Michelle Bachelet solicita al régimen Ortega-Murillo “liberación inmediata” de los presos políticos

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también pidió al gobierno sandinista realizar una verificación independiente de las condiciones de detención y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad

Ilustración de DIVERGENTES.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la inmediata liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por la dictadura sandinista. La expresidenta chilena también instó “encarecidamente” a las autoridades nacionales a realizar una verificación independiente de las condiciones de detención y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad.

“En estos últimos tres meses, la situación de derechos humanos en Nicaragua se ha seguido deteriorando. Mi oficina continúa documentando detenciones arbitrarias y condiciones deplorables de detención para estas personas, cientos de organizaciones de la sociedad civil despojadas de su personalidad jurídica y, huyendo de la crisis, los nicaragüenses continúan abandonando el país alcanzando un n­úmero sin precedentes”, explicó la Alta Comisionada en su informe de actualización sobre los derechos humanos en Nicaragua.

La información recolectada por la oficina de Bachelet señala que al menos 173 personas se encuentran privadas de libertad en relación con la crisis política y de derechos humanos que estalló en 2018. Sobre los opositores que fueron detenidos en el contexto de las elecciones de 2021, la Alta Comisionada indicó que estos afrontan condiciones de detención contrarias a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, y muchos han sido procesados y condenados sin un debido proceso.

“Este año, solo se les permitió cuatro visitas de sus familiares adultos, y a sus hijos e hijas menores de edad se les continúa negando el derecho de mantener contacto con sus padres y madres privados de libertad, a través de visitas y otros tipos de contacto. Actualmente, once personas se encuentran en detención domiciliaria. Sin embargo, de acuerdo a la normativa nacional vigente, este beneficio debería favorecer a todas las personas detenidas que sean adultos mayores o tengan enfermedades graves”, expresó la Alta Comisionada.

El régimen condenó a los opositores arrestados en 2021 (11 mujeres y 39 hombres) a penas de hasta trece años de prisión. Al menos 44 fueron condenados por propagar noticias falsas, menoscabar la integridad nacional y otros delitos. Las otras seis personas fueron culpadas por lavado de dinero y delitos conexos. Sin embargo, estas condenas se habrían basado en alegaciones no comprobadas durante los procesos judiciales, según abogados defensores.

Gonzalo Carrión, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que los juicios políticos en realidad fueron “paredones judiciales” porque desde el inicio del proceso, cuando se capturó a los opositores, tanto los jueces, fiscales y testigos, tenían resuelto el veredicto final: una sentencia de culpabilidad y penas hasta de trece años por delitos que los familiares de los reos de conciencia aseguran que no cometieron.

Preocupa cancelación de personerías 

La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. EFE.

En su discurso Bachelet se refirió con preocupación a la dramática reducción del espacio cívico en el país. Hasta la fecha la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, ha cancelado la personalidad jurídica de 388 organizaciones desde inicios de 2022. La suspensión de operaciones ha afectado a entidades nacionales e internacionales que trabajaban en educación y desarrollo, así como asociaciones médicas y profesionales.

“También se ha cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica de al menos 12 universidades, que ahora están bajo control estatal. Recientemente fue aprobada una reforma de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, la cual somete la aprobación de los programas académicos de todas las universidades a la potestad de un órgano central. Esto representa una nueva amenaza para la libertad académica y la autonomía universitaria, elementos fundamentales del derecho a la educación y la libertad para la investigación científica y para la actividad creadora”, refirió la Alta Comisionada.

La reforma a la Ley de Autonomía Universitaria de las Instituciones de Educación Superior, provocó que Universidad Centroamericana (UCA) desapareciera de la lista de las universidades privadas que conforman el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Además, despojó a los centros de educación superior de la autonomía que gozaban. 

Los perfiles, planes de estudio, programas académicos y toda la administración universitaria, ahora tendrán que pasar por el CNU. Una medida que contraría el espíritu de la Ley de Autonomía Universitaria, que otorga completa libertad a los centros superiores. 

La reforma también reafirmó el control del Frente Sandinista en los centros de estudios universitarios y aniquiló la capacidad de autogobernarse que contaban las instituciones. En su artículo 12, la nueva legislación señala que “las Instituciones de Educación Superior someterán a la aprobación del CNU los perfiles y planes de estudio de las carreras o programas académicos de pregrado, grado y posgrado”. La anterior norma no exigía esto. En el artículo 8 de la Ley se establecía que las universidades gozarían de completa autonomía, y esto incluye “elaborar y aprobar sus propios planes de estudio e investigación”. 

Persecución a Iglesia

EFE. Archivo.

Bachelet indicó que su oficina documentó varios casos de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades nicaragüenses que colocan al derecho a la libertad de circulación bajo grave amenaza.

“La Policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente. Dos de ellos fueron rodeados en sus iglesias por oficiales de la Policía y se les prohibió la entrada a los feligreses”, refirió la Alta Comisionada.

En mayo de este año el régimen impuso más persecución policial a representantes de la Iglesia en una nueva escalada represiva contra los sacerdotes. El último de ellos fue monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y Estelí, y uno de los más frontales en tiempos en los que la dictadura no permite ningún tipo de disidencia. Álvarez denunció que la Policía lo siguió durante toda la jornada, e invadió su círculo familiar.

La dictadura a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor), también ordenó la eliminación del canal 51, Canal Católico, de la parrilla televisiva. El comunicado lo dio a conocer la empresa Claro, una de las principales compañías que ofrece servicios de telecomunicaciones. El medio era administrado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y gran parte de su programación consistía en contenido religioso.

Sin embargo, tras la censura impuesta por la dictadura acogió a segmentos como Doble Play y también prestó su señal al Comité Científico Interdisciplinario para que los expertos alertaran sobre el avance de la pandemia de Covid-19.

“Esto genera serias preocupaciones que invitan a pensar que el Gobierno busca profundizar aún más la represión de voces críticas. Exhorto enfáticamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y no alejarse aún más de ellas. También insto a las autoridades a cesar inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional”, aseguró Bachelet.

La Alta Comisionada finalizó su discurso solicitando al régimen Ortega Murillo acceso al país al personal de su oficina. Esto constituiría un gesto positivo e impulsaría “esfuerzos para promover los derechos humanos para el pueblo de Nicaragua”.