La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) presentó un informe sobre el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y las vulneraciones que han sufrido indígenas, mujeres, grupos organizados de la sociedad civil, presos políticos sometidos a procesos sin garantías y apátridas durante el último año a manos de las autoridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Esta actualización estuvo basada en los informes anteriores del Alto Comisionado, y en los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y los órganos de tratados, en particular sobre la justicia y las debidas garantías procesales para los disidentes políticos y los grupos en situaciones de vulnerabilidad.
La Oacnudh documentó que entre el 15 de agosto de 2022 hasta el 15 de junio de este año, se incrementaron nuevas medidas represivas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las personas percibidas como opositoras, como la imposición de penas de cárcel sin la realización de juicios previos, la expulsión de país y la privación de la nacionalidad mediante resoluciones judiciales que son “carentes de cualquier viso de legalidad”.
Estas medidas también fueron aplicadas contra familiares de las personas opositoras de manera arbitraria. “Ha tenido un efecto amedrentador en el conjunto de la sociedad nicaragüense, al dejar claro que cualquier persona crítica con el Gobierno, así como sus familiares, sería castigada”, señala el informe.
Recibe nuestro boletín semanal
Hasta ahora se ha documentado la expulsión de 222 personas que fueron presas políticas y el despojo de la nacionalidad a 317 nicaragüenses. Sin embargo, también hay un número incierto de afectados por estas dos medidas, no obstante, estas personas no han querido hacer públicos sus casos por seguridad.
Según la Oacnudh, al menos cinco de las personas que fueron expulsadas del país, fueron drogadas durante los primeros días de su detención y fueron entrevistadas por la policía en este estado. “De confirmarse, supondría una violación de varios derechos humanos, incluidos malos tratos y posiblemente tortura”, señaló el informe.
A esto se suma el cierre de organizaciones civiles que se ejecutó “a un ritmo sin precedentes” durante el año pasado. La Asamblea Nacional junto con el Ministerio de Gobernación cancelaron la personería jurídica de 1,988 organizaciones entre agosto de 2022 hasta junio de este año, sumando un total de 3,338 canceladas desde el año 2018.
El cierre de las miles de organizaciones ha impactado negativamente en sus trabajadores y en las personas que se beneficiaban de los servicios que ofrecían. Este dato no incluye las organizaciones que han sido obligadas a cerrar aunque sus personerías jurídicas no hayan sido canceladas.
La investigación La radicalización dictatorial en Nicaragua: ¿De represión a extremismo? analizó el cierre de 53 organizaciones y reveló que en el país se perdió una inversión de 41 millones de dólares, 2,000 puestos de trabajo y servicios para más de un millón de personas beneficiarias.
“Organizaciones médicas que prestaban servicios de salud no disponibles en el sistema público han tenido que cerrar; asociaciones empresariales han perdido la capacidad de representar sus intereses; y las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes han perdido organizaciones que trabajaban por sus derechos”, expone el informe.
Con el encarcelamiento, expulsión y exilio de la ciudadanía, así como el control de todas las instituciones públicas y privadas, el régimen Ortega-Murillo ha reducido casi por completo el espacio cívico y democrático “hasta un punto que no deja lugar a la disidencia”, advierte el documento.
Persecución religiosa está “peor que nunca”
La persecución religiosa escaló en frecuencia y gravedad desde el año pasado, expuso la Oacnudh. Si bien la Iglesia Católica ha sido objeto de ataques desde el inicio de la crisis política en 2018, las acciones de la dictadura se han dirigido a detenciones y judicializaciones contra sacerdotes, cierre de organizaciones religiosas, expulsión de personas religiosas, impedimentos de entrada al país, congelamiento de cuentas bancarias, despojo de nacionalidad, entre otras agresiones.
Los últimos ataques contra la Iglesia Católica fueron la prohibición de la entrada al país a los sacerdotes Tomás Sergio Zamora Calderón, párroco de la iglesia Nuestro Señor de los Milagros, de la Diócesis de León y Chinandega, y William Mora, párroco de la iglesia Cristo Rey, de la Diócesis de Siuna.
Anterior a esto, la dictadura Ortega-Murillo canceló la personería jurídica de la Compañía de Jesús, confiscó los bienes inmuebles de la orden jesuita, así como la Universidad Centroamericana que estaba bajo su administración.
Durante el último año, al menos cinco sacerdotes han sido condenados por los supuestos delitos de “conspiración y menoscabo contra la integridad nacional”, entre ellos, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel y fue despojado de la nacionalidad nicaragüense.
El pasado 8 de septiembre se registró la última detención a un religioso, esta vez contra el sacerdote Osman José Amador Guillén, de la diócesis de Estelí. La captura se realizó sin una orden judicial y sin que se justificaran los motivos.
Actualmente la Iglesia Católica se encuentra bajo investigación por supuesto blanqueo de capitales, según un comunicado de la Policía Nacional en mayo de este año.
Detenciones arbitrarias continúan
Pese a que el régimen Ortega-Murillo expulsó a 222 personas presas políticas el 9 de febrero de 2023, las detenciones contra la ciudadanía no se han detenido. Por el contrario, han adoptado nuevas medidas como los juicios exprés que se realizan sin conocimiento de las personas acusadas y sin derecho a la defensa.
A las detenciones se suman la falta de garantías judiciales, la imposibilidad de las personas detenidas para defenderse y el cambio constante de condenas contra las personas acusadas. “La Oacnudh documentó al menos 49 casos en los que los jueces y juezas de ejecución modificaron indebidamente las condenas, aumentando las penas después de los juicios”, refiere el informe.
La Oacnudh señala que las violaciones a las garantías judiciales es una de las situaciones más preocupantes en el país, situación que había sido denunciada por el Comité de Derechos Humanos en sus observaciones finales sobre Nicaragua en 2022.
“El Alto Comisionado insta al Gobierno a mantener su compromiso de respetar, cumplir y proteger los derechos humanos de todas las personas en Nicaragua, e implementar plenamente las recomendaciones formuladas por la Oacnudh y los mecanismos de derechos humanos que siguen sin cumplirse”, recalca el documento.