Nicaragua aumentó 7.6 % la inversión extranjera directa durante 2025, pero sigue muy por detrás de Costa Rica y Guatemala en la captación de capitales. El contraste ocurre pese a que el país mantiene indicadores macroeconómicos que organismos internacionales consideran estables.
Esa estabilidad es precisamente uno de los principales argumentos con los que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo defienden el desempeño de la economía nicaragüense. El Banco Central reporta cinco años consecutivos de crecimiento económico, una inflación controlada, aumento de las reservas internacionales y superávit en las cuentas fiscales, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce la solidez de esos indicadores.
Sin embargo, los organismos que analizan la inversión extranjera sostienen que la estabilidad económica ya no basta para competir por nuevos capitales. Además de las variables macroeconómicas, los inversionistas también evalúan factores como la seguridad jurídica, la independencia de las instituciones y la estabilidad de las reglas del juego.
Pero mientras la dictadura presenta esa estabilidad como una fortaleza para atraer inversiones, también impulsa cambios políticos que vuelven a encender las alarmas a nivel internacional. El 19 de julio, Daniel Ortega anunció que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”, como parte de una reforma constitucional que, según el oficialismo, busca impedir que la oposición recupere el poder a través de “partidos políticos financiados por Estados Unidos”.
El anuncio contrasta con la estrecha dependencia económica que mantiene Nicaragua de Estados Unidos, principal destino de las exportaciones nicaragüenses, una de las mayores fuentes de inversión extranjera y el país desde donde proviene la mayor parte de las remesas que recibió Nicaragua en 2025, las cuales superaron los 5000 millones de dólares.
En ese escenario, los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestran que, aunque Nicaragua incrementó levemente la inversión extranjera directa durante 2025, continúa rezagada frente a sus pares regionales en la captación de nuevos capitales y mantiene una amplia brecha con economías de países vecinos como Costa Rica.
El contraste regional
Las cifras de la CEPAL muestran que Centroamérica recibió 12 069 millones de dólares en inversión extranjera directa durante 2025, 275 millones más que el año anterior, lo que representó un crecimiento del 2.3%. Sin embargo, ese aumento volvió a concentrarse en pocos países. Casi uno de cada dos dólares que ingresaron a la región terminó en Costa Rica, mientras Nicaragua captó apenas uno de cada ocho.
Costa Rica recibió 5587 millones de dólares, equivalentes al 46.3% del total regional. En contraste, Guatemala atrajo 1882 millones (15.6%) y Nicaragua ocupó el tercer lugar con 1503 millones, apenas el 12.5% de toda la inversión extranjera que ingresó al istmo.
Detrás de Nicaragua se ubicaron Honduras, con 1396 millones de dólares (11.6%); Panamá, con 938 millones (7.8%), y El Salvador, con 764 millones (6.3%). Aunque Nicaragua logró mantenerse como el tercer mayor receptor de inversión extranjera de Centroamérica, la brecha con Costa Rica refleja que el país vecino captó 4084 millones de dólares más, es decir, 3.7 veces más de la inversión extranjera que recibió Nicaragua durante 2025.
La propia CEPAL advierte que los resultados son muy distintos entre los países de la región y que la competencia por atraer inversiones depende cada vez más de la capacidad de cada economía para ofrecer condiciones favorables a proyectos de mayor valor agregado.
¿Por qué Costa Rica atrae más inversión?
La diferencia con Costa Rica resulta particularmente significativa porque ambos países comparten algunas condiciones que tradicionalmente favorecen la inversión internacional. Los dos forman parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), mantienen cercanía con el principal mercado consumidor de la región y buscan aprovechar los procesos de relocalización de empresas impulsados por la reorganización de las cadenas globales de suministro. Sin embargo, los resultados muestran trayectorias distintas.
Datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) indican que durante 2025 este país atrajo 55 nuevos proyectos de inversión, principalmente en manufactura avanzada, dispositivos médicos, tecnologías digitales y servicios empresariales.
La estrategia costarricense también priorizó la descentralización territorial al instalar casi la mitad de los nuevos proyectos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), conformada por las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, donde históricamente se ha concentrado la mayor parte de la inversión extranjera del país. Esa política permitió extender la llegada de empresas a otras regiones y consolidar, por segundo año consecutivo, una captación superior a los 5000 millones de dólares en inversión extranjera.
La comparación regional también coincide con una tendencia identificada por la CEPAL para América Latina y el Caribe. El organismo sostiene que la competencia por atraer inversión extranjera ha dejado de depender exclusivamente de la estabilidad macroeconómica y de los incentivos fiscales. En un contexto de transformación tecnológica, los países que logran captar nuevos proyectos son aquellos capaces de articular políticas de desarrollo productivo, fortalecer sus capacidades institucionales y ofrecer condiciones que permitan atraer inversiones de mayor valor agregado.
Esa transformación también ha cambiado el tipo de inversiones que buscan atraer los países. La CEPAL sostiene que la competencia ya no se centra únicamente en captar mayores volúmenes de capital, sino en atraer proyectos con mayor valor agregado, capaces de generar empleo calificado, incorporar innovación tecnológica y fortalecer los encadenamientos con las economías locales.
En ese contexto, Costa Rica ha consolidado una estrategia enfocada en manufactura avanzada, dispositivos médicos y servicios intensivos en conocimiento, mientras Nicaragua continúa concentrando buena parte de sus ventajas competitivas en factores tradicionales como los costos laborales, los recursos naturales y los incentivos fiscales.
Más inversión no siempre significa más empresas
El aumento de la inversión extranjera directa tampoco implica, necesariamente, la llegada de nuevas empresas al país. Tanto la CEPAL como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) contabilizan como inversión extranjera directa no solo los aportes de capital de nuevos inversionistas, sino también las utilidades que las empresas ya establecidas reinvierten en sus operaciones y los préstamos entre compañías de un mismo grupo empresarial.
Esa diferencia resulta clave para interpretar las cifras de Nicaragua. El informe sobre clima de inversión elaborado por el Departamento de Estado en 2025, señala que Estados Unidos continúa siendo la segunda mayor fuente de inversión extranjera en el país, pero advierte que la mayor parte de las inversiones recientes corresponde a utilidades reinvertidas por empresas que ya operaban en Nicaragua.
El documento agrega que, desde la crisis política de 2018, las fuentes tradicionales de inversión extranjera han disminuido y que el Gobierno ha orientado crecientemente su estrategia hacia países políticamente aliados, particularmente China.
El informe de la CEPAL muestra que la inversión extranjera directa en Nicaragua durante 2025 estuvo compuesta principalmente por reinversión de utilidades, que ascendió a 883 millones de dólares. Los aportes de capital sumaron 329 millones y los préstamos entre empresas, 140 millones, lo que evidencia que buena parte de los flujos provino de compañías que ya operaban en el país.
Sin embargo, la información disponible no permite determinar cuánto de esos aportes de capital correspondió a nuevos inversionistas y cuánto a empresas ya establecidas que ampliaron sus operaciones.
La competencia por la inversión cambió
La estabilidad macroeconómica continúa siendo una condición necesaria para atraer inversión extranjera, pero dejó de ser suficiente para competir por nuevos proyectos internacionales. Esa conclusión aparece de forma consistente en los informes recientes de la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la UNCTAD, que coinciden en que las decisiones de inversión responden cada vez más a factores relacionados con la productividad, la calidad institucional y la capacidad de las economías para integrarse a cadenas globales de mayor valor agregado.
El FMI sostiene que Nicaragua preserva condiciones macroeconómicas favorables, pero advierte que acelerar el crecimiento económico requerirá fortalecer el clima de negocios, mejorar la gobernanza, elevar la productividad e invertir en capital humano. La CEPAL llega a una conclusión similar, al señalar que los países que hoy atraen mayor inversión son aquellos que combinan estabilidad económica con políticas orientadas a desarrollar infraestructura, innovación, talento especializado y encadenamientos productivos.
Esa lectura también es compartida por el economista nicaragüense Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, quien sostiene que el crecimiento de la economía nicaragüense descansa principalmente en las exportaciones y las remesas, mientras el país continúa rezagado en el desarrollo de sectores de mayor valor agregado y en la inversión en capital humano.
A su juicio, esa combinación limita la capacidad de Nicaragua para transformar el crecimiento económico en un proceso sostenido de desarrollo y en un entorno más competitivo para atraer nuevas inversiones.
El entorno que también evalúan los inversionistas
La estabilidad macroeconómica es solo una parte de la evaluación que realizan las empresas antes de invertir. En su informe sobre el clima de inversión en Nicaragua de 2025, Estados Unidos sostiene que las decisiones de inversión también dependen de factores como la certeza jurídica, la transparencia regulatoria, la protección de la propiedad privada y la independencia de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Según el documento, estos elementos se han deteriorado en los últimos años como consecuencia de la concentración del poder político del régimen Ortega-Murillo, los cambios constitucionales y la eliminación de contrapesos entre los poderes del Estado.
El informe advierte que las empresas enfrentan un entorno en el que las decisiones administrativas, regulatorias y tributarias pueden resultar impredecibles, mientras que la protección de la propiedad privada se ha debilitado tras años de confiscaciones y otras medidas adoptadas por el Estado. También señala que los inversionistas deben actuar con “extrema cautela” al desarrollar nuevos proyectos en Nicaragua y que, en la práctica, las relaciones con funcionarios o actores cercanos al Gobierno suelen convertirse en un factor determinante para facilitar operaciones o reducir riesgos.
Las decisiones del régimen en los últimos días reflejan cómo ese proceso de concentración del poder sigue avanzando. Después que Daniel Ortega anunciara el 19 de julio de 2026 que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, confirmó que el Legislativo impulsará las reformas necesarias para cumplir esa directriz e impedir que la oposición vuelva a disputar el poder mediante elecciones.
Tres días después, Rosario Murillo sostuvo que en el país habrá elecciones, “pero elecciones propias”, organizadas “desde nuestra soberanía nacional”, y confirmó que la Asamblea Nacional avanza en la elaboración de las reformas constitucionales para redefinir el sistema electoral.
Estos cambios ocurren en un momento en que la fortaleza de las instituciones pesa cada vez más en las decisiones de inversión. Nicaragua figura entre los países con peores resultados de América Latina en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project de 2025, particularmente en independencia judicial, límites al poder gubernamental y cumplimiento de la ley.
Asimismo, el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubica al país entre las naciones con mayores niveles de percepción de corrupción de la región. Aunque ambos índices miden aspectos distintos, reflejan condiciones que afectan la confianza de los inversionistas y limitan la capacidad de Nicaragua para competir por proyectos de inversión de mayor valor agregado.