A tres kilómetros del casco urbano de Rosita, en el sector conocido como Tipispan, la empresa Santa Rita Mining S.A. colocó un cartel al lado de una trocha con un mensaje dirigido a los güiriseros de la zona: compran mineral, “cobre y oro”, y para contactarlos están los números “8200-0001 y 5797-0000”.
Desde hace unos meses, específicamente en enero de 2026, el nombre de esta minera resonó en Rosita, uno de los tres municipios que conforman el histórico Triángulo Minero de Nicaragua. Según las denuncias recabadas por DIVERGENTES, no sólo empezaron a comprar minerales, sino también a desalojar a los vecinos del Barrio 19 de Julio sin órdenes judiciales.
Antes, en marzo de 2019, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le entregó a esta empresa una concesión de 3356.90 hectáreas. Al lote se le denomina “Rosita D” y su tamaño equivale a más de la mitad de la isla de Manhattan. La concesión se extiende sobre buena parte del casco urbano de Rosita y el Territorio Mayangna Tuahka. A pesar de que Santa Rita Mining S.A. es una de las 15 empresas mineras chinas que menos lotes tiene concesionados en Nicaragua, el negocio no ha marchado tan mal.
Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, Santa Rita Mining S.A. exportó a China 9.47 millones de dólares en metales y arsénico. Esta empresa es el mejor ejemplo del avance chino en el sector minero de Nicaragua, en el que han encontrado no solo una enorme veta de minerales diversos, sino también una serie de facilidades legales y administrativas que convirtieron a estas empresas asiáticas en el principal actor minero del país, desplazando a transnacionales canadienses, colombianas y británicas que dominaban la industria aurífera.
La voracidad china no se limita al oro nicaragüense. Más allá de sus concesiones, estas empresas compran ilegalmente el mineral a los güiriseros de la zona, y sus intereses se extienden a una amplia gama de minerales estratégicos: cobre, cobalto, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel. Eso, según la Fundación del Río, resulta en una mayor asignación de concesiones.
Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, lleva años siguiendo el rastro de la industria minera en Nicaragua, uno de los principales rubros de exportación del país y terreno donde los intereses mueven fortunas y leyes por igual. En un informe presentado en marzo de 2026, la Fundación del Río revela que empresas chinas ya controlan 1 013 225.44 hectáreas en concesiones mineras en Nicaragua, el equivalente al 8.5% del territorio nacional.
El crecimiento de las concesiones a empresas chinas ha sido exponencial. Son 15 mineras las que operan en el país, con 71 lotes otorgados. Entre estas sobresale Thomas Metal Sociedad Anónima, con 228 272.98 hectáreas concesionadas, la mayor extensión otorgada a un solo actor chino en la historia minera de Nicaragua.
Un traje dorado a la medida
Para allanar el camino a estas 15 empresas chinas, el régimen Ortega-Murillo modificó al menos cinco normas legales entre 2022 y 2025. La primera fue la Ley N.º 1128 de 2022, que le permitió al régimen sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la Empresa Nicaragüense de Minas y seguir entregando concesiones en alianza con capital chino.
En 2024, un decreto legislativo quitó a los municipios la facultad de emitir dictámenes ambientales sobre las concesiones mineras, centralizando esa potestad en Managua, sin que las alcaldías locales se enteraran.
Ese 2025, otro decreto eliminó la obligación de presentar estudios de impacto ambiental y suprimió las consultas públicas para obtener permisos mineros. Finalmente, la Ley de Territorio Fronterizo de agosto de 2025 intentó enmendar retroactivamente la ilegalidad de concesiones chinas otorgadas en zonas fronterizas, porque los concesionarios nunca cumplieron los requisitos que la norma derogada exigía.
En mayo de 2025, otro decreto eliminó la obligación de presentar estudios de impacto ambiental y suprimió las consultas públicas para obtener permisos mineros. Dos meses después, la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible abrió por primera vez las áreas protegidas a la minería, lo que permitió entregar dos concesiones a Thomas Metal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan.
Uno de esos lotes, denominado La Guinea, se ubica a menos de 300 metros del límite fronterizo del Río San Juan, y dentro de él opera el campamento minero ilegal de Las Cruces, donde entre 3000 y 4000 personas procesan el oro extraído ilegalmente de Crucitas y Conchudita, en territorio costarricense.
DIVERGENTES documentó en un reportaje anterior cómo los güiriseros cruzan el río San Juan por 30 córdobas, menos de un dólar al cambio oficial en Nicaragua, para excavar en suelo tico, mientras la Fuerza Pública costarricense intenta contenerlos, en una batalla desigual que generó roces entre Managua y San José. El presidente Rodrigo Chaves presentó el problema a Donald Trump en una reunión en su mansión Mar-a-Lago, en La Florida, en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre el régimen copresidencial.
A pesar de que están en la mira de Washington, los Ortega-Murillo siguen desafiantes en el tema de la minería. En septiembre de 2025, la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua confiscó el plantel de procesamiento minero de BHMB Mining, una empresa de capital estadounidense y británico, con una inversión aproximada de 80 millones de dólares, y lo transfirió a Zhong Fu Development, una de las empresas chinas con mayor cantidad de hectáreas concesionadas en el país. Su gerente, Baruch Rapoport, denunció que dos empresas gestionaron la confiscación: Zhong Fu y Santa Rita Mining.
Richard Grenell, hombre cercano al presidente Donald Trump, calificó la expropiación de “indignante” y advirtió que el caso no pasaría inadvertido para Washington. En el Congreso estadounidense se alista una ley para penalizar el oro nicaragüense en los mercados internacionales.
Un problema binacional
El 28 de febrero de 2026, tras una solicitud del ministro de Seguridad costarricense Mario Zamora, los cancilleres de Costa Rica y Nicaragua se reunieron en el puesto fronterizo de Peñas Blancas para acordar una estrategia conjunta contra la extracción ilegal de oro en la frontera común. Fue la primera reunión de ese nivel desde 2019.
Los acuerdos incluyeron coordinación de operativos policiales en ambos lados de la frontera, intercambio de información y reuniones bimestrales entre altos mandos de seguridad. Pero el director de la Fundación del Río, advierte que esos acuerdos son insuficientes mientras no se cierre el campamento de Las Cruces. “Esa actividad ilegal en el lado costarricense no se va a detener si no se cierra la actividad ilegal en la zona de Las Cruces”, insistió Ruiz.
Sin embargo, cerrar este esquema es más difícil de lo que parece, porque la industria ilegal tiene raíces en ambos lados de la frontera. El oro extraído de Crucitas y Conchudita no solo cruza el río San Juan hacia Las Cruces: una parte del material también viaja hacia el interior de Costa Rica, específicamente hasta Abangares, en Guanacaste, un cantón con tradición minera artesanal que se ha convertido en lo que investigaciones periodísticas costarricenses describen como una lavadora del oro ilegal de Crucitas, donde redes de contrabandistas transportan el sedimento en bruto para procesarlo, comprarlo, venderlo y exportarlo.
La opacidad de las empresas china
La opacidad es otra constante de estas empresas chinas, según documenta la Fundación del Río en su informe de marzo de 2026. La mayoría son de reciente constitución, no tienen sitios web, no están registradas en bolsas de valores y no han presentado credenciales de experiencia en el sector minero nacional, ni internacional.
La organización ambientalista consultó a la Embajada de la República Popular de China en Costa Rica y en Nicaragua para conocer los vínculos entre estas empresas y el Gobierno chino, pero no obtuvo respuesta. Hasta la fecha de publicación del informe, ninguna de estas empresas ni sus representantes, habían sido mencionadas en documentos o declaraciones oficiales del Gobierno chino.
Registros de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua confirman este patrón: de las 16 empresas chinas identificadas por la Fundación del Río, solo cuatro están inscritas, 11 no se encuentran registradas y a una ya le cancelaron el registro. Como resume Amaru Ruiz: “Hace falta entender quiénes están detrás de esas empresas mineras chinas, quiénes son los accionistas, de dónde están viniendo los capitales, porque esto ha sido cercenado a la opinión pública y al pueblo nicaragüense”.
Cuando el escándalo del “oro robado” de Crucitas hizo que el tema estallara en la prensa tica, la embajadora de China en Costa Rica, Wang Xiaoyao, salió a negar cualquier responsabilidad. Calificó las acusaciones de “propaganda mediática sin ninguna comunicación o verificación” y aseguró que las empresas mineras que operan en Nicaragua son “principalmente de Canadá u otros países”. La diplomática omitió un dato que la Fundación del Río documentó semanas antes: 15 empresas chinas controlan el 8.5% del territorio nicaragüense en concesiones mineras, todas aprobadas desde que Nicaragua y China restablecieron relaciones diplomáticas en diciembre de 2021.
Esa opacidad tiene además consecuencias económicas concretas y medibles. La Fundación del Río, apoyándose en la base de datos de comercio internacional de Naciones Unidas, identificó una brecha que difícilmente es accidental… entre 2021 y 2024, Nicaragua reportó exportaciones de cobre a China por 17.1 millones de dólares, pero China registró haber importado desde Nicaragua 49.2 millones de dólares bajo esa misma categoría comercial.
La diferencia de 32.1 millones apunta a una subfacturación intencional. Según Ruiz, una forma de ocultar el verdadero valor de los concentrados minerales que salen del país, reducir el pago de impuestos de exportación y encubrir qué metales estratégicos viajan realmente hacia China.
Blue Owl, la firma legal detrás de las empresas chinas
Detrás de toda esa arquitectura legal hay una firma de abogados que ha sido pieza clave en la expansión minera china en Nicaragua, apunta la Fundación del Río. Se llama “Blue Owl Attorneys and Counselors” y su eslogan afirma que están “construyendo puentes para el crecimiento global”.
La firma está ubicada en el residencial Altamira de Managua, frente a la rotonda Los Cocos, y aparece de manera recurrente como representante legal en las transacciones publicadas en La Gaceta, diario oficial del Estado, gestionando al menos 11 concesiones mineras de empresas como Zhong Fu Development, Waslala Mine y otras vinculadas al capital chino.
En su página web, su fundador, el abogado Léster Matus Tamariz, describe la misión de la firma de la siguiente forma: “Crear un puente entre los negocios internacionales y las vibrantes oportunidades de Nicaragua y Centroamérica”, con especial énfasis en “clientes de mercados lejanos como Asia”.
Matus Tamariz es exmiembro del Ejército Popular Sandinista, tesorero de la Asociación de Excombatientes Nicaragüenses y ex funcionario legal del Inatec, quien estuvo además involucrado en conflictos de tierra sobre la carretera a Bluefields, antes de convertirse en el principal enlace jurídico entre el capital chino y el régimen sandinista. Lo acompañan las abogadas Grethel Jahosca Castillo y Stephanie de los Ángeles Pérez Borge, quienes también aparecen habitualmente como apoderadas en esas transacciones chinas.
La página web de Blue Owl tiene además un detalle que dice más que cualquier declaración de principios. En la sección de testimonios de clientes satisfechos, donde otras firmas exhiben sus casos de éxito, aparece el texto Lorem ipsum, ese relleno ficticio que los diseñadores web usan de manera provisional mientras consiguen contenido real.
Una firma que proclama operar con “integridad y transparencia” no encontró clientes dispuestos a dar la cara. La CEO figura como María Calero, aunque la Fundación del Río advierte que no existen mayores rastros de ella en registros públicos. Y por si fuera poco, la página lista tres personas simultáneamente como “CEO y Founder”: María Calero, Marco Salazar y Omar Castillo, sin mayor explicación.
El impacto en las comunidades indígenas
Quizá la factura más cara que este auge minero causa –y ha causado históricamente– es en los pueblos indígenas. La Fundación del Río documentó que al menos 29 de los 71 lotes otorgados a empresas chinas se encuentran sobre Territorios Indígenas y Afrodescendientes del Caribe Norte de Nicaragua.
En todos los casos, el régimen copresidencial violó los estándares internacionales de Consulta Libre, Previa e Informada que exigen los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 445, la norma que en teoría protege los derechos territoriales de estos pueblos. Algunas comunidades ni siquiera saben que su territorio fue concesionado. No les preguntaron. No les avisaron. Simplemente, un día apareció una empresa china con maquinaria y el aval del régimen, como sucedió en Rosita.
El despojo no es solo territorial. Es también una cadena de violaciones a tratados internacionales que Nicaragua suscribió y que ahora ignora. Al permitir actividad minera dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, el régimen viola el Convenio de Diversidad Biológica. Al otorgar concesiones dentro del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, viola la Convención Ramsar, que protege ese humedal como sitio de importancia internacional. Y al tolerar el uso masivo de mercurio en las concesiones chinas, donde la minería artesanal opera con ese metal altamente tóxico, viola el Convenio de Minamata, cuyo objetivo central es eliminar precisamente ese componente de los procesos extractivos.
La Fundación del Río también señala otra ironía: el régimen Ortega-Murillo está violando también el Capítulo 15 del Tratado de Libre Comercio que firmó con China en 2024. Ese capítulo, dedicado a medio ambiente y comercio, establece de manera explícita que ninguna de las partes podrá debilitar o derogar sus leyes ambientales para promover el comercio o la inversión. Al derogar el Reglamento de Áreas Protegidas, eliminar los estudios de impacto ambiental y suprimir las consultas públicas para favorecer a las mineras chinas, Ortega y Murillo violaron el tratado con el mismo socio al que le entregaron el país.
Todo ese entramado, esas 15 empresas sin rostro fiable, esas cinco leyes modificadas a la medida, esa firma de abogados con testimonios de Lorem ipsum, ese oro que sale subfacturado hacia China, tiene un punto de partida tan simple como el cartel clavado al lado de una trocha en Rosita. “Compra de mineral, cobre y oro”, dice el rótulo de Santa Rita Mining S.A. con dos números de teléfono. Es la cara visible de un saqueo que opera a escala nacional, blindado por decretos y silenciado por quienes deberían impedirlo. En Nicaragua, la gran veta de oro que los chinos encontraron no está solo bajo la tierra. Está a simple vista.