Ortega arremete contra banqueros tras acusar a Luis Rivas de Banpro

Durante la Audiencia Inicial la Fiscalía acusó a Luis Rivas Anduray, el CEO del banco más grande de Nicaragua, de “portación, fabricación, tráfico y tenencia de armas restringidas”. Haciendo el papel de juez, Ortega lo condenó como un banquero que “lavaba dinero y sembraba el terror”, aunque la Fiscalía no lo procesa por el supuesto delito de lavado. Además, se realizaron audiencias en contra de Ana Margarita Vijil, María Fernanda Flores de Alemán, y los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora.

Daniel Ortega en una imagen de archivo. Divergentes.

El banquero Luis Rivas Anduray, director ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro) y CEO del regional Grupo Promerica, fue acusado este lunes seis de septiembre por los supuestos delitos de “portación o tenencia ilegal de arma de fuego; fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos; y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, en la Audiencia Inicial en la que se mantuvo su prisión preventiva y se remitió la causa a juicio. Tan solo horas después, el comandante Daniel Ortega dijo que en estos procesos “se está haciendo justicia contra los terroristas que eran instrumentos del imperio”.

En clara alusión al proceso en contra del banquero Rivas Adurray, el mandatario nicaragüense dijo que “el imperio ha corrido a hablar por un banquero que ha lavado dinero y sembrado el terror”, cuando hasta el momento solo se ha realizado una Audiencia Inicial en contra del ejecutivo de Banpro. En el documento que emitió esta tarde la Fiscalía no menciona el delito de lavado de dinero. 

Ortega dijo esto porque la semana pasada la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos señaló que el arrestó de Rivas Anduray “parece un intento desesperado e inhumano de intimidar a las instituciones financieras que están cumpliendo con las sanciones internacionales”. 

Esta institución estadounidense dijo que Banpro, parte del consorcio del grupo Promerica y el banco más grande de Nicaragua del cual Rivas era su CEO, ha bloqueado cuentas de funcionarios del régimen Ortega-Murillo que han sido sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, por lo que el banquero “puede estar pagando el precio”. La interpretación de esta Oficina es que la represión radical de Ortega “iría más allá de la oposición política y de sus críticos, y buscaría castigar a cualquiera que se haya cruzado con él y con su cleptocracia que ha establecido en Nicaragua”. 

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En su discurso Ortega dijo que durante la rebelión de abril de 2018 “los terroristas de saco y corbata mandaban y pagaban a los pandilleros para que cometieran tropelías y crímenes… Los terroristas de saco y corbata lavaban plata (dinero) para desarrollar actividades terroristas”, insistió Ortega, quien también llamó a los sacerdotes “demonios de sotanas” y “sotanudos satánicos”. 

Según Ortega, este año los empresarios y sacerdotes “querían repetir la historia” de la rebelión de 2018. Para el mandatario, la solución para enfrentar la pandemia del coronavirus en Nicaragua, que actualmente se encuentra en el pico más alto de contagios y muertes desde 2020, no son las vacunas ni las cuarentenas, sino “la estabilidad y la paz” que han garantizado instituciones como la Policía y el Ejército, señalados de ser violadores de derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses en los últimos tres años. 

Acusan a dirigentes de UNAMOS y a Miguel Mendoza

Ortega arremete contra banqueros tras acusar a Luis Rivas de Banpro
Ciudadanos nicaragüenses residentes en Costa Rica participan en una protesta contra el Gobierno de Daniel Ortega. Jefrey Arguedas. EFE

La Fiscalía también informó que se realizaron las Audiencias Iniciales en contra de Ana Margarita Vijil, dirigente de la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS o antes MRS), el cronista deportivo Miguel Mendoza; el aspirante presidencial Miguel Mora y la exdiputada María Fernanda Flores, esposa del expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. A todos se les acusó por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua. 

Al igual que con Rivas Anduray, la autoridad judicial mantuvo las medidas cautelares de prisión preventiva a todos los acusados y remitió las causas a juicio. 

Hasta el momento se han realizado Audiencias Iniciales en contra de 21 de 35 presos electorales que fueron detenidos desde finales de mayo de este año, a tres meses de que se realicen elecciones presidenciales. Los defensores de los acusados han señalado diferentes violaciones de derechos constitucionales en dichos procesos, entre ellas que se realizan en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como el Nuevo Chipote-un centro carcelario señalado de que se practican torturas en contra de sus detenidos-, cuando deben realizarse en los juzgados de forma pública, con la presencia de familiares y amigos de los acusados y abierta al periodismo y al público. 

Murillo: “Tiempos de justicia y paz”

Ortega arremete contra banqueros tras acusar a Luis Rivas de Banpro
En la imagen un registro de la vicepresidenta y primera dama nicaragüense, Rosario Murillo. EFE/Jorge Torres/Archivo

“Imaginemos esta pandemia con una situación como la de abril de 2018”, dijo Ortega, y agregó: “sin paz ni estabilidad no pueden funcionar los puestos de salud”. El mandatario dijo que “por eso son importantes las instituciones armadas” durante el acto del 37 aniversario de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (Doep), unas tropas que han estado al servicio del caudillo sandinista para la represión. 

Rosario Murillo dijo que “la justicia puede que sea tarde pero llega”. Agregó que se viven “tiempos de justicia y paz, de verdadero respeto para la dignidad humana”. 

El banquero Luis Rivas Anduray es un doctor en Economía, graduado en la universidad de Cornell, Estados Unidos y fue parte del gabinete económico del expresidente Enrique Bolaños. Desde 2004 trabaja en el Banpro, cuyo presidente Ramiro Ortiz Gurdián, fue uno de los impulsores del modelo económico nombrado “diálogo y consenso” que sostuvieron durante 10 años el gran capital con el régimen de Ortega y Murillo, en el que los empresarios hicieron grandes negocios a cambio de su silencio cómplice cuando los sandinistas dilapidaron las instituciones democráticas. 

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