El 23 de agosto fue el único día que el comandante Daniel Ortega hizo “promesas” electorales. A dos meses de que se realicen votaciones presidenciales y después de haber descabezado a los partidos políticos opositores, el caudillo sandinista dijo que los programas sociales, que ha impulsado su régimen durante 14 años, continuarán.
Durante la conmemoración del 41 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, Ortega dijo que los opositores a su gobierno creen que invertir en la “gente pobre es botar la plata (dinero)”. “Pues que sepan que vamos a seguir haciendo estas inversiones, vamos a mantener estos programas y no podrán desaparecer estos programas”, dijo Ortega, y agregó: “es un compromiso que tiene el pueblo con el pueblo, un compromiso que no se puede romper”.
La campaña electoral de 2021 es inédita en Nicaragua. Primero, por la falta de competencia que tiene la pareja de mandatarios, por los partidos políticos que simulan ser su competencia y un Estado policiaco que ha impuesto el caudillo sandinista a raíz de la crisis de 2018. En segundo, porque, con la excusa del rebrote de Covid-19 que vive el país desde hace unos meses, el pasado lunes 20 de septiembre, el Consejo Supremo Electoral (CSE), obediente a los Ortega-Murillo, aprobó una serie de medidas sanitarias que reduce al mínimo las actividades de los partidos políticos.
Entre otras medidas, el CSE indicó que las actividades políticas presenciales deben realizarse con convocatorias de no más de 200 personas; deben “durar el menor tiempo posible”, como máximo una hora y 30 minutos; y se ordenó no realizar caravanas vehiculares de ningún tipo. Un doble rasero del régimen, pues en septiembre, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció la convocatoria de 4,500 actividades para las celebraciones patrias, en las que además ordenó vacaciones de nueve días (entre el 10 y el 19 de septiembre) para los trabajadores del Estado y exoneración de Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre el 14 y el 17 de septiembre “para promover más y más encuentros de celebración turística de nosotros las familias nicaragüenses”. Antes, en julio, cuando se conmemoró el 42 aniversario del triunfo sandinista sobre la dictadura somocista, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció 5 mil actividades en un solo fin de semana.
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Aún sin tener competencia política, el régimen, desde el mes pasado, ordenó a través del CSE a reducir el periodo de las campaña electoral que era de 75 días y ahora será de 40 días, a partir del sábado 25 de septiembre. En este cambio también se argumentó que fue “siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud con respecto a la pandemia”.
Ante esta rara campaña electoral, Ortega, acostumbrado a largas ausencias públicas de más de 30 días, ha aparecido 15 veces entre el 18 de mayo y el 13 de septiembre de este año, es decir, sus comparecencias públicas se han aumentado conforme se acerca el día de las votaciones que ha organizado para reelegirse.
Las mismas promesas, los mismos problemas
En las apariciones, Ortega y Murillo han atacado a los opositores que tienen secuestrados desde hace más de tres meses; los obispos católicos y los símbolos de la rebelión de abril de 2018. Las únicas alusiones a su programa de gobierno las hizo Ortega el 23 de agosto, el único día que ha aparecido sin Murillo. “Seguiremos entregando vaquitas y chanchitas, claro que sí, y seguiremos entregando plan techo, una educación de calidad, una merienda escolar. ¿Quiénes necesitan la merienda escolar? Los más pobres. Entonces no se las vamos a negar, se la vamos a asegurar y se la vamos multiplicar”, dijo Ortega.
Sin embargo, un análisis realizado por el equipo de Fact- Checking de DIVERGENTES reveló que el sistema educativo todavía tiene serias deficiencias, en especial en la formación de docentes, infraestructura y en los recursos que le asignan a través del Presupuesto General de la República (PGR). El gasto oficial en la educación no llega ni siquiera al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Además se realiza propaganda a la pareja presidencial en los centros de estudios y hasta en los libros escolares. El Estado asigna 19 veces menos recursos por cada estudiante que en países como Costa Rica, donde los maestros son nueve veces mejor pagados que los docentes nicaragüenses.
En cuanto a la erradicación de la pobreza, los resultados de la última Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV 2014) indican que alrededor de un tercio de los y las nicaragüenses viven en situación de pobreza. En 2017, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) publicó un estudio en el que explica que los niveles de vulnerabilidad en Nicaragua son mayores que los niveles de pobreza: el 48.2 por ciento de las personas se encontraba vulnerable a caer o permanecer bajo la línea de pobreza, con ingresos de US$ 1.8 al día por persona. El país continúa siendo el más pobre de América Latina sólo por detrás de Haití.
El comandante también saca pecho sobre el sistema de salud: “Ellos (la oposición) privatizaron los puestos de salud”, dijo Ortega, y agregó que en estos 14 años de gestión se han multiplicado los hospitales. “En estos años hemos preparado un sistema de salud que le ha permitido a Nicaragua enfrentar esta pandemia, sin dejar por fuera a la gente pobre, atendiendo a los nicaragüenses”.
Es una realidad que los brotes de coronavirus de estos dos años han dejado al descubierto la vulnerabilidad del sistema sanitario. Sumado a que Nicaragua muestra uno de los gastos gubernamentales por habitante más bajos de la región, según datos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en el período del 2013 al 2016. No llega ni al 1 por ciento de camas hospitalarias por cada mil habitantes y apenas hay 10 médicos por cada 10 mil habitantes. Además, la red hospitalaria no está del todo completa. En algunos casos se construyó sobre viejas instalaciones y en otros las obras han tenido retrasos.
15 años de “promesas fallidas”
La socióloga María Teresa Blandón considera que los casi 15 años que el régimen Ortega Murillo tiene en el poder es un tiempo razonable para que, con programas de asistencia continuos, hayan podido sacar a las familias de la pobreza. “Esto no es lo que vemos, sino que ha crecido el desempleo y la precariedad de la vida; ha aumentado la desnutrición, las brechas de desigualdad, hay mayor empleo infantil, cada vez más niños y niñas viviendo en la mendicidad”, dijo Blandón, y agregó: “entonces no vemos por ningún lado que estos programas hayan tenido el éxito que dice el gobierno que han tenido”.
Ante la profunda crisis política y económica en la que está el país desde 2018, uno de los hechos que muestran que los ciudadanos han dejado de creer en los programas del régimen para salir de la pobreza son los números crecientes de migrantes nicaragüenses. Entre octubre de 2020 y julio de este año, las autoridades migratorias de Estados Unidos han registrado 33,184 nicas intentando ingresar por la frontera sur sin documentos. Este es el número más alto en las últimas décadas.
Por otro lado, el experto en temas de Migración, Manuel Orozco, publicó que 60 mil nicaragüenses migrarán este año, cuyos factores son: la represión estatal, la pandemia, los encarcelamientos por razones políticas o el desempleo.
A la par de esto, las familias que dependen de remesas familiares para sobrevivir continúan creciendo. El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó que en los primeros cuatro meses del año se recibieron 671,2 millones de dólares en remesas, un 22.8 por ciento más que en el mismo período que el año pasado.
“Esto demuestra que ya no hay una expectativa positiva hacia lo que pueda hacer el gobierno, después de 15 años de promesas fallidas”, dijo Blandón.
“Han creado falsas expectativas”
La socióloga considera que los programas de asistencia a los sectores más pobres son una necesidad en países empobrecidos como Nicaragua, con una brecha de desigualdad grande. Sin embargo, en estos 14 años ha quedado demostrado que los programas del régimen Ortega-Murillo han sido limitados, de corto alcance, con sesgo de proselitismo político; no han tenido sentido de continuidad y existe opacidad o hasta corrupción.
“La idea no es que los programas de asistencia refuercen la dependencia que estas familias tienen respecto del estado, sino que estas familias puedan adquirir ciertos bienes y ciertos recursos para poder desarrollar sus propias alternativas de vida, pero esto no ha pasado en el país”, agregó Blandón.
Las promesas que hizo el régimen Ortega-Murillo desde que tomó el poder fueron muy alentadoras. Sin embargo, cuando los recursos comenzaron a escasear con la disminución de la cooperación venezolana, las familias que eran dependientes de estos programas quedaron en igual condiciones que la de antes. “Los programas han creado falsas expectativas”, dijo Blandón.
Uno de los ejemplos que cita es el programa Hambre Cero, que fue una experiencia que se ejecutó en Brasil para reducir la pobreza de las familias campesinas. En su planes, este programa iba a sacar de la pobreza a más de 200 mil familias campesinas. Sin embargo, en los últimos 10 años se fue debilitando: no tomó en cuenta la falta de tierra para la siembra y capacitación para alimentar, por ejemplo, a las vacas y producir leche. “Luego el programa se fue reduciendo y ya no le daban la vaca, o materiales para resguardar a los animales; se lo quitaron a las mujeres, luego ya el programa no era totalmente gratuito, y finalmente se fue diluyendo y nunca logramos saber los resultados que tuvo”, agregó Blandón.