El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso unas elecciones a su medida que eliminaron a la oposición “legítima”, pero también intenta silenciar todo lo que representa —o haga referencia— a las protestas antigubernamentales de abril de 2018, que dejaron un saldo de 327 asesinados según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mordaza se impuso en pleno año electoral a través de una peligrosa estrategia radical que podría aislar todavía más al país, y que para algunos expertos, refleja el temor que le tiene el régimen al estallido social que hizo tambalear su mandato.
Analistas políticos analizan la estrategia represiva de los Ortega-Murillo en un año en el que no se celebrarán unos comicios democráticos, y se prevé que los resultados no sean reconocidos por la comunidad internacional. Tras la represión, ejecutada desde mediados de mayo de 2021, el régimen ha intentado silenciar a una sociedad que encabezó las protestas más grandes contra un gobierno nicaragüense en lo que va del siglo.
Fue tan grande la onda expansiva de la rebelión de abril que, según fuentes sandinistas, los Ortega-Murillo sufren un trauma igual o peor al que acarrean desde 1990, cuando Ortega perdió las elecciones ante la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
“Tiene un grave temor a las organizaciones que surgieron en abril de 2018, porque ponen en relieve el derrocamiento absoluto de la dictadura, el entramado inconstitucional y el potencial juzgamiento de Daniel Ortega y una serie de actores que han cometido crímenes de lesa humanidad”, asegura un politólogo experto en Derecho que, por motivos de seguridad, ha pedido el anonimato. En Nicaragua muchas de las fuentes periodísticas han tomado dicha medida por el temor a ser apresadas como lo han sido una treintena de líderes, activistas y empresarios en los últimos meses. Algunos de ellos analistas, opinadores y precandidatos presidenciales.
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Los tres actos para silenciar Abril
Primer acto. El tercer aniversario de las protestas de abril llegó en medio de un país controlado por la Policía Nacional, cuyo jefe supremo es Daniel Ortega. Entre el 15 y 19 de abril se registraron 350 actos violentos, que incluyen detenciones, acoso y allanamientos contra opositores, excarcelados políticos, periodistas y familiares de los asesinados en 2018, según datos proporcionados por el Monitoreo Azul y Blanco (MAB).
En medio del estado policial, la Policía Nacional impidió que se realizaran actos conmemorativos para honrar la memoria de las víctimas. En Estelí los oficiales agredieron a familiares de Franco Valdivia Machado, uno de los jóvenes asesinados durante la jornada de protestas del 20 de abril de 2018 en el parque central de dicha ciudad. Francys, Marco Silva, Ana Rivera y Stephanie Martínez fueron golpeados y retenidos durante más de una hora por oficiales de policía, frente a la casa de Francisca Machado, madre de Franco y Francys.
Organismos y defensoras de derechos humanos denunciaron las agresiones. Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, aseguró a DIVERGENTES que “ningún gobierno puede prohibir que los familiares de las víctimas realicen homenajes para mantener viva su memoria”. De esta forma, Ortega y Murillo impidieron a la fuerza que en el país se conmemorara un año más de las protestas.
Segundo acto. A partir de mayo el panorama electoral se ensombreció. El partido de gobierno ejecutó a través de la Asamblea Nacional —de mayoría oficialista— una reforma a la Ley Electoral que hacía uso de las leyes punitivas aprobadas por los diputados sandinistas a finales de 2020, y cuyo fin era inhibir a los opositores. También colocó a magistrados afines al frente del Poder Electoral, dinamitando todavía más las aspiraciones de los opositores de ir a una contienda en igualdad de condiciones.
A finales de dicho mes, el régimen inició un caso contra Cristiana Chamorro, la aspirante presidencial mejor valorada según las encuestas y expresidenta de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Luego, la persecución se extendió al resto de aspirantes presidenciales, muchos de ellos que participaron en espacios políticos durante las protestas, como Félix Maradiaga, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); Juan Sebastián Chamorro, exdirector ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia; Miguel Mora, exdirector del canal 100% Noticias confiscado en 2018 por el régimen; entre otros actores políticos y figuras estudiantiles como Lesther Alemán y Max Jerez.
Para algunos especialistas electorales, el régimen impuso una boleta electoral a su medida, sin las figuras que participaron en las manifestaciones de 2018 y que aspiraban a un cargo público o simplemente siguieron insistiendo en elecciones libres. A la mayoría de los detenidos se les invocó la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo, una de las leyes del tridente represivo que el régimen alistó meses antes y que acusa de traición a la patria a cualquier nicaragüense que se oponga al discurso oficial.
Tercer acto. En medio de todo, con siete precandidatos opositores presos, la Alianza Ciudadanos por la Libertad —la única agrupación política que contaba con un mínimo de legitimidad— inscribió una fórmula polémica y lejana a los “anhelos de ‘Abril’”. El exjefe de la Contra, Óscar Sobalvarro; y la exreina de belleza, Berenice Quezada pretendían enfrentar a Ortega y Murillo en unos comicios más que cuestionados.
Pero tras salir de la sede del Consejo Supremo Electoral (CSE), Quezada dijo que “las condiciones las pone el pueblo saliendo a votar, saliendo a las calles, como lo hicimos en 2018, como lo hicimos en abril. Tenemos que demostrar el siete de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país”. La sola mención de la fecha de las protestas provocaron que un grupo de simpatizantes sandinistas “denunciaran” a la aspirante en la Procuraduría de Derechos Humanos de haber cometido apología del delito de terrorismo e incitación al odio.
En seguida, el CSE de Ortega y Murillo falló a favor de las supuestas víctimas sandinistas e inhibió a la candidata a vicepresidenta.
Dictadura “ensañada” con Abril
Para el politólogo Pedro Fonseca la represión se extiende a figuras que representan a los movimientos “azul y blanco” y a las víctimas de las protestas sociales. “Es el uso de la fuerza y una parte del juego para que no sobresalga nadie más que las figuras tradicionales del régimen. La estrategia es la fuerza sin pluralismo ni opiniones, y decir ‘en abril no pasó nada, en 2018 no pasó nada y hay que continuar con esa narrativa, porque sino habrá problemas’”, reiteró.
“Ellos atacan, encarcelan y reprimen a las organizaciones que surgen en abril de 2018 porque son esas organizaciones que han puesto en relieve el problema de fondo que hay en Nicaragua, que es derrocar a la dictadura y refundar el Estado nicaragüense”, aseguró por su parte el experto en Derecho.
Las acciones represivas han provocado que algunos movimientos opositores optaran por la clandestinidad, o nuevamente por el exilio. Integrantes de la UNAB y la Alianza Cívica han salido del país tras serias amenazas de presión en su contra. Tal ha sido el caso de la activista Ivannia Álvarez, de la UNAB; y María Asunción Moreno, de la Alianza Cívica.
Para el psicólogo y excarcelado político Roger Martínez, quien se ha dedicado al estudio de las personalidades de Ortega y Murillo, el silenciamiento de todo lo que representaron las protestas para la pareja gobernante puede estar relacionado con el temor a “perder el control y enfrentar la justicia”. “Hay una simbiosis con el poder. Sin el poder no son nada ni nadie”, agregó.
A pesar de tener todo el control del Poder Electoral y los insumos para ejecutar un nuevo fraude, el régimen decidió sacar del tablero al partido CxL, el único vehículo que le quedaba a la oposición para competir en los comicios. El CSE aceptó una denuncia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), antiguo aliado de la cúpula sandinista, contra Kitty Monterrey, presidenta de CxL, por tener doble nacionalidad.
El panorama es adverso para la oposición organizada que mira en la vía electoral una salida a la crisis sociopolítica que enfrenta el país. Una parte de los opositores han anunciado que optarán por el no reconocimiento de los resultados del próximo siete de noviembre, y la incidencia internacional para que el régimen sea declarado como ilegítimo.