Durante las últimas semanas, la conversación digital sobre Nicaragua se llenó de varias “noticias” que capturaron la atención de usuarios dentro y fuera del país. Información vinculada, sobre todo, a personas cercanas al poder o que alguna vez formaron parte de él. Lo llamativo no es solo el contenido, sino la ruta que siguen esas supuestas revelaciones.

Llegan por correos electrónicos enviados a periodistas, medios de comunicación y páginas de Facebook. Quienes los remiten dicen tener acceso a información “privilegiada”con fuentes conectadas al poder. Mezclan datos reales con afirmaciones falsas, apelan a la urgencia y buscan empujar una cobertura rápida. Después, si alguna versión se publica, el ciclo se acelera. Otros medios la retoman, algunas páginas la republican, varios perfiles la comentan y la historia empieza a rodar como bola de nieve. En cuestión de horas aparecen versiones con actores de reparto dignos de una película, desde la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, hasta una docena de agentes cruzando fronteras en operativos secretos.

Y sí, hablo del caso de Alba Luz Ramos, la otrora magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, desalojada de su oficina en octubre de 2023.

Antes de continuar, quiero dejar algo claro. No pretendo sugerir líneas editoriales, ni indicar lo que deberían publicar colegas, medios o blogueros. Tampoco nace desde un atril para dictar cátedra. Surge de una suspicacia concreta. En pocos días recibí seis correos electrónicos insistentes con la “denuncia” sobre el supuesto caso contra Ramos. Ninguno logró pasar nuestros filtros de verificación.

Eso me llevó a preguntarme: ¿hasta qué punto estamos permitiendo que el régimen Ortega-Murillo capture la narrativa digital y llene de ruido informativo a medios y redes sociales? 

El periodismo nicaragüense ya demostró que es un superviviente de la violencia sandinista. Ha resistido confiscaciones, exilio, precariedad y destierro. Aun así, sigue contando la realidad de Nicaragua. La dictadura sabe que no ha podido callar a todas las voces que la fiscalizan y denuncian. Por eso, la censura clásica, sostenida en el miedo, la persecución y el silencio, empieza a mezclarse con otra forma más difícil de detectar. La censura por ruido.

Esta estrategia no busca únicamente ocultar información. También intenta saturar la conversación pública con rumores, medias verdades, versiones contradictorias y ataques coordinados hasta agotar la capacidad crítica de la sociedad. Los regímenes autoritarios contemporáneos han aprendido que no siempre necesitan convencer a todo el mundo de una mentira. A veces les basta con hacer que la verdad parezca una versión más entre muchas.

La desinformación tradicional intentaba negar los hechos o esconderlos. El ruido informativo funciona de otra manera. Sobrecarga, confunde, cansa y vuelve sospechoso todo. 

En junio de 2021, en DIVERGENTES revelamos cómo operaban “las turbas virtuales” del régimen desde instituciones públicas dirigidas por Julio Avilés Sánchez, hijo del jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y por Erick Ríos, entonces encargado de los Jóvenes Comunicadores de la Juventud Sandinista por orden de Rosario Murillo. Cinco meses después, Meta desmanteló una red de troles sandinistas integrada por 937 cuentas de Facebook, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram. Google también cerró 82 canales de YouTube y tres blogs vinculados a la propaganda del régimen.

En diciembre de 2023, junto a Connectas, accedimos a una base de datos con mensajes de 13 canales de Telegram que formaban parte de ese aparato propagandístico. La comunicación estaba dirigida a las bases sandinistas para reforzar la narrativa oficial sobre temas sensibles, entre ellos la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, los ataques contra la Iglesia católica, la rebelión de 2018 y las capturas de opositores nicaragüenses.

Una investigación de Confidencial, publicada en 2019, también reveló correos electrónicos de Murillo en los que ordenaba crear fábricas de troles a partir del 20 de abril de 2018, cuando la crisis política estaba en su punto más álgido y las redes sociales se llenaban de denuncias contra el régimen.

Todo esto demuestra que la maquinaria de propaganda no es nueva. Lo que cambia son sus métodos, sus velocidades y sus grietas de entrada.

Durante años, el periodismo independiente ha logrado mantenerse un paso adelante, respaldado por la confianza de sus lectores. Pero el contexto nicaragüense tiene una particularidad. Hacemos periodismo atravesado por la persecución, la cárcel y el miedo que cargan fuentes, personas expertas y ciudadanos comunes. Para protegerlas, los medios hemos recurrido muchas veces al anonimato, la reserva de identidad y la protección de datos sensibles. Esa práctica es necesaria pero también es una zona que el régimen puede intentar explotar.

Ahí aparece una amenaza conocida como “source hacking” o hackeo de fuentes. Joan Donovan y Brian Friedberg, investigadores de Data & Society, estudiaron estas técnicas utilizadas para infiltrar información en periodistas y medios de comunicación. Una de ellas es la “falsificación de filtraciones”, que consiste en fabricar o manipular supuestos documentos, denuncias o testimonios para provocar una cobertura más amplia, casi siempre con el objetivo de dañar a adversarios políticos o contaminar la conversación pública.

Cuando esas operaciones logran captar la atención de medios convencionales, reducen el margen para verificar con calma. La presión por la primicia puede empujar a publicar material sin la debida diligencia. Y cuando eso ocurre, una mentira fabricada gana apariencia de verdad.

En el caso nicaragüense, estas filtraciones falsas pueden llegar como correos electrónicos que mezclan datos verificables con afirmaciones imposibles de comprobar. Pueden presentarse como mensajes de una fuente con conocimiento interno o de alguien cercano a las personas señaladas. El anzuelo es creíble porque contiene partes reales. La trampa está en lo que se cuela alrededor.

Al fabricar una controversia, estas operaciones obligan a los medios a reaccionar. Si la historia se instala, el siguiente paso es empujar a que se cubran “ambas versiones”, aunque una esté sustentada en hechos y la otra en una mentira fabricada. Esa falsa equivalencia desorienta a la audiencia y permite que las narrativas del poder entren al debate público con apariencia de opinión legítima.

Cuando caemos en esa trampa, la propaganda gana por varias vías. Desacredita el trabajo de los medios, instala la idea de que “todos mienten” y abre espacio para que troles, perfiles falsos y voceros oficiosos amplifiquen la confusión. Afortunadamente, y no sé hasta cuándo, la ciudadanía todavía confía en los medios independientes que hemos sobrevivido a todas las olas de represión del régimen. Pero esa confianza no nos vuelve inmunes.

Por eso, el periodismo nicaragüense necesita reforzar sus protocolos de seguridad digital, verificación y escepticismo frente a las filtraciones anónimas. No se trata de ignorarlas ni de renunciar a investigarlas. Se trata de no entregar la conversación pública al ritmo que impone el poder.

La desinformación organizada desde las esferas del régimen no es un accidente ni un exceso de redes sociales. Es parte de una estrategia para debilitar la confianza, desgastar a las audiencias y hacer que la verdad parezca inalcanzable. Frente a eso, el periodismo no puede competir con el ruido usando más ruido. Su tarea es sostener método, contexto y paciencia.

En tiempos de infoxicación, verificar debe ser una norma. Y quizá esa debería ser una oración compartida entre periodistas y lectores. Líbranos del ruido informativo, danos contexto antes que clickbait y no nos dejes caer en la trampa de publicar primero para verificar después. Amén.