América Latina y Estados Unidos en los últimos años han sido zona de guerra en materia de derechos sexuales y reproductivos entre los grupos conservadores y progresistas. La región se ha ondulado entre tremendos avances y severas restricciones en el acceso al aborto.
Solo en los últimos cinco años, Argentina obtuvo un Gobierno que aprobó la legalización del aborto y otro Gobierno que pretende ilegalizarlo nuevamente; México sumó a 15 Estados que despenalizaron el aborto y lo dejaron a libre voluntad de las mujeres; y la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia Roe vs Wade, poniendo fin a 49 años de protección al derecho a la interrupción voluntria del embarazo.
Mientras, en la región centroamericana, el Congreso de Guatemala aprobó una ley que aumentaba las penas de cárcel por practicar el aborto, que finalmente fue engavetada por el Ejecutivo; El Salvador enfrentó dos juicios internacionales por tener restricciones severas en materia de derechos reproductivos; y la Corte Suprema de Justicia de Honduras aprobó un recurso por inconstitucionalidad contra el artículo que penaliza el aborto, y se encuentra a la espera de una nueva iniciativa de ley.
Nicaragua mantiene la férrea y total penalización del aborto desde hace 17 años, y no parece que dicho panorama cambiará bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes pusieron fin a este derecho desde su llegada al poder en 2007.
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Así se ha establecido una candente lucha por detener la criminalización a la interrupción voluntaria del embarazo, pero también para mantenerla y endurecerla. Al final de estos debates, quienes han sido boleadas a su suerte —y olvidadas— han sido las mujeres y niñas, las únicas que al final del día cargarán con los embarazos.
En ese mismo período, la organización IPAS Latinoamérica y el Caribe (IPAS LAC) se ha mantenido a la par de las discusiones sobre el derecho al aborto, y garantizando estos derechos a las mujeres de todos los territorios, bajo la dirección de María Antonieta Alcalde Castro, máster en Género, Sociedad y Políticas.
Castro, defensora de los derechos sexuales y reproductivos desde hace décadas, cuenta a DIVERGENTES los retos a los que se ha enfrentado la organización en el último quinquenio, las expectativas que tiene sobre las oportunidades y riesgos en esta materia, y la situación del acceso al aborto de las mujeres en Centroamérica y el resto de América Latina.
¿Cómo funcionan las redes de apoyo a las que IPAS contribuye por toda la región?
Los marcos legales para el acceso al aborto son diferentes en cada país, siendo Centroamérica la región de América Latina con el contexto más rígido, que a pesar de ilegalidad, el aborto puede ser seguro.
En IPAS trabajamos con organizaciones o con redes de acompañamientos, ya que una parte importante de nuestro modelo de trabajo es reconocer que en América Latina hay un movimiento vibrante, y es fortalecer a las organizaciones con las que trabajamos. En Lationamérica trabajamos muy de cerca con 23 redes de acompañantes.
Muchas de ellas son un grupo de amigas o mujeres que tuvieron que recurrir al aborto, que descubrieron que el aborto puede ser autogestionado en casa, y que es sumamente seguro. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los lineamientos sobre el aborto.
Las redes de acompañantes se encargan de acompañar a mujeres que enfrentan embarazos no deseados, brindan información y en muchos casos, les hacen llegar los medicamentos para que puedan autogestionar sus abortos en casa de manera segura.
Desde IPAS seguimos a las organizaciones, fortalecemos sus capacidades y aseguramos que tengan referencias para las mujeres. Si hay una complicación, que sepan dónde acudir. Esto lo hacemos en dependencia del contexto.
Hay lugares donde el acompañamiento es algo normal y seguro. Por ejemplo, en Argentina y México hay acompañantes que trabajan muy de la mano con las instancias gubernamentales. Y hay otros lugares donde hacer acompañamiento puede poner en riesgo tu seguridad y tu libertad, así que las redes tienen que trabajar de manera más clandestina, como en el caso de El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana.
En ese sentido, también las acompañamos en temas de seguridad, porque lo que hacen es muy valiente, al salvar vidas. Ellas, literalmente, salvan vidas todos los días. En total, trabajamos con más de 60 organizaciones de la sociedad civil que hacen trabajos de acompañamiento.
Siempre priorizando la seguridad de las organizaciones con las que trabajan y de ustedes mismas ¿Qué puede contar sobre el panorama del aborto en Nicaragua?
Es verdaderamente lamentablemente que las defensoras y defensores de derechos humanos en Nicaragua enfrenten persecución constante, y dentro de estas, las organizaciones y colectivos que trabajan a favor del aborto.
Nicaragua es uno de los pocos países en el mundo que criminaliza totalmente el aborto. Sabemos que esto no reduce la cantidad de personas que necesitan abortos; solo hace más inseguro para las mujeres y las personas con capacidad de gestar que pasan por este procedimiento, como para quienes les ayudan. La situación de Nicaragua es trágica.
Para mí es muy esperanzador el trabajo que hacemos en Nicaragua, porque a pesar de que la situación es francamente compleja, existen colectivos y personas que con solidaridad y compasión acompañan a las personas.
Si se mide en Centroamérica los embarazos adolescentes, la violencia sexual, los embarazos infantiles, con esos indicadores, te das cuenta de la necesidad de servicios de aborto que tristemente no existen. Afortunadamente, hay organizaciones que brindan acompañamiento. Nosotras en Nicaragua apoyamos redes de acompañantes que muy valientemente apoyan a mujeres, niñas y adolescentes en servicios de aborto.
También tenemos un trabajo muy fuerte en acceso a anticonceptivos y educación integral en sexualidad. Es verdaderamente asombroso la situación de Nicaragua en ese aspecto, en la que hay una prohibición total del aborto, pero también una prohibición total de la educación sexual y a temas relacionados con la equidad de género. Lo más importante para prevenir un aborto, es prevenir un embarazo no deseado, y esto se hace con educación sexual. También para evitar los niveles altos de violencia sexual que se vive en la región. Todo esto no lo vemos en Nicaragua y nos parece muy preocupante.
IPAS LAC señala que tiene proyectos activos en Costa Rica. Según cifras oficiales, más del 80% de la población migrante en ese país es nicaragüense. Tomando en cuanta que en Costa Rica el aborto solo es permitido por la causal de salud y esto con severas restricciones ¿Qué acceso tienen las mujeres migrantes al aborto en dicho país?
La expulsión de personas nicaragüenses que se ven amenazadas es muy grave y vemos que migran hacia varios países de la región, Costa Rica es uno de ellos. Costa Rica tiene una legislación del aborto muy restringida. El aborto se encuentra permitido por la causal salud y aún así con restricciones importantes.
Una parte del trabajo que hacemos en Costa Rica es ampliar el acceso al aborto a todas las poblaciones, y entender la causal salud como debe de ser entendida, que no aplica solo cuando la mujer está apunto de morir; sino entender la salud como dice la OMS, desde una visión amplia en salud mental y salud social. Hay retos que enfrentar.
Además de estos retos, le sumas a las poblaciones migrantes que muchas veces no tienen documentos para estar de manera regular en el país, y que muchas veces no son parte de la seguridad social costarricense. Eso complica mucho más la situación.
Para IPAS LAC, el trabajo con la población migrante es una prioridad. Hemos hecho esfuerzos específicos con migrantes en países de la región y en México, especialmente en la frontera sur. Tenemos una aplicación que es para uso de la población migrante para atenderlos en su trayecto por México.
Más allá de su estatus migratorio legal o no, la población migrante tiene derecho a servicios de salud básicos, incluyendo la interrupción legal del embarazo; y las instituciones gubernamentales tienen la obligación de brindar asistencia de salud de manera gratuita a todas las personas que lo soliciten.
La aplicación para población migrante se llama Te Acompaño y fue hecha en conjunto con las poblaciones. Es muy bonito. Planeamos ampliar nuestro trabajo en migración. Por el momento, estamos en la parte norte de Centroamérica y México. Vamos a seguir trabajando con la población nicaragüense que fue desplazada por la situación (sociopolítica), sobre todo la que se encuentra en Costa Rica.
El Salvador es el país con las restricciones más severas en materia de derechos sexuales y reproductivos desde hace décadas. Ahora el Estado salvadoreño tiene la sentencia de Manuela vs El Salvador y la resolución que sigue en espera de Beatriz vs El Salvador ¿Ha habido algún cambio en esta materia con el actual Gobierno liderado por Nayib Bukele?
El Salvador junto con Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Haití son los países que tienen el marco legal más restrictivo en materia de derechos sexuales y reproductivos, y en especial de aborto. Hay casos como los de Beatriz, una mujer que sufría una enfermedad y que el embarazo ponía en riesgo su salud, además, tenía un embarazo inviable en el que el producto no iba a sobrevivir. Aún así, la obligaron a llevar su embarazo a término. Realmente hay un nivel de crueldad.
En el caso de El Salvador, tristemente estamos viendo un recrudecimiento de la persecución a defensoras de derechos humanos y a defensoras de los derechos de las mujeres.
Tenemos mucha expectativa con la sentencia de Manuela y con la sentencia de Beatriz para que abra la posibilidad de diálogo con el Gobierno actual de El Salvador, pero lamentablemente también vemos la persecución a las compañeras. En IPAS tenemos un contacto cercano con instancias del Gobierno y se ha vuelto más complejo el trabajo.
Con el caso de Beatriz y Manuela, queremos abrir espacios de diálogo que nos permitan atender las necesidades de mujeres que enfrentan embarazos que ponen en riesgo su salud, que tienen embarazos de productos que son inviables. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha señalado que forzar a una mujer a tener un embarazo cuando es un producto inviable es un trato inhumano, cruel y degrante, equiparables a la tortura.
En el informe mencionan que en estos últimos cinco años se han enfrentado a gobiernos conservadores en la región, no solo en Latinoamérica como Javier Milei en Argentina, sino también con Donald Trump que ahora se quiere reelegir en Estados Unidos ¿Cómo se ve esta situación para Centroamérica?
Sin duda, lo vemos de manera muy compleja. A nivel general en la región, vemos un gran nivel de polarización que es sumamente preocupante, al que se suman gobiernos sumamente conservadores, pero también muy populistas, como en el caso de Milei —presidente de Argentina— y el populismo inverso en el caso de Trump.
Es preocupante en el caso de Centroamérica porque vemos gobiernos muy autoritarios, pero también progresistas, como en el caso de (Bernardo) Arévalo —presidente de Guatemala— y (Xiomara) Castro —presidenta de Honduras—, que son nuestra esperanza para decir: “Sí es posible”.
Existe este estigma de decir que Centroamérica es más conservadora que el resto de la región, o que es más católica. Yo espero un desgaste de algunos de estos gobiernos conservadores y que veamos una mayor apertura.
Si en la próxima semana Trump gana las elecciones, será un retroceso. Para bien o para mal, la Presidencia de Estados Unidos es muy importante en Centroamérica porque tiene una gran influencia, y sobre México también. Veremos un tiempo muy complejo para la región en temas de derechos sexuales y reproductivos, de derechos de las mujeres y de la diversidad sexual.
También va a ser un momento de reflexión sobre cómo nos organizamos mejor. A pesar de los retos complejos, el movimiento en América Latina es un movimiento muy sólido, que ha sabido resistir barreras y avanzar la agenda. Veo en los siguientes años, una oportunidad en Centroamérica para repensar los espacios colectivos, en cómo nos fortalecemos y en cómo fortalecer los gobiernos, de tal manera que estos puedan ser el ejemplo a seguir para el resto de la región, y no los gobiernos más conservadores.
En Honduras, la presidenta Xiomara Castro aprobó el año pasado un acuerdo que permitía el uso libre y comercialización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), pero organizaciones de mujeres han señalado que esta pastilla sigue sin ser vendida en farmacias y tampoco ha sido proporcionada por centros de salud en protocolos que lo recorrieren, como a víctimas de violencia sexual ¿Qué conocimiento tienen sobre la disponibilidad de la PAE en este país?
Yo no creería que a estas alturas, en pleno siglo XXI, hubiera un país que prohibiera la anticoncepción de emergencia. Hay varios estudios científicos sobre su eficiencia y su uso. Está confirmado que no es un abortivo porque previene precisamente el embarazo.
Fue un avance para la región la aprobación de su uso, pero sin duda, el sistema de salud de Honduras necesita adaptarse y superar los miedos que generó la prohibición. Además, era una prohibición en la que había persecución. Para conseguir la PAE las mujeres tenían que acudir a las bandas de narcotráfico.
Hay esfuerzos en la Secretaría de Salud para promover el uso. Parte del trabajo que hacemos es apoyar a las organizaciones para que den seguimiento y aseguren que esté disponible como mínimo a víctimas de violencia sexual. También trabajamos con la Secretaría de Salud para que esté su disponibilidad.
El cambio en la legislación es un paso necesario, pero no suficiente para asegurar el acceso. El acceso está compuesto por varios elementos y requiere que los servicios de salud tengan los insumos disponibles, que los profesionales de la salud estén capacitados, que ofrezcan los servicios, pero que también la población lo exija.
La presidenta Xiomara Castro también prometió la despenalización del aborto terapéutico por causales, pero hasta la fecha ni siquiera hay iniciativa de ley. Usted señala que trabajan con la Secretaría de Salud ¿Han tenido conversaciones sobre este proyecto?
Sigue siendo un compromiso y nuestras expectativas siguen ahí. Nos gustaría que Honduras al menos avanzara en las causales básicas, que es cuando el embarazo es producto de una violación, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer embarazada y cuando hay inviabilidad fetal. Si no conseguimos eso, por lo menos obtener la causal de salud para salvar la vida de las mujeres,
Desafortunadamente vemos que Xiomara Castro no tiene por ahora la fortaleza que necesita en el Congreso, pero vemos cómo va avanzando poco a poco.
Con la Secretaría de Salud no hemos tenido conservaciones específicas sobre una iniciativa de ley, pero sí hemos conversado con las organizaciones para que no quiten el dedo del renglón. Los gobiernos van y vienen, pero las organizaciones de la sociedad civil son quienes se mantienen luchando por la agenda.
Argentina impulsó muchas de las conversaciones sobre la despenalización del aborto e hizo historia con su despenalización total en 2020. Ahora se ve amenazado ¿Sus redes de acompañantes han tenido dificultades con este nuevo gobierno?
Desde IPAS LAC hemos tenido un trabajo muy profundo en Argentina por décadas. Nosotras acompañamos la campaña por la despenalización del aborto, después trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Salud a nivel federal para el establecimiento de los servicios, y trabajamos en muchas provincias.
Desde la llegada del Gobierno de Milei se puso en riesgo todo esto. No solo se cerraron ministerios, como el Ministerio de Igualdad, sino también el Programa de salud sexual y reproductiva, en el cual desde a nivel federal se coordinaban los esfuerzos. Esto está totalmente congelado. Incluso, Milei dijo que iba a desaparecer el Ministerio de Salud.
Estamos en una situación donde los temas de seguridad social se minimizan. Hay una idea marcada de que el mercado controla todo. Es un modelo que ya estuvo en el pasado e hizo mucho daño en la región.
En el tema del aborto, lo que vemos es un congelamiento casi total a nivel federal del trabajo que se hacía. A nivel federal, el Ministerio daba suministros a las provincias, hacía capacitaciones, sacaba lineamientos. Eso está totalmente congelado.
Afortunadamente, Argentina siendo un país federado, las provincias todavía coordinan sus propios servicios de salud. Nosotras seguimos trabajando muy de cerca con la provincia de Buenos Aires y otras. Vemos liderazgos locales y redes de acompañantes con mucha fortaleza apoyando los servicios públicos, para que la gente sepa que los servicios siguen disponibles.
En las provincias más conservadoras del norte del país, lo que vemos es un congelamiento y muchísimo temor. Para las provincias que no estaban completamente comprometidas fue como: “Paremos esto porque sino van a venir represalias para nosotros”. También hubo provincias que pararon el trabajo porque ya no recibían el apoyo federal.
En Argentina, a pesar que las personas tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas sin necesidad de justificación y después por causales, tienen acceso o no a servicios públicos en dependencia de en dónde viven, y a servicios privados en dependencia de los recursos que tengan. Aquí las redes de acompañamiento han hecho un gran trabajo cubriendo la responsabilidad del Gobierno.
Ya hubo una propuesta de ley para echar atrás la despenalización del aborto, afortundamente no prosperó. Estamos muy vigilantes.
¿Desde cuándo está este congelamiento?
Prácticamente desde que (Milei) tomó posesión. Vimos algunas provincias que apenas venían implementando sus servicios, que decidieron parar. En esos casos ocurrió desde antes que tomara posesión, pero ya estaba en la conversación. Estaba el temor de que el aborto iba claramente en contra de la voluntad del presidente y su Gobierno, y preferían “no meterse en problemas”.
Uno de los proyectos más interesantes de IPAS LAC son los Minisitios web de aborto legal y seguro, que funcionan para México ¿Cómo operan? ¿Podrían ser ampliados al resto de Latinoamérica?
Me encanta. Es un proyecto que me gusta mucho. Empezamos a implementar el proyecto en México a raíz de que diferentes estados fueron despenalizando el aborto y la necesidad de tener información específica. Tenemos minisitios en algunos estados como Guerrero, Colima, Baja California. De tal manera que si hay alguna persona en Internet que esté buscando información sobre dónde está el servicio más cercano a su casa o cuál es la legislación de su estado, sepa dónde ir.
Estos son sitios que desde IPAS desarrollamos, pero se lo donamos al gobierno de estos estados con la idea de que ellos tengan un espacio para informar. En nuestra experiencia, cuando se despenalizó el aborto en México hace 17 años, este tipo de sitios web se volvió la fuente central de información. Esperamos que esto incentive a que más mujeres utilicen los servicios públicos, y que también puedan sentirse seguras de estar buscando información.
Tenemos otras plataformas de innovación tecnológica que permiten acceder a información sobre el aborto. Tenemos un chatbox que se llama Sofía que da información y está para toda la región. Sofía está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, con respuestas muy específicas. Recibimos muchas preguntas de mujeres de toda la región que necesitaban apoyo, y con esas dudas creamos esta herramienta.
Tenemos un mapa interactivo de aborto, abortoenmipais.ipaslac.org y es un mapa donde puedes ver la legislación de todos los países, y cuáles son las organizaciones que brindan acompañamiento. Tenemos otros desarrollos como Aborto Seguro en Casa que es un sitio web con herramientas digitales que te van guiando con el aborto autogestionado con medicamentos.
Realizamos un video de aborto seguro con misoprostol. El misoprostol está disponible en todos los países de la región. Está el chatbox para personas migrantes, Te acompaño. Esas son todas nuestras herramientas tecnológicas que pueden ser usadas en toda la región.