“Nadie confía en nadie”, dice una simpatizante sandinista del distrito Cuatro de Managua. Lo dijo al salir de una reunión que hicieron un sábado de abril los miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), la estructura del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los barrios, en la acera de su casa para hablar sobre las próximas jornadas de salud, la vacunación contra la Covid-19 y la entrega de paquetes de alimentos a sus militantes. Después de la reunión la mujer se quedó hablando con otra vecina sobre “cómo están matando a los presos políticos en (la cárcel) El Chipote”.
La simpatizante sandinista dice que apoya al partido porque todos los meses le entregan paquetes de alimentos y otros bonos que “ningún otro gobierno me va a dar”. Sin embargo, decidió hablar de forma breve con DIVERGENTES porque no está de acuerdo en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los caudillos del FSLN, mantengan en la cárcel a los presos políticos. “Los pueden tener en la cárcel si quieren, pero no matándolos, pudriéndose”, dice.
Las palabras de esta militante sandinista representan un poco el descontento que se vive en las últimas semanas en las filas del partido. Las recientes renuncias del exembajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, y del abogado internacional de régimen, Paul Reichler, así como la orden de desactivar al sandinismo histórico deja entrever un malestar en el partido de gobierno. Una crisis interna, pero la pregunta es qué tan severa sea como para agrietar el control omnímodo de la pareja presidencial que, por ahora, goza con el apoyo decidido de las fuerzas armadas. No obstante, los síntomas están allí.
Fuentes dentro del partido relatan que los líderes de los CPC graban las reuniones y están más pendientes de las publicaciones que hacen los sandinistas en redes sociales. Sandinistas históricos han denunciado acoso por parte de paramilitares y policías después de criticar las órdenes del régimen; y a funcionarios públicos no los dejan salir de Nicaragua, les retienen sus pasaportes o incluso los han arrestado e investigan en estaciones policiales.
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Trabajadores del Estado advierten que la crisis económica del país, en la que el costo de la canasta básica es de casi 17 mil córdobas (479 dólares), está generando una presión entre las propias bases sandinistas de la que poco se habla. “No sabemos en qué va a terminar esto”, dijo un trabajador del Ministerio de Salud (Minsa). “Pero para la crisis económica vemos que el gobierno no tiene una propuesta de salida”, agrega.
Según este trabajador del sector salud, el problema es que este tipo de inconformidad no se pueden expresar dentro del partido porque ellos se vuelven objeto de represalias. “No nos podemos quejar y solo podemos acatar órdenes sin reclamar”, agregó.
El agrietamiento es cada vez más público. Este domingo 10 de abril el obispo de las Diócesis de Matagalpa y de Estelí, Rolando Álvarez, dijo que “hay miles de sandinistas”, entre ellos trabajadores del Estado, policías y militares que se le acercan a hablar porque “saben cuál es la verdad”.
El acoso a los sandinista históricos
Cinco policías rodearon la casa de la militante sandinista Sandra Martínez el sábado 2 de abril, después que se quejó en redes sociales sobre la orden de desactivar el sandinismo histórico, emitida por el régimen y firmada por el coronel en retiro Leopoldo Rivas, coordinador nacional del Sandinismo Histórico. La orden se difundió desde el 28 de marzo y ella escribió una publicación crítica en Facebook al día siguiente. “Ahorita en mi casa tengo cinco policías que están cuidando mi casa, no sé por qué. En la mañana vino el jefe de sector (policial) a preguntarme algunas cosas y yo le dije que se fuera a informar con la secretaría política”, dijo Martínez.
Entre los puntos de la orden estaba la prohibición de “continuar organizando y funcionando redes de inteligencia y contrainteligencia de cualquier naturaleza”. En el documento se admite que los sandinistas históricos fueron incorporados a las Unidades de Victorias Electorales (UVE) para las elecciones en las que se reeligió, sin competencia, a Daniel Ortega y Rosario Murillo en noviembre de 2021. Las UVE realizaron labores de espionaje en los barrios, y en la circular se admite que se les ordenó “recolectar información enemiga y transmitirlas a la Policía y el Ejército”.
Los sandinistas históricos fueron activados a raíz de las protestas de 2018. Una de sus funciones fue engrosar las filas de paramilitares para ejecutar la “Operación limpieza”, una acción armada para silenciar las manifestaciones a balazos. Se reportó la muerte de unas 355 personas y una delegación de expertos enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el régimen cometió crímenes de lesa humanidad.
El militante sandinista Marlon Sáenz, conocido como el “Chino Enoc” en redes sociales, dijo que la orden de “desconocer al sandinismo histórico” es de Rosario Murillo, porque fue la que puso en el cargo a Leopoldo Rivas. El ”Chino Enoc” considera que Murillo no puede tomar esas decisiones en el partido porque “nadie la ha elegido”. Para este militante sandinista, Murillo usurpa funciones en el partido.
En las últimas semanas El ”Chino Enoc” ha brindado entrevistas a algunos medios de comunicación que, según él, han puesto su vida en peligro. “El chayismo (seguidores de Rosario Murillo) ya se volvió criminal, porque mandar a atentar contra mi vida y mandarme a un narcotraficante, a un sicario conocido, eso es criminal contra tus propios compañeros y desde ya hago el llamado a rechazar a Rosario Murillo”, dijo en un video.
Para algunos militantes consultados la estrategia es apartar al sandinismo histórico para que Murillo logre un control sin contrapesos dentro del partido. Una parte del sandinismo, entre ellos los militantes más antiguos, apoyan al partido por respeto a Daniel Ortega desde sus años de guerrillero, pero no a Rosario Murillo, de quien dicen que ejerce un mayor poder en las decisiones del país. “Ante un vacío de poder de Ortega, Murillo ya tendría un mayor control dentro del partido”, dice esta fuente sandinista. “Pero no creo que logre calmar el descontento”, señala. Sin embargo, la vicepresidenta se ha erigido como una figura determinante. “A Rosario no la respetan, pero le temen”, dijo otra fuente sandinista cercana a la casa presidencial.
Interrogatorios a sandinistas
El diario Confidencial publicó que el exdiputado sandinista, Gerardo Miranda, fue encarcelado durante siete días en ”El Chipote”. Según el medio, Miranda fue liberado el pasado cuatro de abril. La razón del arresto habría sido una reunión que convocó en Rivas con miembros del “sandinismo histórico”, a propósito de la orden de disolver el movimiento por parte de Rosario Murillo.
Además de diputado, Miranda fue alcalde de San Juan del Sur, cargo desde el cual se le señaló de actos de corrupción. Miranda fue también coronel retirado de Lenín Cerna, exsecretario del FSLN y quien fue apartado por diferencias con Murillo.
Además de Miranda, se conoció que la magistrada sandinista Ileana Pérez fue arrestada por la Policía e interrogada en “El Chipote” a mediados de febrero, por un supuesto acto de corrupción en el registro de la propiedad de Rivas. En ambos casos las autoridades policiales no explicaron los motivos de los arrestos ni presentaron cargos contra los militantes del partido.
Un trabajador del Estado confió a DIVERGENTES que “ahorita lo que se percibe es un desconcierto” dentro del FSLN y “no se puede decir mucho porque hay demasiada presión y mucha desconfianza”. El militante sandinista dijo que “las decisiones son demasiado verticales, de un día para otro, y se hacen o se hacen”.
País por cárcel a sandinistas
Desde antes de esta crisis en el FSLN, Daniel Ortega y Rosario Murillo impusieron el país por cárcel a algunos militantes sandinistas. Según conoció DIVERGENTES, las autoridades migratorias del Aeropuerto Internacional de Managua han impedido la salida de Nicaragua a allegados del gobierno porque se ha decidido que “no van a permitir que ninguna persona que tenga información oficial salga del territorio”.
Esta orden restrictiva de salida del régimen es ejecutada por el Ministerio de Migración y Extranjería y coordinada con el Ministerio de Gobernación. En el caso de los nicaragüenses que viajan por vía aérea, los empleados de migración solicitan las listas de pasajeros a las aerolíneas con 24 horas de anticipación. Esto les permite indagar sobre las personas que desean salir del país.
La salida por la vía terrestre también está vigilada por los oficiales de migración. Hasta hace unos meses solo quiénes estaban en lista eran detenidos y regresados a su ciudad de origen. En muchos casos los pasaportes son decomisados. También a algunos directivos de cámaras empresariales (que por temor no hablan) les han impuesto de facto restricción migratoria.
La decisión se tomó luego de que varios aliados del Frente Sandinista o funcionarios del Estado salieran del país sin ser críticos y luego aparecían pidiendo asilo en Estados Unidos. Las alertas han aumentado en las últimas semanas, a raíz de la denuncia que hizo el propio embajador del régimen en la OEA, Arturo McFields, y el asesor internacional, Paul Reichler.