Dos informes internacionales sobre crimen organizado sitúan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre los principales países con presencia de drogas y alto riesgo de lavado de dinero. El más reciente, aprobado el fin de semana por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyó a Nicaragua en una lista de los principales países donde se produce o transita la droga en el mundo. Mientras que el segundo, publicado el año pasado por el Instituto de Gobernanza de Basilea, revela que este país ocupa el segundo lugar de una lista de naciones con “altos riesgos” de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Un especialista en temas de seguridad nacional considera que la inclusión de Nicaragua en estas listas cuestionan la efectividad de las políticas de seguridad nacional y de lucha contra el crimen organizado internacional que suele destacar el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, son su llamado “Muro de Contención”. Esta estrategia cuenta con numerosos recursos humanos y de equipos para el patrullaje terrestre, aéreo y marítimo desde bases en cruces fronterizos claves, y suele ser el principal argumento de la dictadura para exigir el retiro de las sanciones estadounidenses.
El informe del presidente estadounidense aclara que la presencia de un país en la lista de drogas “no es necesariamente un reflejo de los esfuerzos de su gobierno contra las drogas o del nivel de cooperación con los Estados Unidos”. Sin embargo, esta inclusión pone en entredicho las cifras oficiales sobre el combate al narcotráfico que suelen destacar las autoridades nacionales. Por ejemplo, Nicaragua fue el que menos toneladas de droga (en su mayoría cocaína) decomisó en 2021 de todos los países de Centroamérica. Es decir, mientras la institución norteamericana señala que Nicaragua es uno de los países con mayor presencia (tránsito o producción) de drogas, la Policía nicaragüense es la que menos incautaciones de drogas realiza en toda la región.
Una investigación de DIVERGENTES reveló que en los últimos cinco años la Policía aumentó las incautaciones de dinero en efectivo, mientras disminuyó los decomisos de cocaína. El especialista en temas de seguridad considera que esta disparidad refleja “la ineficacia de la estrategia del gobierno para combatir el narcotráfico”.
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Una fuente vinculada al alto mando de la Policía Nacional informó que la Policía realiza “algunos montajes” de quiebres de dinero y droga para demostrar efectividad ante las autoridades, la población y los organismos internacionales. Mientras que los millones que aparecen “abandonados” en diferentes partes del país “muchas veces son coimas que hace el crimen organizado” a la Policía.
En la lista gris de lavado de dinero
A finales del año pasado, Nicaragua salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo intergubernamental que mantiene vigilancia sobre las medidas asumidas por los Estados para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
GAFI destacó que Nicaragua “ha dado los pasos” para corregir los fallos que se habían detectado para cumplir con el plan de acción que se fijó en febrero de 2020. No obstante, este organismo advirtió que está “muy preocupado por la posible aplicación incorrecta de los estándares en lo que se refiere al régimen del sector no lucrativo”.
Un jurista experto en prevención de lavado de activos considera que el supuesto avance de Nicaragua en este tema se debe a una “manipulación del marco jurídico local” de parte del régimen Ortega-Murillo. El especialista explica que la pareja de mandatarios ha utilizado el cierre de miles de organizaciones de la sociedad civil para destacar “un supuesto ordenamiento jurídico para contrarrestar el lavado de dinero”.
Sin embargo, a inicios de 2022, el informe del Instituto de Gobernanza de Basilea –que analiza la capacidad de las medidas o la lucha antilavado de activos que ejecutan los países frente a este delito– ubicó a Nicaragua como el segundo país con más “alto riesgo” de que exista lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de Latinoamérica y el Caribe. Nicaragua sólo fue superada por Haití. El documento destacó que en Nicaragua no existen o son muy escasas las políticas públicas que permitan hacerle frente a este delito.
El índice de Antilavado de dinero y activos, (conocido como AML por sus siglas en inglés), estudia el nivel de soborno, corrupción, transparencia financiera, transparencia pública, rendición de cuentas, riesgos legales y políticos de cada país. Este índice está basado en datos de 17 fuentes disponibles públicamente, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
Régimen dedicado a la represión
El discurso oficial destaca a Nicaragua como uno de los países con los cuerpos de seguridad seguridad más eficientes y transparentes de la región. En el aniversario de la fundación de la Policía, el pasado 11 de septiembre, la vicepresidenta Rosario Murillo dijo que el modelo de la Policía “responde a las necesidades de seguridad ciudadana y humana… un modelo revolucionario, más social que policial”.
La función principal de la Policía es prevenir los hechos delictivos y salvaguardar la vida y los bienes de las personas que se encuentran dentro del territorio nacional. Sin embargo, un especialista en temas de seguridad dijo que el régimen Ortega-Murillo “tiene a la Policía más dedicada a ejecutar la política de represión y el Estado policial que a cumplir sus funciones”.
Pese a la crisis económica que sufre Nicaragua desde 2018, la Policía es una de las instituciones del Estado que más se ha fortalecido desde entonces. De C$3,5 mil millones asignados en 2018 ha pasado a C$4 mil millones de córdobas en 2022, según los presupuestos oficiales. Además, el cuerpo policial se ha incrementado en los últimos años. En 2018 habían 15 mil 479 policías, mientras que en 2021 se contabilizaron 19 mil 149 oficiales, según un análisis realizado por DIVERGENTES, basado en anuarios estadísticos y notas de prensa oficiales.
En 2020, la Policía Nacional se convirtió en la primera institución pública sancionada por Estados Unidos debido a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas sociales de 2018. “El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su violenta campaña de represión sobre el pueblo nicaragüense”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin.El pasado 11 de septiembre, Ortega reconoció que la Policía Nacional recibe capacitaciones de parte de militares rusos en la represión contra opositores. “Claro que sí, estamos defendiendo la paz”, apuntó Ortega.