Nicaragua y Costa Rica han sido, históricamente, vecinos incómodos. Mientras el país del sur ha construido una imagen regional ligada a la institucionalidad democrática y la defensa de los derechos humanos, el del norte vive bajo un régimen señalado internacionalmente por la represión y el cierre de espacios democráticos. Litigios en La Haya, crisis migratorias y tensiones diplomáticas han definido una relación compleja durante décadas. Por eso, cada nuevo gobierno que se instala en Zapote, en San José, despierta preguntas sobre la estrategia que adoptará frente a los dictadores que gobiernan desde El Carmen, en Managua.
Carlos Cortés, politólogo de la Universidad de Costa Rica, resume que no habrá grandes cambios entre el gobierno saliente de Rodrigo Chaves y el entrante, el de Laura Fernández, que inicia este 8 de mayo. Sin embargo, hubo un gesto que inquieta a la oposición nicaragüense en el exilio.
En abril de 2022, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue excluido de la lista de invitados especiales de la toma de posesión de Chaves. Esta vez, Fernández decidió invitar a Nicaragua, cuya administración enviará al cocanciller Valdrack Jaentschke, funcionario sancionado por varios países por graves violaciones a los derechos humanos. Hasta ahora, Managua ha sido aislada de las últimas investiduras presidenciales de la región y la preocupación de la oposición es que este gesto de San José ocurre en medio de señalamientos de represión transnacional contra la disidencia exiliada en territorio costarricense.
Si se juzga por las primeras señales políticas y por el hecho de que Chaves mantendrá influencia dentro del Ejecutivo como una especie de “superministro”, los expertos consideran que el nuevo Gobierno seguirá la misma línea hacia Nicaragua: pragmatismo. Es decir, mantendrá abiertos los canales diplomáticos incluso en contextos de tensión política y seguirá respaldando en foros internacionales las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen nicaragüense.
Fernández, tras ganar las elecciones generales, ya había esbozado las líneas generales de su política exterior.
Las resumió en “no injerencia” y “apertura comercial”. Al ser consultada sobre cómo gestionará la relación con Nicaragua, evitó calificar la naturaleza autoritaria del régimen de Ortega y Murillo. “Nosotros seremos respetuosos de las relaciones bilaterales y multilaterales. Mi línea será de apertura comercial y consolidación de lo que le hace bien al pueblo de Costa Rica”, afirmó entonces. Chaves, su antecesor, reveló en 2023 que mantenía una relación “cordial”, “respetuosa” y “constructiva”, e incluso llegó a decir que de vez en cuando conversaba con Ortega o Murillo.
Orteguismo bajó tensiones con San José
Carlos Cascante Segura, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Costa Rica, tampoco avizora un cambio respecto a la anterior administración y cree que en la línea pragmática del nuevo Gobierno se acepta al régimen de Nicaragua y la imposibilidad de cambiarlo en el mediano o corto plazo, de forma tal que “se convive con él sin necesidad de tener una política agresiva de crítica”.
Otro factor que, según el analista, ayuda a que se mantenga esa estrategia es que Ortega ha bajado el nivel de tensión con San José y las demás capitales del istmo. La razón, explica, es que la dictadura entiende que, ante sanciones económicas más fuertes de Estados Unidos, uno de los elementos que podría evitar que estas se profundicen es la presión de los países vecinos, tomando en cuenta que la inestabilidad económica de Nicaragua puede causar efectos colaterales en otras naciones, como Costa Rica.
“Más sanciones de Estados Unidos provocan migración hacia Costa Rica de forma rápida y poco controlada, lo que puede causar efectos internos. Nicaragua ha bajado el nivel de tensión contra Costa Rica con el afán de mantener una estabilidad que a Washington le puede parecer suficiente”, explica el experto.
Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea han enfocadas principalmente en la presión financiera, restricciones individuales y aislamiento internacional, sin que se afecten directamente la economía.
Defensores de derechos humanos, preocupados
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han reiterado que el régimen nicaragüense ha extendido la represión fuera de sus fronteras. El caso más grave ocurrió en junio de 2025, cuando el mayor retirado Roberto Samcam fue asesinado en la capital, San José. Ese fue, al menos, el cuarto ataque contra una persona exiliada en ese país, según el organismo de las Naciones Unidas.
Juan Carlos Arce, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, considera que las señales enviadas por el nuevo Gobierno de Costa Rica no son alentadoras, al apuntar a que ha mostrado silencio sobre temas relevantes.
“La invitación a Valdrack, señalado como uno de los arquitectos de la represión transnacional, es escandalosa y nos da una peligrosa señal de normalización de relaciones con un Gobierno señalado de crímenes de lesa humanidad”, alerta.
Costa Rica es conocida por su tradición de respeto a los derechos humanos y el hecho de que acepte en su territorio a un funcionario acusado de delitos graves es “una mala señal”. Al defensor de los derechos humanos le llama la atención, además, que ya exista silencio de Fernández en torno a la represión transnacional y a la grave situación sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.
“Esperamos que el Gobierno asuma compromisos claros con la investigación de los crímenes cometidos en su territorio y con la protección de la población refugiada”, dice Arce. El abogado cuestiona las dificultades que enfrentan miles de solicitantes de refugio en Costa Rica, quienes pueden esperar hasta dos años para obtener una cita y permanecen durante ese tiempo en una situación de incertidumbre jurídica y vulnerabilidad.
Hasta marzo de 2025, Costa Rica acogía a más de 194 000 solicitantes de asilo nicaragüenses y a 9216 refugiados reconocidos como tal, lo que representa más de la mitad de todos los nicaragüenses desplazados en el mundo. El año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunció un recorte de los recursos para atender a los refugiados.
“La respuesta de Costa Rica continúa siendo insuficientemente visible ante la comunidad internacional, lo que exige mayores esfuerzos globales de solidaridad y cooperación”, dijo la entidad.
Oposición política nicaragüense exige firmeza
La demanda de los políticos es la misma que hacen los defensores de derechos humanos: que Costa Rica mantenga una posición firme frente al régimen de Ortega y Murillo y no normalice una relación con Managua mientras continúen las denuncias de persecución política y represión transnacional.
El opositor Juan Sebastián Chamorro, de Ciudadanos por la Libertad, espera que la represión transnacional sea reconocida con la importancia que amerita porque, en sus palabras, no es una hipótesis, sino una realidad. “Eso debe jugar un papel importante”, dice.
Por su parte, Félix Maradiaga, líder de Ruta por el Cambio, matiza la decisión de San José de invitar al régimen a al decir que Costa Rica ha sido históricamente uno de los países más firmes de la región en la defensa de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, lo que “no cambia por una invitación protocolaria en el marco de una toma de posesión”.
“Es natural que para muchos nicaragüenses exiliados y víctimas de la represión exista preocupación cuando se extiende una invitación a representantes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, considerando los graves señalamientos internacionales sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos y sobre actividades de represión transnacional que incluso han tenido impacto en territorio costarricense”, dice Maradiaga.
Para él, más que interpretar la decisión como un cambio de principios, lo ve como un intento del nuevo Gobierno costarricense de manejar una relación regional compleja desde la institucionalidad y la diplomacia.
La oposición en su conjunto parece mostrarse cauta en sus críticas al nuevo Gobierno, quizá porque Chaves ha hecho de Costa Rica un aliado clave del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En cambio, Luis Blandón, presidente de Unamos, señala que Chaves fue un presidente que priorizó el comercio regional, a pesar de algunas tensiones que se dieron durante su mandato, con el objetivo de no entrar en conflictos diplomáticos. Por ello, considera preocupante que la nueva presidenta mantenga ese tipo de relaciones, a pesar de que Costa Rica “ha sido un ejemplo en la región de democracia y respeto a los derechos humanos”.
Lo cierto es que la posición de Chaves distó de la adoptada por su antecesor Carlos Alvarado, quien condenó públicamente la violencia estatal y las violaciones a derechos humanos cometidas en 2018, se alineó con posiciones críticas en foros internacionales y mantuvo un discurso constante de preocupación por el deterioro democrático en Nicaragua. La incógnita es si el pragmatismo que se espera del nuevo Gobierno terminará redefiniendo el papel de Costa Rica frente a la crisis nicaragüense.