La ausencia de Daniel Ortega en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue llenada por las inconsistencias del canciller Denis Moncada, uno de los funcionarios que defiende las políticas del gobierno a nivel internacional, hasta el punto de propagar información alejada a la realidad del país. Su intervención en el período 76º de sesiones no fue la excepción. La presencia del canciller fue, hasta cierto punto, inesperada, pues Ortega confirmó su participación para la sesión del viernes 24, pero durante la mañana de ese día fue sacado del programa por una razón hasta ahora desconocida.
En cambio, Moncada llegó al estrado de la Asamblea General en Nueva York con la férrea defensa al régimen que tanto le caracteriza. Al final de su discurso recalcó que “el pueblo elegirá con su voto a nuestras autoridades con la participación, en equidad de género, de 15 partidos políticos, entre nacionales y regionales”. Una afirmación que resulta antojadiza, pues la dictadura prácticamente eliminó a los candidatos opositores que contaban con mayor legitimidad. En la boleta solo quedan los partidos políticos que no representan mayores amenazas para los gobernantes sandinistas.
“No es el imperio norteamericano el que elige en Nicaragua, es el pueblo nicaragüense”, dijo Moncada al finalizar su discurso en una clara alusión a la narrativa oficial, que asegura que en el país se realizaba una “conspiración” financiada por los Estados Unidos para derrocar al gobierno, y que por esa razón han sido arrestados más de una treintena de opositores en los últimos meses.
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El régimen ejecutó a inicios de junio una cacería contra siete candidatos de oposición, encarcelando a casi todos. Cristiana Chamorro –la mejor evaluada en las encuestas–, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre fueron detenidos por la Policía Nacional y enfrentan juicios con tintes políticos. Chamorro es acusada de “lavado de dinero, bienes y activos”; mientras que el resto de aspirantes presidenciales son acusados del supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
El régimen también sacó de la boleta a los partidos Restauración Democrática (PRD) –que serviría de vehículo electoral para la Coalición Nacional– y Ciudadanos por la Libertad (CxL), los dos únicos partidos que contaban con un mínimo de credibilidad entre las fuerzas opositoras. En la contienda no quedan más que un puñado de partidos tachados de colaboracionistas por su rol cómplice con el régimen. Estas quince agrupaciones políticas fueron leídas por Moncada, dando a entender que en el país existía pluralidad y libertades.
No obstante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) selló su victoria al encarcelar a una treintena de opositores y mantener el control en el Poder Electoral a través de magistrados afines y unas reformas a la Ley Electoral incapaz de garantizar un proceso democrático, tal como demandaban la oposición nicaragüense y la comunidad internacional. Así, Ortega y Murillo buscan cinco años de permanencia en el poder en medio de una grave crisis sociopolítica desde el inicio de las protestas de abril de 2018.
Las acciones represivas han causado fuertes condenas en la comunidad internacional y el arrecio de nuevas sanciones, medidas internacionales contra los Ortega-Murillo que fueron condenadas por Moncada durante su intervención. “Las lecciones de Afganistán son claras, ni intervención ni las sanciones coercitivas unilaterales funcionan. Son políticas fallidas y las potencias tienen que encontrar el camino de paz y de respeto al derecho internacional para relacionarse con todos los pueblos del mundo, especialmente con los países en desarrollo”, agregó.
Ortega y Murillo encaminan al país a un régimen de partido único, comparable con el sistema del Partido Comunista en Cuba. De momento, la vía electoral para encauzar al país a la democracia no es viable, según analistas políticos. La radicalización de la pareja presidencial agrava la situación de Nicaragua, que este 2021 cumplirá tres años de recesión económica, agudizada por la pandemia de Covid-19 y la falta de una salida a la crisis.
Insiste con “no intervención” para justificar represión
Moncada hizo uso de la narrativa oficial empleada por el gobierno cada vez que un país expresa su preocupación por Nicaragua. “Es evidente que las guerras e intervenciones promovidas y realizadas por las potencias occidentales, violentan la soberanía de nuestros pueblos, y condenan al exilio a millones de niños, mujeres y grupos vulnerables, quienes sufren las consecuencias de la avaricia y codicia de los más poderosos, forzándolos a buscar refugio en países de occidente”, detalló el canciller, ignorando que la nueva oleada de migrantes nicaragüenses surge en medio de la escalada represiva que agudizó aún más la situación de la población.
El canciller también aseguró que Nicaragua representa un “factor de estabilidad, paz y seguridad regional”. No obstante, The Economist Intelligence Unit (EIU) ubica al país como el más inestable de Latinoamérica. La prestigiosa firma británica ha asegurado que no existe un ambiente propicio para la inversión y que el gobierno influye en los índices de inseguridad. Por su parte, la investigadora Elvira Cuadra detalló en un informe divulgado a inicios de mes que el índice de asesinatos iba en aumento con respecto a los años anteriores.
Incluso, la afirmación de que el país es un factor de “paz” es cuestionable. Nicaragua no tiene un buen puesto en el Índice Global de Paz, pues se sitúa en el puesto 130, lo que podría considerarse como un país peligroso. Tampoco tiene buenas relaciones con otros países. Las palabras empleadas en algunos comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores hacia las cancillerías de Costa Rica, Canadá, España y México han sido tachadas como “fuera de lugar” por expertos en relaciones internacionales.El canciller Moncada también se dedicó a defender a los regímenes de Cuba y Venezuela. Lo cierto es que dichos países representan los pocos aliados que tienen Ortega y Murillo, incluso entra la misma izquierda. A raíz del encarcelamiento de figuras históricas del sandinismo, grupos de intelectuales, académicos y políticos progresistas decidieron ponerle fin al mito del FSLN y cortar de una vez con la figura de Ortega. La izquierda mundial también ha dejado solos a los mandatarios.