Han transcurrido 71 días desde que aquel 10 de enero de este año se vio por última vez a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. El único rastro que se tiene de él es aquella foto compartida por la propaganda oficial, en la que el religioso se ve sereno y algo pálido, sentado en una sala de los Juzgados de Managua. Un mes después, el 9 de febrero, el dictador Daniel Ortega refirió que el religioso fue enviado a la cárcel La Modelo. Sin embargo, nadie sabe de él, ni su familia ha podido verlo.
Algunos obispos y religiosos nicaragüenses, como monseñor Silvio Báez, exiliado en Estados Unidos, han mostrado constantemente su preocupación por desconocer el estado en el que se encuentra Álvarez, uno de los religiosos más críticos y frontales contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mientras que abogados han señalado que su caso se trata de una “desaparición forzada”.
“Les ruego que no olvidemos a este obispo encarcelado, es un hombre justo, un pastor inocente con el que se han ensañado porque no han soportado su palabra”, abogó monseñor Báez durante la misa del domingo 19 de marzo, en Estados Unidos, en la que también pidió oración para que Dios le dé fortaleza al prelado matagalpino.
El abogado Yader Morazán explicó que, aunque Ortega haya admitido que el religioso está bajo la custodia del Sistema Penitenciario Nacional, ni sus familiares más cercanos han podido constatar esa información, lo que constituye una “desaparición forzada”, según el Código Penal.
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“El artículo 488 del Código Penal, en el capítulo de los delitos de lesa humanidad, establece que ‘la autoridad, funcionario, empleado público o agente de autoridad que detenga y no dé razones de su paradero, será sancionado con pena de cuatro a ochos años de prisión e inhabilitación absoluta del cargo o empleo público de seis a diez años’”, recordó el abogado.
Morazán también citó el artículo 7 de los Estatutos de Roma, que establece en su inciso “i”, que se entenderá por desaparición forzada de personas, “la detención o secuestro de personas por un Estado u organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o paradero de esas personas, con la intención de dejarlo fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado”.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organización opositora nacida en el 2018, demandó al régimen una “prueba de vida” del obispo, quien fue “secuestrado injustamente por alzar su voz ante tanta maldad y a la fecha no se sabe de su paradero”, indicó a través de una declaración pública.
Cuando el pasado nueve de febrero el régimen sandinista decidió desterrar a 222 presos políticos que estaban en las diferentes cárceles, puso en la cabeza de la lista al obispo Álvarez, sin embargo, el jerarca católico se negó a abordar el avión que lo enviaba al destierro en Estados Unidos. “Que sean libres, yo pago la condena de ellos”, fue la respuesta del religioso. Ortega dijo entonces que Álvarez tiene comportamientos de “soberbia” y se considera el jefe de la Iglesia. “Está desquiciado”, espetó.
Aunque Ortega insistió públicamente que Álvarez fue llevado al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino para ser enviado a Estados Unidos, algunos presos políticos desterrados han manifestado en varias entrevistas que en ningún momento lo vieron.
“El reo incómodo”
En un artículo publicado en el diario español El País, el escritor Sergio Ramírez calificó al obispo matagalpino como el “reo incómodo” que en las audiencias judiciales se mostró “digno y desafiante, ajeno a la cháchara de los fiscales y jueces”. La justicia lo condenó a más de 26 años de cárcel por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
“Lejos de ser un hombre común y corriente, aún en su uniforme de presidiario, monseñor Álvarez es un símbolo. El símbolo más poderoso del país”, destacó Ramírez en el artículo titulado “El obispo prisionero”.
Ramírez, recordó que desde el 2015 el prelado ha mantenido firme su denuncia contra el régimen, cuando entonces Ortega otorgó a la empresa canadiense B2Gold una concesión de explotación minera en Rancho Grande, que pertenecía a la Diócesis de Matagalpa, que conllevó a protestas masivas del pueblo, lideradas por el religioso. “Ortega tuvo que llamar por teléfono al obispo para anunciarle que la concesión había sido anulada, pero le fue anotado en su cuenta”.
En el 2018, Álvarez participó en el fallido Diálogo Nacional entre el Gobierno y la oposición, pidiendo el cese de la represión en las protestas antigubernamentales que dejaron más de 300 ciudadanos asesinados y más de 100 mil personas obligadas al exilio. “Esto también le fue anotado en su cuenta. Una celda esperaba por él desde entonces”, indicó Ramírez.
“Ahora vive sus días en una celda de aislamiento, y nadie puede verlo, ni siquiera sus familiares. Nada se sabe de él. Y aquella oración suya que cité al principio, seguirá en sus labios: ‘el miedo y la noche me rondan como fieras, y sólo me quedas Tú, como única defensa y baluarte’… Y un país entero que lo acompaña”, finalizó el escritor en su texto.
Cada vez más solo
Fuentes religiosas no descartan que, tras la suspensión de relaciones diplomáticas entre el régimen y el Vaticano, el obispo matagalpino quede en mayor indefensión, en momentos en que la Iglesia de Nicaragua guarda silencio mientras la dictadura acrecienta los ataques contra la entidad”.
En una reciente comunicación con DIVERGENTES, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), monseñor Carlos Enrique Herrera, reconoció que dicha entidad está buscando una apertura de diálogo con la dictadura, como mecanismo para solucionar la crisis y la liberación de monseñor Álvarez.
“Nosotros queremos abrir un diálogo, a ver si se puede, verdad, pacientes”, dijo Herrera, pese a que el oficialismo inició una campaña de ataques en contra de la Iglesia y sus máximas autoridades. “Esperemos que se calmen un poco las cosas, las tensiones, para ver qué se puede hacer”, insistió.