El comandante Daniel Ortega justificó este martes 14 de diciembre que tenga presos políticos en las cárceles de Nicaragua y anunció que no los va a liberar, pese a que varios organismos y países “amigos” se lo han solicitado como un gesto de buena voluntad para bajar las tensiones en un país que tiene más de tres años de crisis política. Ortega y su esposa Rosario Murillo atraviesan uno de los momentos más difíciles de aislamiento internacional después de que el pasado siete de noviembre se eligieron para un cuarto período consecutivo en unas votaciones que han sido rechazadas por la comunidad internacional.
“Tenemos presos a los terroristas que financiaban el terrorismo y querían financiar nuevas actividades terroristas, lavando dinero enviado por organismos de Estados Unidos con el cuento de que financiaban a organismos no gubernamentales (ONG)”, dijo Ortega, quien aseguró que eran millones de dólares “invertidos para la guerra” y que todo eso está al descubierto porque hay un expediente que lo presentará en su momento la Fiscalía y el poder judicial. “Y ahora resulta que porque están detenidos, están procesados, hay que ponerlos en libertad”, agregó, señalando que esas peticiones han llegado por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. “Simplemente existe un sistema de justicia y leyes en Nicaragua”, remarcó.
Las declaraciones de Ortega se dieron en Cuba durante la XX Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), uno de los pocos reductos internacionales a los que asiste después de que ha sido rechazado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y Estados Unidos, su mayor socio comercial, que ha implementado una serie de sanciones a partir del mes pasado, cuando se reeligió la pareja Ortega-Murillo.
Desde las protestas que sacudieron al régimen Ortega-Murillo en 2018, en Nicaragua mantienen apresados a más de cien presos políticos. Sin embargo, la cacería aumentó este año previo a las elecciones presidenciales: unos 50 ciudadanos vinculados a partidos políticos, periodistas, analistas, entre ellos al menos siete aspirantes presidenciales, fueron encarcelados desde finales de mayo, lo cual provocó el rechazo internacional y dio lugar al descrédito del proceso de votaciones.
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“Obispos aconsejaban a terroristas”
Ortega acusó a Estados Unidos de provocar los más de 300 muertos durante las protestas de abril de 2018, en la que un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en que el régimen que dirige junto a su esposa, Rosario Murillo, cometió crímenes de lesa humanidad. “Fueron centenares de muertos. Jóvenes que fueron asesinados y quemados por los mismos terroristas que ya sentían que derrocaron al gobierno. Y curas y obispos celebrando estos crímenes horrendos”, agregó. Según Ortega, estos religiosos “aconsejaban a los terroristas que los cadáveres de los compañeros quemados los fueran a lanzar a un excusado (letrina)”.
Ortega y Murillo han roto relaciones con los jerarcas de la Iglesia Católica, a quienes ellos mismos le solicitaron mediar en el diálogo nacional con la oposición en el momento de más efervescencia de la crisis política. Desde entonces la Conferencia Episcopal y sus obispos han sido críticos de las acciones de los mandatarios nicaragüenses y esto ha provocado que sufran diferentes ataques, al punto de que desde diciembre del año 2020, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, colocó por segundo año consecutivo a Nicaragua en la lista de países en Vigilancia Especial por haber participado o tolerado violaciones graves a la libertad religiosa. Actualmente, el régimen ha iniciado una campaña de “no vamos a ir a misa” para, según ellos, castigar a los “sacerdotes golpistas”.
El encono contra los sacerdotes se muestra días después de que el obispo emérito, Abelardo Mata, dijera que no le parece “prudente ni oportuno” que la Iglesia Católica vuelva a participar en un futuro diálogo nacional. Mata argumentó que en los primeros intentos de diálogo en los que la Iglesia estuvo involucrada desde 2018, el régimen Ortega-Murillo no respetó los acuerdos alcanzados y que en este momento las fuerzas de la oposición, con las que debería lograr acuerdos, están en prisión o en el exilio.