Uno de los últimos lotes mineros que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acaba de traspasar se llama Muy Muy y se ubica sobre territorio indígena. La operación se firmó el 14 de julio de 2026, cuando Global Group, una empresa representada por el canadiense Thomas Ernest McGrail, cedió dos concesiones que suman 60 610 hectáreas a Plantel Central Nicaragua, S.A. Una de estas cae sobre tierras comunales amparadas en teoría por la Ley 445 que, en teoría, protege estos territorios de la industria extractiva.
Muy Muy no es un caso único. Dos días después, el 16 de julio, el régimen copresidencial otorgó a la minera de capital chino Three Gold Coins Company tres concesiones que suman 114 500 hectáreas, cuatro veces más que el municipio de Managua, adjudicadas apenas 41 días después que la empresa las solicitara. Los dos movimientos, con dos días de diferencia, forman parte de un mismo reparto acelerado del subsuelo nicaragüense a capital extranjero, en especial al de compañías chinas de reciente data. Un entramado de empresas que se reconfigura a medida que la comunidad internacional, en especial Estados Unidos, impone sanciones a la industria aurífera nacional.
El reparto no es nuevo y organizaciones ambientalistas lo vienen documentando. Según la Fundación del Río, hasta junio de 2026 el régimen entregó 84 concesiones a 22 empresas de capital chino, que abarcan más de 1.2 millones de hectáreas, el equivalente al 10% del territorio nacional.
Un Atlas presentado por la Fundación del Río contabiliza 62 lotes mineros sobre 18 territorios indígenas y afrodescendientes, una ocupación que cubre el 25.5% de esas tierras comunales y que se otorgó sin la consulta libre, previa e informada que obligan los estándares internacionales. Muy Muy es uno de esos 18 territorios, documentado con 53 587 hectáreas concesionadas. En muchos de estos casos, denuncian indígenas como Norman Davis, las propias comunidades desconocen que sus tierras ya fueron entregadas.
“Toda esta repartición de nuestras tierras comunales para explotar oro la precede la invasión de nuestras propiedades por parte de los colonos. El asesinato y captura de nuestros guardabosques indígenas. Una vez que desarticularon toda nuestra resistencia comunal, es que le concesionan a estas mineras”, denuncia Davis, indígena mayagna exiliado en Costa Rica.
El testimonio describe un mecanismo que se repite en los territorios del Caribe Norte, donde los pueblos mayangna y miskito llevan años denunciando la avanzada de colonos armados. Primero llega la invasión de las propiedades, luego la violencia contra quienes las defienden, y solo después, sobre un territorio ya sometido, aparecen las concesiones mineras. Es el mismo patrón que Fundación del Río documenta con cifras: en Tuahka Takaln Balna las concesiones cubren el 88.64% del territorio; en Tasba Pri, el 83.77%; y en Mayangna Sauni Arungka “Matumbak”, el 63.79%.
Un conflicto con suma violencia
Dirigentes indígenas en el exilio calculan en más de 70 los indígenas asesinados en conflictos territoriales por la disputa de sus tierras comunales desde el año 2015, cuando la invasión de los colonos se agravó. No son muertes que ocurren en las cárceles, sino en las comunidades, a manos de los colonos armados que avanzan sobre los territorios antes de que lleguen las mineras.
A esa violencia en el terreno se suma la de la prisión política. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en su corte de mayo de 2026 los líderes e integrantes de comunidades indígenas son el grupo más numeroso entre los 46 presos políticos del país: el 26% del total, unos doce casos, la mayoría autoridades comunales, síndicos y guardabosques de la Costa Caribe Norte, varios juzgados sin intérprete pese a no hablar español con fluidez. El propio Mecanismo vincula esa sobrerrepresentación a “dinámicas de control territorial y debilitamiento de estructuras comunitarias”.
Ríos afectados
La minería de oro afecta a las comunidades indígenas por dos vías; el suelo y el agua. La extracción, sea industrial a cielo abierto o artesanal, implica remoción de cobertura boscosa, apertura de caminos y excavaciones que alteran el terreno, según Amaru Ruiz, director de Fundación del Río. En el caso del oro, la separación del metal suele recurrir al mercurio, un metal pesado que contamina ríos y quebradas y se acumula en la cadena alimentaria, sobre todo a través de los peces. Por eso el componente hídrico resulta central.
La Fundación del Río identifica 163 ríos, 80 quebradas y 1894 kilómetros de red hídrica dentro de los territorios concesionados.
Para los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, esa afectación no es solo ambiental. Su economía y su subsistencia dependen directamente del bosque y de los ríos. La pesca, la caza, la agricultura de subsistencia y la recolección se sostienen sobre ese entorno. El territorio, además, tiene una dimensión colectiva y cultural reconocida en la Ley 445, que ampara la propiedad comunal, donde la tierra no se posee de forma individual sino como base material de la vida de la comunidad. La deforestación, la contaminación del agua y el desplazamiento de la fauna erosionan la fuente de alimento y la forma de vida que organiza a estos pueblos.
A la postre, los indígenas denuncian que las comunidades no obtienen beneficios económicos de la explotación de sus territorios, pese a que la Ley 445 les reconoce, en su artículo 34, una cuarta parte de los tributos por el aprovechamiento de los recursos naturales en sus tierras. “La ley dice que a nosotros nos toca una parte de lo que sacan de nuestras tierras, pero eso nunca llega. Lo que hacen las empresas es dejarte un camino mal hecho, una escuelita, o darle trabajo en la misma mina a algunos de la comunidad. Eso es todo lo que recibimos”, denuncia otro indígena exiliado.
La Fundación del Río insiste en que toda concesión sobre territorios indígenas debe cumplir con el derecho a la consulta libre, previa e informada, un estándar que, según los liderazgos comunitarios, el régimen ha ignorado de forma sistemática. Frente al avance, piden a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos mantener la mirada sobre lo que ocurre en los territorios, antes de que el reparto se vuelva irreversible.