elegidos, en ese breve lapso, desmontar todo en Costa Rica; vender lo que se pudiese y tomar el vuelo de reasentamiento. En pocas palabras, volver a dejar todo atrás.
En este punto, quisiera excusar tanta autorreferencialidad de mi parte como reportero, pero es inevitable… De pronto, el exilio se volvió más solitario de lo que era. Buena parte de las personas que se acogieron al programa de Movilidad Segura no solo era mi familia, sino colegas, amigos, fuentes de información, defensores de derechos humanos, músicos, artistas y activistas, gente con alguna o mucha visibilidad en la oposición al régimen copresidencial Ortega-Murillo con las que trato casi a diario. Uno de ellos era Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Lleva más de ocho meses viviendo, reasentado, en un refugio en Barcelona.
“Ser reasentado”, insiste en la idea Juan Carlos, “implica comenzar de nuevo un proyecto de vida”. Pienso qué tanta magnitud diferente contiene un “proyecto de vida” para cada persona. El defensor de derechos humanos lo sabe por experiencia propia y ajena acompañando víctimas: “implica reinventarse nuevamente; significa luchar con preocupaciones y preguntas a cuestas como: ‘¿Dónde voy a vivir? ¿de qué voy a trabajar’ y la inevitable: ‘¿Fue acertada la decisión de abandonar Costa Rica?’. Es vivir por segunda vez el duelo por lo que dejamos, pero esta vez un doble duelo; es sufrir por lo que dejamos en Nicaragua, pero también en Costa Rica que se convirtió en nuestro hogar, en mi caso por seis años”.
Juan Carlos dice que el reasentamiento es volver “a construir otra vez”. Una redundancia que parece inofensiva, pero que pesa a pesar del “programa”. Demasiado. Entre quienes se fueron había personas amenazadas de muerte o con perspectivas muy limitadas en Costa Rica. De modo que era fácil entenderlas cuando, en el horizonte, lo que les aparecía, por ejemplo, era una residencia en Estados Unidos tras ingresar como refugiados.
Se comenzaron a ir, pero el batacazo llegó muy pronto desde Washington. La garantía de Estados Unidos como lugar de oportunidades y porvenir tuvo fecha de caducidad muy rápido. El presidente Donald Trump volvió al poder con una cruzada antiinmigrante tan agresiva que, en enero de 2025, suspendió el programa de Movilidad Segura. No solo cientos de exiliados quedaron a mitad de camino hacia Estados Unidos, sino que quienes ya estaban allá, creyéndose de algún modo a salvo, pronto descubrieron que estaban, otra vez, sumidos en ese sino perverso que parece perseguir a los exiliados nicas: el limbo y la incertidumbre, neutralizados y escondidos ahora, pese a haber sido reconocidos como refugiados por las autoridades estadounidenses.
Un refugiado es como una moneda al aire
Miedo. Cuando se enfrenta de primera mano a esa sensación y se logra superar, después de plantar cara a policías, paramilitares y a un aparataje estatal represivo que obliga a vivir bajo tensión y en huida permanente, uno cree haberla dejado atrás para siempre. Pero volver a experimentarla donde menos se espera es sentir, más que un retroceso, una impotencia comparable a una enfermedad obstinada, imposible de erradicar del todo. De alguna forma, es lo que siente un colega periodista con el que hablé para este reportaje. A pesar de su audacia para denunciar a una dictadura que comete crímenes de lesa humanidad, como la Ortega-Murillo, su estatus migratorio bajo el gobierno del presidente Donald Trump lo empuja hacia algo que repudia: la autocensura.
Hace más de un año llegó a Estados Unidos con el programa de Movilidad Segura. Los primeros meses sintió alivio: obtuvo permiso de trabajo y el proceso para su residencia empezó a andar. Pronto, creyó el periodista, recuperaría la posibilidad de viajar, ya que el régimen sandinista canceló su pasaporte nicaragüense. Pronto, creyó también, dejaría atrás cualquier recato para ejercer su libertad de expresión en Estados Unidos. Pero la serie de disposiciones administrativas en materia migratoria del presidente Trump dinamitó esas certezas y su vida volvió a girar en torno a un punzante signo de interrogación.
Miedo a salir a las calles de la ciudad en la que vive, al sur de Estados Unidos. Miedo a tomar un vuelo interno para asistir a un congreso periodístico en Austin. Miedo a ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el supermercado. Miedo, miedo y más miedo, acompañado del estancamiento de su proceso migratorio. Lleva más de seis meses esperando una respuesta sobre su residencia. Pregunta por ella por teléfono, porque presentarse en persona ante una instancia federal podría derivar en un arresto, una posible deportación al país donde un régimen acusado de cometer crímenes de lesa humanidad lo acecha.
Cada decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y de la Casa Blanca sobre los refugiados y los solicitantes de asilo que conocía ha sido un martillazo a su estabilidad. Tras suspender el programa de Movilidad Segura, la administración Trump comenzó a desmontar, pieza por pieza, la arquitectura de protección que había permitido el reasentamiento de miles de personas como mi colega. Primero fue la orden ejecutiva que congeló nuevas admisiones de refugiados y puso bajo revisión los procesos en curso.
Después vino la paralización de decisiones de asilo en múltiples oficinas migratorias, lo que dejó a solicitantes con entrevistas ya realizadas o expedientes avanzados atrapados en un limbo administrativo. Y pocas cosas hay tan intrincadas en la vida como los hoyos negros burocráticos.
Más adelante, la suspensión y el endurecimiento en la emisión y renovación de permisos de trabajo para solicitantes de asilo agravaron el panorama. Los plazos, que ya eran largos, se volvieron inciertos. Casos que esperaban resolución en meses comenzaron a proyectarse en años. Es decir, la puerta no está oficialmente cerrada, pero tampoco abierta. Y en esa zona gris, parafraseando a Gramsci, es donde aparecen los monstruos. La arbitrariedad se vuelve norma, sobre todo cuando los casos de asilo son negados sin mayor explicación que una decisión soberana, aun cuando existen convenciones internacionales de protección para los perseguidos. Yadira Córdoba, madre de uno de los jóvenes asesinados en las protestas de abril, fue recientemente deportada a México, después de haber sido detenida en agosto de 2025.
Y quienes han logrado escapar de la deportación se convierten en esquivadores de ICE, obligados a añadir una pelota más al malabar cotidiano de la vida migrante. Al restringir los permisos laborales y someterlos a revisiones más estrictas, la administración republicana dejó a miles en una precariedad inmediata: sin permiso de trabajo no hay contrato; sin contrato no hay alquiler; sin alquiler no hay estabilidad. Una estabilidad que hoy mi colega siente más endeble que nunca en Estados Unidos. Incluso quienes ya habían sido reconocidos como refugiados comenzaron a enfrentar nuevas verificaciones de estatus y mayores facultades de detención por parte de autoridades migratorias, especialmente si no habían ajustado su situación a residencia permanente.
Para los miles de nicaragüenses reasentados en Estados Unidos, como ese mi colega, el esquema legal supervisado por agencias internacionales con el que habían llegado se resquebrajó. Y el golpe más reciente llegó este 20 de febrero de 2026, cuando la administración Trump formalizó una propuesta de regulación que, en la práctica, desmantela el acceso al mercado laboral para quienes solicitan asilo. La medida elimina el mecanismo vigente desde los años noventa que permitía tramitar un permiso de trabajo si el caso no se resolvía en 180 días, y lo sustituye por una condición casi imposible.
El miedo a ICE y a las deportaciones invaden a migrantes y ahora solicitantes de asilo en Estados Unidos, incluidos aquellos reconocidos como refugiados. Fotos de EFE. 
El miedo a ICE y a las deportaciones invaden a migrantes y ahora solicitantes de asilo en Estados Unidos, incluidos aquellos reconocidos como refugiados. Fotos de EFE. El miedo a ICE y a las deportaciones invaden a migrantes y ahora solicitantes de asilo en Estados Unidos, incluidos aquellos reconocidos como refugiados. Fotos de EFE. El miedo a ICE y a las deportaciones invaden a migrantes y ahora solicitantes de asilo en Estados Unidos, incluidos aquellos reconocidos como refugiados. Fotos de EFE. El miedo a ICE y a las deportaciones invaden a migrantes y ahora solicitantes de asilo en Estados Unidos, incluidos aquellos reconocidos como refugiados. Fotos de EFE.
En otras palabras, la agencia migratoria estadounidense sólo aceptará nuevas solicitudes de empleo cuando logre procesar todos los casos pendientes en un promedio de seis meses. Hasta la publicación de este reportaje, hay más de 1.4 millones de solicitudes acumuladas. El propio Servicio de Inmigración y Ciudadanía admitió que, de mantenerse el ritmo actual, tardaría entre 14 y 173 años en alcanzar ese estándar. Ser solicitante de asilo o refugiado en Estados Unidos es una moneda en el aire.
Al ser consultados sobre la situación migratoria de las personas que fueron reasentadas en Estados Unidos –y cualquier otro país–, ACNUR es categórica al respecto: “Una vez que las personas llegan a su país de reasentamiento, las autoridades nacionales son las responsables de su protección. Para información sobre sus procesos de regularización se debe contactar a las autoridades del país de reasentamiento”. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también se desmarca de los procesos y su respuesta es: “OIM no puede responder a preguntas ni resolver inconvenientes”.
“Lo más preocupante, y que te llena de incertidumbre, es que ni los abogados a cargo de los procesos de reasentamiento logran dar una respuesta que, al menos, te de tranquilidad. Porque todo está sucediendo tan rápido y son medidas que nunca antes se habían aplicado”, comparte mi colega, ese que tanto menciono porque es mi amigo.
“El tufo de refugiado”
Africanos, árabes, filipinos, turcos, haitianos… “muchísimas personas” estaban en el Aeropuerto de Toronto el día que la familia Mendieta aterrizó en Canadá, proveniente de San José como familia nica reasentada. De golpe, se asustaron ante la multitud que llegaba desde tantos y disímiles países en conflicto o bajo dictaduras, como ellos. “Además, muchos niños, muchas personas de diferentes culturas”, recuerdan como quien recuerda una película que de niño los marcó. Pero pronto su atención se centró en el oficial de inmigración que los recibió y que, con una rapidez que los anonadó, les entregó un documento que los certificaba como residentes canadienses. Sí, en el mundo aún hay países sin muros para la migración, para los refugiados.
Al igual que mis padres en España, los Mendieta recibieron una atención personalizada por parte de instituciones que trabajan con los gobiernos de acogida. El paso por los refugios es inevitable y, mientras permanecen en ellos, los reasentados tienen sus necesidades básicas cubiertas. Pero no solo eso: reciben ropa acorde a climas extremos como el canadiense, enseres de higiene, sumas de dinero para gastos esenciales, tarjetas de transporte y acompañamiento para obtener una línea telefónica y abrir cuentas bancarias. Si bien cada país tiene sus propios protocolos, todos suelen ser muy similares.
A las familias se les asigna una trabajadora social que las orienta durante los primeros meses de adaptación y se les ofrecen cursos de certificación o profesionalización, dependiendo de la profesión u oficio que posean. Los incluyen en bolsas de trabajo. De entrada, también, hay apoyo psicólogo social y cobertura de la seguridad social. Pero eso no garantiza trabajo por descontado.
Desde Barcelona, el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce señala otro de los retos menos visibles del reasentamiento: “Una problemática es la homologación de títulos universitarios, lo cual puede ser un proceso complejo, ligado a ello la inserción laboral para personas altamente cualificadas, ya que los programas de acogida están diseñados para la inserción en el sector servicios”, apunta. “En lo particular no veo que estos procesos tengan como objetivo el aprovechamiento de las capacidades ya generadas de los reasentados. Las personas reasentadas son en parte vista como ‘mano de obra’ para sectores que requieren trabajadores, sin valorar las capacidades y potencialidades de las personas”.
El siguiente paso del programa es que los refugiados consigan un techo por su cuenta donde vivir, o un piso, como le dicen en España. En el caso de Canadá, el apoyo estatal es de un año; en España se extiende hasta 18 meses, siempre bajo una serie de regulaciones administrativas relacionadas con un tope de ingresos mientras permanezcan tutelados por el Estado.
Cada caso avanza de manera independiente. No hay una norma única para un refugiado o un núcleo familiar. En el caso de los Mendieta, recibieron “luz verde” para mudarse a un apartamento apenas un mes después de llegar a Canadá. Este paso ilustra cómo el reasentamiento adquiere matices propios en cada país. En Canadá se pide el pago de un seguro por el inmueble y tres meses de renta adelantada, más referencias previas de alquiler que en ese caso lo asume el programa de reasentamiento. “Nuestra organización te respalda ante el casero para que vean que tratas con alguien serio”, relata la cabeza de familia de los Mendieta.
En España, donde están la mayoría de reasentados nicas, es casi lo mismo en trámites para encontrar vivienda. Sin embargo, hay otros factores que mis padres no esperaban mientras han estado en esa búsqueda de un piso. El primero, me dijo mi madre en diciembre cuando los visité, es “el tufo a refugiado”. Y es algo que, cada vez que hablamos, me repite con una especie de desespero por volver a experimentar algo que en Nicaragua y en Costa Rica tenían, pero que la represión Ortega-Murillo les arrebató: un espacio propio.
“Aunque haya un programa estatal de respaldo, los caseros nos descartan en cuanto ven que nuestra residencia dice que somos refugiados. Es como que los refugiados tenemos un tufo que no soportan en España. Entonces se ha vuelto bien difícil encontrar un piso para avanzar en la otra etapa del programa”, insiste.
Lo otro es que el contexto tampoco ayuda. En ciudades como Madrid la sobredemanda de pisos agota la oferta disponible. Muchos propietarios han optado por el alquiler turístico y pesa el temor, amplificado en los últimos años, a la okupación y a los largos procesos judiciales en caso de impago, en un país cuya legislación protege al inquilino. A ello se suman exigencias concretas, más allá de los habituales tres meses de fianza: nómina de trabajo como requisito casi indispensable y, en algunos casos, aval bancario.
En el caso de mis padres no han encontrado empleo todavía, no por falta de voluntad, sino porque están en un proceso de adaptación orientado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que incluye cursos y acompañamiento antes de su inserción laboral. Así, el mismo sistema que los tutela termina, paradójicamente, colocándolos en desventaja ante un mercado que exige una serie de requisitos difíciles de tener recién llegado a un nuevo exilio.
“Al ser parte de una política de Estado sin duda el proceso te da ciertas ventajas”, analiza Juan Carlos en Barcelona. “No obstante, el reasentado, para abrirse camino, debe luchar contra un entorno cultural, económico y social que no siempre es amable y que esta profundamente marcado por la discriminación y diversas problemáticas como el acceso a vivienda, situación que se agrava según la región. Por ejemplo en Barcelona en la actualidad es prácticamente imposible el acceso a pisos, los requisitos impuestos son muy difíciles de cumplir para personas reasentadas”.
En España, además del depósito de garantía por un piso, a los reasentados suelen pedirles hasta tres fianzas de entrada: algo así como otro depósito, el primer mes y el último mes por adelantado. Eso reduce drásticamente las opciones, ya que la ayuda media que el programa en España entrega a cada núcleo familiar ronda los 1200 euros, de los cuales 600 están destinados a cubrir la fianza y el primer mes. Una habitación suele ser lo más asequible en un piso compartido, pero en el refugio de El Escorial, por ejemplo, hay parejas con hijos menores de edad y mujeres embarazadas que necesitan más espacio. Mis padres, a quienes también acompaña un familiar más —cuyo parentesco prefiero no detallar por razones de privacidad—, tendrán que compartir un piso con otra familia nica para poder costear la renta.
En Barcelona, el defensor de derechos humanos vive una situación similar, aún sin un piso propio. “A nivel político es importante reconocer estos esfuerzos como los realizados por países como España, Canadá, Australia y, en algún momento, Estados Unidos que con el reasentamiento dignifican y humanizan los procesos migratorios. No obstante, no podemos dejar de cuestionar que el origen de este es la violación a los derechos humanos por parte de un Estado, en este caso Nicaragua. Como dice la poeta somalí Warsan Shire, ‘nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea la boca de un tiburón’. El reasentamiento implica volver a construir hogar otra vez”.
Una boca de tiburón que muerde con más fuerza cuando intentan construir hogar otra vez, encontrar un piso en España, donde vivir en una capital o ciudad grande queda descartado de entrada para muchos refugiados reasentados. Toca mirar hacia ciudades dormitorio o pueblos de la España rural, donde las rentas son más asequibles, pero el empleo escasea y las redes de apoyo son casi inexistentes. La ecuación no deja de ser cruel, porque el alquiler es más bajo a cambio de menos oportunidades.
Así, el segundo exilio obliga a empezar de nuevo en territorios donde tampoco hay garantías de estabilidad, al menos en España. Esta nueva etapa trae complejidades distintas, pero no menores, a las que ya vivieron en el primer exilio en Costa Rica o a las que han enfrentado al llegar a Madrid en los vuelos chárter dispuestos por el gobierno socialista de Pedro Sánchez.
DIVERGENTES conoció que algunos nicas que llegaron en el mismo vuelo de mi familia han decidido retornar a Costa Rica al no poder lograr adaptación. Algo que ya registra la Organización Internacional de las Migraciones (OIM-España). En una publicación en Instagram de mediados de febrero, el organismo hizo el siguiente ofrecimiento: “Si tu proyecto en España no ha sido como creías y quieres empezar una nueva etapa en tu país de origen, la OIM en España puede ayudarte para que retornes a tu país de origen de forma digna”.
Por ahora, mi familia, no piensa en regresar, ya que gracias a un contacto nicaragüense lograron apalabrar un piso en enero pasado. Están en medio de los gestiones. Han ganado algo de alivio, pero cuando los visité en diciembre, por una coincidencia de viaje laboral, es decir, pocas semanas después de que llegaron a Madrid, mis padres, pero en especial mi mamá, estaban en ese trance que sienten los reasentados ante el golpe de la novedad. “Me siento bendecida por la oportunidad de España, pero a la vez un poco arrepentida, porque hay cosas difíciles”, soltó antes de despedirnos en la víspera de Navidad, su primera Navidad como refugiada reasentada junto a mi papá, tres años después de aquella primera Navidad como exiliados en Costa Rica.
La noche de la despedida fue más llanto que abrazo en la estación de Sol, en el epicentro de Madrid, desbordada de turistas que ni siquiera se enteraron de ese adiós de una familia de refugiados que ahora sumaba otra palabra a su condición: reasentados. Sin embargo, nos prometimos aguantar, seguirnos reinventando y encontrar más soles para continuar… sobre todo el nuestro, en nuestro país, en nuestro pueblo, el sol de Nandaime. Y en esas estamos todos los refugiados. Esa madrugada helada, de regreso en la sierra madrileña, en el Monasterio de Prestado, mis padres me contaron que unieron las dos pequeñas camas y se abrazaron. No hay mejor manera de resistir. Al siguiente día, temprano, volvió ese olor que no les pertenece, pero que ya es, por las circunstancias, parte de ellos.
El futuro de la Movilidad Segura
Consultada por DIVERGENTES sobre el estado actual del programa de Movilidad Segura, especialmente tras la suspensión del reasentamiento hacia Estados Unidos y el retroceso de parte de la cooperación internacional, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) afirma que el mecanismo continúa activo, aunque bajo nuevas condiciones.
“Tras la suspensión del programa de reasentamiento con Estados Unidos, ACNUR continúa identificando personas vulnerables y refiriéndolas para consideraciones de reasentamiento y vías complementarias a distintos países. En específico, este año la operación ACNUR de Costa Rica cuenta con una cuota específica para España”, aseguraron. “A pesar del impacto por los recortes a la asistencia humanitaria en 2025, el ACNUR Costa Rica, con el apoyo del Bureau Regional del ACNUR en Panamá, ya ha logrado cumplir en tiempo y forma con la cuota acordada con España”.
Sobre los principales retos del programa, la agencia señala que la sostenibilidad depende tanto de la voluntad política de los Estados receptores como de la capacidad operativa para sostener un proceso largo y exigente.
“La necesidad de reasentamiento persiste en Costa Rica, especialmente para nicaragüenses. También representa un reto el mantenimiento del programa. El reasentamiento es un proceso complejo y que requiere del trabajo de muchas personas y horas para identificar, procesar y acompañar a los casos. Actualmente el ACNUR cuenta con un equipo limitado de solo cuatro personas para atender todo el programa”, explicaron.
Otro desafío tiene que ver con lo que ocurre a lo largo del propio proceso. “El segundo desafío identificado se relaciona con las dificultades que surgen a lo largo del proceso, donde una parte considerable de los casos no logra avanzar hasta las etapas finales. Esto implica que, para alcanzar la cuota comprometida con España, es necesario entrevistar y procesar un número significativamente mayor, lo que repercute en una ejecución más lenta del programa para las personas beneficiarias y en un incremento de los costos operativos para los donantes”.
“La decisión de formar parte de un programa de reasentamiento y dejar el país de asilo es una decisión personal que conlleva un largo proceso, por esta razón el seguimiento por parte del personal de ACNUR a lo largo de cada etapa del proceso es clave: muchas personas necesitan orientación, asesoría y acompañamiento para afrontar un nuevo cambio de vida. En muchos casos, las personas deciden no terminar con las etapas del proceso aun incluso cuando ya están aprobados para viajar”, reseña la oficina de comunicaciones.
A pesar de esos desafíos, remarcaron que el compromiso de España continúa vigente. “Se mantiene para 2026 y se trabaja conjuntamente para reforzar la información y el asesoramiento individual para que el programa sea cada año más eficiente”.
En cuanto al futuro del programa, ACNUR lo vincula directamente a la disposición de los países a mantener abiertas las plazas de reasentamiento. “La continuidad del programa de reasentamiento en Costa Rica depende directamente de la disponibilidad de plazas que los países de reasentamiento puedan ofrecer. El reasentamiento constituye una herramienta fundamental de cooperación internacional, que permite brindar protección y una solución duradera a personas refugiadas que no han encontrado una oportunidad efectiva de protección e integración en el primer país de asilo”.