Ocho países señalan que elecciones del régimen “no tienen validez ni legitimidad”

Un comunicado conjunto en el marco de la Asamblea General de la ONU indica que “los nicaragüenses merecen unas elecciones libres, justas, transparentes y creíbles”. Mientras que en el Congreso de Estados Unidos llamaron a “elevar la presión” contra el régimen, cerrar el flujo financiero del FMI, aprobar la Ley RENACER y endurecer la Ley Nica Act.

Daniel Ortega y Rosario Murillo en un acto oficial. Archivo de EFE.

Ocho países emitieron este miércoles una declaración conjunta en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) –que se lleva a cabo esta semana en Nueva York– para señalar que en Nicaragua se atraviesa una situación “extraordinaria de deterioro del Estado de derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas” que se evidencian en la detención, acoso y las restricciones arbitrarias que afectan la participación política, el respeto y garantía de los derechos humanos. 

Desde finales de mayo de este año, el régimen Ortega-Murillo ha detenido a 37 opositores, entre ellos al menos siete aspirantes a la presidencia; han quitado la personería política a tres partidos políticos y han inhibido a candidatos inscritos en tiempo y forma en el Consejo Supremo Electoral (CSE). Todo esto muestra un escenario listo que prepararon los caudillos sandinistas para reelegirse en las próximas votaciones del siete de noviembre. 

“Las medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua no reúnen las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas”, expresa el documento firmado por los gobiernos de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y República Dominicana. 

En medio de este torbellino de críticas hacia su deriva dictatorial, el comandante Daniel Ortega hablará, se espera que de forma virtual, este viernes 24 de septiembre, luego de una ausencia de 13 años en este foro. La última vez que habló fue en 2007, cuando arrancó su mandato presidencial. 

Elecciones “no tienen validez ni legitimidad”

En la declaración, los países reiteran que la autoridad de gobierno “sólo puede fundarse en la voluntad del pueblo, expresada en las elecciones libres, justas y realizadas de una forma transparente”. Sin embargo, las medidas adoptadas por Ortega “ponen en tela de juicio la validez y legitimidad de las elecciones de noviembre”. 

Los países solicitaron la liberación inmediata y la restitución de los derechos políticos de los dirigentes detenidos sin debido proceso, de acuerdo a los estándares internacionales. Organismos de derechos humanos internacionales y expertos en la materia han calificado estas violaciones como torturas. En la declaración también se rechazó la intimidación a la prensa y a los defensores de derechos humanos. “Garantizar plenamente el disfrute de la libertad de expresión, reunión y asociación (…) todos ellos esenciales durante el proceso electoral”. 

Los ochos países exhortaron al régimen Ortega-Murillo a revisar la reforma electoral aprobada en mayo de este año, para que se puedan realizar elecciones libres, justas, transparentes y creíbles. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional para “impulsar la observación electoral y sus garantías de una forma imparcial que permita la participación de los candidatos presidenciales, partidos políticos y a los medios de comunicación que han sido objeto de restricciones”. 

“Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, el respeto de sus derechos humanos y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país”, expresa la comunicación.  

FMI no debe creer en Ortega

El pasado martes, integrantes de la Subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llamaron a “adoptar acciones conjuntas” para elevar la presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En la audiencia también participó la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla y Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, uno de los precandidatos a la presidencia que fue arrestado por el régimen. Valle habló sobre la condición física de su esposo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y advirtió que la vida de los detenidos puede estar en peligro en dichas condiciones. Maradiaga tuvo acceso a una breve visita a inicios de septiembre, en la que sus familiares constataron su pérdida de peso.

Albio Sires, congresista estadounidense y presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional, condenó que el Fondo Monetario Internacional (FMI), proporcionara al régimen 350 millones de dólares para la pandemia de Covid-19. “Las instituciones financieras internacionales no deberían ser un salvavidas de Ortega”, dijo.

“El FMI no debería creer en la palabra de Ortega de que estos fondos se utilizarán para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Todos debemos recordar que este es el mismo régimen que pasó los primeros dieciséis meses de la pandemia realizando grandes manifestaciones políticas, manipulando registros médicos para desinflar el número de muertos y despidiendo a los médicos y enfermeras que se atrevieron a hablar”, agregó Sires.

Finalmente, Sires manifestó la “urgencia” para que la Cámara de Representantes apruebe la Ley RENACER, un proyecto que amplía el foco de sanciones y permite el trabajo en conjunto con otras instancias internacionales como la Unión Europea. 

Ryan Berg, investigador del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), dijo que Estados Unidos debe endurecer algunos de los instrumentos jurídicos que tiene a su alcance, como la Ley Nica Act “fundamental para acortar la capacidad de Ortega de acceder a fondos en instituciones financieras multilaterales”. 

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