La vacuna contra el VPH, una campaña de inmunización que el régimen Ortega-Murillo debía garantizar desde 2020

Pese a las altas cifras de hospitalizaciones y defunciones por el cáncer cervicouterino, el cual es  mayormente causado por el Virus del Papiloma Humano, Nicaragua fue el último país de Centroamérica en brindar la vacuna desde su sistema de  salud pública

En Nicaragua, la incidencia bruta de cáncer cérvicouterino era de 21.4 por cada 100 000 habitantes en el 2021, de acuerdo a un perfil realizado por la OMS ese año. Archivo | Divergentes

Nicaragua fue el último país de Centroamérica en brindar la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) desde la salud pública a las niñas y adolescentes. Aunque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo ha anunciado con vítores y ovaciones, se trata de una obligación que tenía pendiente con las mujeres desde hace años, dice Maggie, especialista en salud sexual y reproductiva, quien solicitó el anonimato.

Las mujeres, niñas y adolescentes se han encontrado vulnerables todo este tiempo sin acciones de prevención contra VPH, mayor causante del cáncer cérvicouterino, a pesar que este virus es el que provoca más muertes de mujeres en Nicaragua”, señala la especialista.

Si bien los centros de salud y hospitales del país realizan pruebas de citología cervical, mayormente conocidas como la prueba de Papanicolaou, para detectar el virus, la estrategia de prevención más efectiva contra el VPH es la vacunación, según establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Nicaragua sin incluir vacuna contra el VPH en sus planes de inmunización 

Virus del Papiloma Humano
Presentación de la vacuna Cecolin en el Ministerio de Salud (Minsa). Foto: Tomada de Canal 13 Nicaragua.

El Estado nicaragüense estaba en la obligación de garantizar esta vacuna al menos desde el año 2020, tras la aprobación de la “Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer del cuello uterino como problema mundial de salud pública y sus objetivos y metas conexos para el periodo 2020-2030” por la OMS en la 73ª Asamblea Mundial de la Salud.

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La estrategia era un llamado de atención a todos aquellos países como Nicaragua, que no habían incluido la vacuna dentro de sus planes de vacunación, pese a las altas cifras de hospitalizaciones y defunciones por el cáncer cervicouterino, mayormente causado por el VPH.

La vacuna había comenzado a ser aplicada en las Américas desde el año 2006 y específicamente en Centroamérica desde el 2008. Hasta este año, Nicaragua era el único país de esta región que estaba pendiente y también el que registra las cifras más altas de muerte por esta enfermedad por habitantes.

Según la OMS, para eliminar el cáncer de cuello uterino los países deben alcanzar y mantener una incidencia inferior a 4 casos por cada 100 000 habitantes por año. 

En Nicaragua, la incidencia bruta de cáncer cérvicouterino era de 21.4 por cada 100 000 habitantes en el 2021, de acuerdo a un perfil realizado por la OMS en ese año para analizar el inicio de la aplicación de la estrategia, que en esa fecha todavía no se había realizado.

Además, el fallecimiento de mujeres a causa del cáncer cérvicouterino ha aumentado desde 2019. Según el Mapa Nacional de la Salud de Nicaragua del Ministerio de Salud, en 2019 se reportó la defunción de 208 mujeres a causa de tumor maligno del cuello del útero, la cifra ha aumentado progresivamente hasta el fallecimiento de 270 mujeres en 2022.

Y aunque la tardía inclusión de la vacuna contra el VPH al Plan Anual de Inmunizaciones (PAI) puede considerarse parte del cumplimiento, todavía falta mucho para que garantice en su totalidad sus obligaciones con la salud de las mujeres, niñas y adolescentes.

Poblaciones recomendadas no figuran en el plan del Minsa

Según los planes anunciados por el Minsa, el objetivo es aplicar la vacuna a 300 000 niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años de edad, desde el 6 de noviembre hasta el 15 de enero de 2024. 

Sin embargo, su cobertura sigue siendo bastante limitada para la población con la que se tiene la obligación de proteger inmunológicamente.

Además del esquema de una a dos dosis para las niñas de 9 a 14 años, la OMS recomienda el mismo esquema para adolescentes y mujeres de 15 a 20 años, y dos dosis, con un intervalo de seis meses, para las mujeres mayores de 21 años.

Únicamente la población femenina menor de 19 años es de más de 1.3 millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide). Es decir, que su actual objetivo solo cubre el 23% de la población que debería vacunarse. Actualmente el Minsa no ha informado sobre planes de ampliar la población meta.

La OMS también hace hincapié en proteger “con carácter prioritario” a las mujeres con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) e inmunodeprimidas, pues tienen hasta seis veces más probabilidad de desarrollar cáncer cérvicouterino.

En 2022 había 6 567 personas en Terapia Antirretroviral (TAR), 1 129 casos nuevos de VIH y 145 embarazadas captadas con VIH, según el Mapa Nacional de la Salud en Nicaragua. Sin embargo, este dato especifica la población de mujeres, a parte de las embarazadas.

“Se recomienda la vacunación de objetivos secundarios, como los niños y las mujeres mayores, siempre que sea factible y asequible”, culmina la OMS.

Existe resistencia a la aplicación de la vacuna

La vacuna contra el VPH, una campaña de inmunización que el régimen Ortega-Murillo debía garantizar desde 2020

Además de brindar la vacuna a las poblaciones claves, otra obligación del Estado nicaragüense es “colaborar con el sector de la educación y las partes interesadas de las comunidades, en particular para subsanar el déficit de confianza en la vacuna”. Es decir, informar sobre la importancia de la vacuna a niñas, adolescentes y a sus padres y madres de familia, para así garantizar su aplicación.

Dicha instrucción se ha realizado escuetamente a través de los canales oficialistas del régimen Ortega-Murillo y de manera breve con algunos trabajadores del Ministerio de Educación, pero no con la rigurosidad que insta la OMS.

Hasta el 26 de noviembre, se ha aplicado 185 202 dosis de las vacunas contra el VPH, a niñas de 10 a 14 años de edad, lo que significa el 62% de la población meta del Minsa. Sin embargo, ha habido mucha resistencia por parte de la población, señala Maggie, especialista en salud sexual y reproductiva.

Esto se debe precisamente a que el régimen Ortega-Murillo nunca ha atendido esta problemática de manera preventiva y existen muchos mitos y desinformación en la población sobre el VPH y otros temas de salud sexual. La educación sexual integral en Nicaragua es inexistente.

“Esto se debe a una falta de información veraz, científica y sin prejuicio a las niñas y niños sobre educación sexual. Muchas madres no permiten que sus niñas se vacunen porque dicen ‘es que todavía no está en edad’. Muchas mamás dicen ‘¿para qué se va a poner esa vacuna si mi niña no tiene relaciones sexuales’. Desde ahí inicia la educación sexual, para que yo tome decisiones como familiar y guía de una adolescente”, expresa.

“La gente tiene desconfianza porque es algo de lo que el gobierno nunca ha hablado. Mucha gente hasta ahora se está dando cuenta que existen las vacunas, que hay manera de prevenir el virus y que es más eficaz si se hace desde la niñez. ¿Por qué hay una resistencia? Lo que no se informa crea miedo e inseguridad. En otros países se está aplicando la vacuna desde hace 20 años”, añade.

Costos de la vacuna son “inaccesibles”

Para garantizar la prevención de la adquisición del VPH se debe vacunar al 90% de la población de niñas y adolescentes menores de 15 años, según la estrategia de la OMS. Además de los datos brindados por el Minsa sobre las menores recién vacunadas, el número de mujeres y niñas vacunadas desde la salud privada es desconocido, pero claramente es reducido, indica Maggie.

Esto se debe a que los costos de la vacuna en las clínicas privadas “son inaccesibles para las familias nicaragüenses”, dice la especialista. Los precios de la vacuna varían de 100 dólares a 150 por dosis. 

En el caso de las menores de edad, se recomienda aplicar dos dosis con un plazo de seis meses para que la vacuna sea efectiva; y en las mujeres adultas, se recomienda al menos tres dosis para asegurar una adecuada protección.

Es decir, que los costos para acceder al esquema completo de la vacuna van desde los 200 dólares hasta los 450, en otras palabras, entre 7300 córdobas y 16 425, en dependencia del número de dosis y los precios que establezcan las clínicas.

En un país donde el salario mínimo es de 213 dólares mensuales según el Ministerio de Trabajo, acceder a las vacunas es un lujo que muchos ciudadanos  no se pueden dar, aunque eso les cueste su salud. Para reducir esas desigualdades es necesario que el régimen Ortega-Murillo aplique las vacunas en su totalidad a las poblaciones recomendadas, y no solo a un grupo reducido.

Derechos sexuales y reproductivos de las menores siguen pendientes

Vacuna VPH
Gardasil-9 es considerada la mejor vacuna contra el VPH disponible. Archivo | Divergentes

Maggie también señala que la salud de las adolescentes y niñas ha sido una necesidad históricamente desatendida por el régimen Ortega-Murillo, y se necesitan mayores esfuerzos que la vacuna para responder a las vulnerabilidades que viven las menores, como la violencia sexual y los embarazos infantiles y adolescentes.

Un estudio multicéntrico de la OMS mostró que la prevalencia de la infección por VPH es mayor en niñas abusadas sexualmente o si hay un embarazo a temprana edad.

“No hay una prevención del embarazo en la adolescencia y de otras enfermedades de transmisión sexual. La vacuna contra el VPH solo es una parte de una gran problemática nunca atendida. En Nicaragua hay niñas pariendo y eso es responsabilidad del Estado. Es necesario dar prioridad a los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, y no se deben de ver aparte”, expresa Maggie.

Actualmente son 44 países de las Américas los que incluyen la vacuna contra el VPH en sus planes anuales de vacunación, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. El primer país en la región centroamericana en incluir la vacuna en su plan fue Panamá en 2008, después Belice y Honduras en 2016, Guatemala en 2018, Costa Rica en 2019 y El Salvador en 2020.


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