Dos senadores estadounidenses presentaron el pasado ocho de junio ante el Comité de Relaciones Exteriores un proyecto de ley para reactivar y ampliar la Nica Act y la Renacer, ambas aprobadas en 2018 y 2021 respectivamente. Según el politólogo Manuel Orozco, esta nueva propuesta actualiza las anteriores legislaturas, pero además tendría “más colmillo” para sancionar y presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El proyecto de ley fue propuesto por los senadores Marco Rubio, del partido Republicano, y Tim Kaine, del partido Demócrata. Se basa en la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua (NICA) de 2018 y la Ley de Refuerzo de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer) de 2021.
La propuesta extiende la autoridad del Gobierno de Estados Unidos para imponer sanciones a la dictadura nicaragüense hasta el 31 de diciembre de 2028. En lo medular, se amplían sanciones para incluir a funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos de los creyentes religiosos; y se aplicará sanciones a sectores y aliados o socios que propician inversiones en Nicaragua, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Programas de Desarrollo del Diálogo Interamericano, dijo a DIVERGENTES que esta propuesta es básicamente “una serie de herramientas adicionales” a las otras leyes, que se concentran en cinco áreas: sanciones a quienes agreden las libertades religiosas, reducir la inversión del BCIE, revisión del Cafta (Tratado de libre comercio con Estados Unidos), la prohibición de inversión de empresas americanas en Nicaragua, y aumentar el apoyo y presión de parte de Estados Unidos en las Naciones Unidas por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
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“Son puntos importantes, porque realmente es una forma de ejercer presión de parte del Poder Ejecutivo (Estados Unidos) hacia el Legislativo sobre el régimen de Nicaragua. En particular, en lo que respecta a las presiones económicas, en las que Estados Unidos no ha sido proactivo, y eso resalta algunas preguntas de si, ¿hay realmente una agenda común de actuar con mayor fuerza sobre Nicaragua en aspecto relacionados con Cafta?”, considera Orozco.
El experto señala que no se sabe a qué nivel se encuentran las conversaciones sobre las formas de generar presión a través del Cafta en Nicaragua, “pero sí es posible de que exista un consenso en que las sanciones individuales a Nicaragua no tienen la precisión necesaria para generar reformas políticas en el país, por lo que se está pensando subir la parada con presiones económicas a través de Cafta”, explica Orozco.
En la presentación del proyecto, el senador Marco Rubio dijo que las acciones “criminales” del régimen Ortega-Murillo, entre las que se incluyen el robo de las elecciones presidenciales de 2021 y la represión hacia la Iglesia Católica, “indican que su naturaleza vil sigue creciendo”. Rubio considera que la política de Estados Unidos hacia Nicaragua debería de ser la misma: “debemos implementar medidas que respondan a la realidad actual”.
En tanto, el senador Tim Kaine dijo que el deterioro de la democracia de Nicaragua conduce a la migración irregular, y eso “perjudica la estabilidad de nuestro hemisferio”. Kaine señaló que este proyecto de ley aborda la corrupción y los abusos de los derechos humanos del régimen de Ortega, al imponer sanciones más fuertes a los individuos e instituciones “que le han puesto mano dura a organizaciones de la sociedad civil, a la Iglesia Católica, y a los nicaragüenses que han denunciado abusos, y el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez”.
Sanciones que se pueden aplicar
El politólogo Manuel Orozco ha analizado sobre las posibles sanciones hacia el régimen Ortega-Murillo, a través del Cafta. El experto señala que cuando se habla de este tipo de sanciones se suele decir que generarían más pobreza y desempleo en Nicaragua. Orozco explica que existen diferentes sanciones: las que cierran cuentas bancarias o limitan las operaciones financieras de individuos o sectores. Sin embargo, hay sanciones comerciales que incluyen penalidades y multas, cambios o reposición de tarifas arancelarias y embargos económicos.
Orozco apunta a que hay sanciones que pueden quitar las licencias comerciales de empresas nicaragüenses en Estados Unidos. “En el caso del Cafta existen elementos específicos de correspondencia entre la violación al tratado y el tipo de penalidad, la cual no va en detrimento de los trabajadores”, dice Orozco.
El experto considera que las sanciones que se han aplicado en Nicaragua se han limitado a afectar al sancionado. Con respecto al Cafta, Orozco dice que “las violaciones al tratado de parte de Nicaragua son legal y directamente vinculantes con capítulos del tratado que activan el rendimiento de cuentas, que conlleva a diferentes medidas discrecionales de las otras partes del tratado”.
Por ahora, el proyecto se ha presentado ante el Senado. El proceso puede demorar unos cuantos meses, y de aprobarse se haría en torno a noviembre de este año.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió en abril pasado que Washington seguirá imponiendo sanciones económicas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para así presionarlo para que rinda cuentas por sus “abusos generalizados” y pueda retornar la democracia y el respeto de los derechos humanos en la nación centroamericana.
El año pasado, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), un centro de pensamiento con sede en Washington, elaboró un informe con una serie de acciones para presionar a la dictadura Ortega-Murillo. Entre ellas, restringir préstamos de multilaterales, suspender del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, detener el financiamiento del BCIE o revisar los privilegios comerciales en industrias importantes de la economía de Nicaragua.