Dos días después de aprobar la Ley que sometía a lo bancos a reabrir o abrir cuentas bancarias a las personas o entidades sancionadas, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) envió una circular este miércoles 27 noviembre a los gerentes de los bancos nicaragüenses con la que prácticamente deja sin efecto la normativa.
El documento, firmado por el superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, instruye que “las instituciones financieras deberán mantener la observancia de las regulaciones contra el lavado de Activos y el financiamiento al Terrorismo”.
Además, Siboif informa que “las instituciones financieras deberán establecer medidas de debida diligencia intensificada para los clientes designados en listas y deberán reportarlos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”, y agrega que “debe verificarse que la prestación de servicios financieros internacionales para estos clientes guarde correspondencia con las regulaciones contractuales internacionales”.
En su referencia, el documento es claro en que estas son “instrucciones sobre la Ley No. 1224, Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, con respecto a las regulaciones contractuales internacionales”.
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Segundo intento por burlar sanciones
Desde 2018, un centenar de funcionarios de la dictadura sandinista y operadores políticos han sido sancionados, así como instituciones del Estado: Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Los efectos principales de las sanciones internacionales a los personeros del régimen y sus instituciones son la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con empresas y ciudadanos de ese país. Los sancionados han sido bloqueados de tener cualquier relación con el sistema financiero: tarjetas de crédito, cuentas bancarias, entre otras transacciones financieras. La medida también se ha hecho extensiva a los familiares y cónyuges vinculados con los sancionados que puedan ayudar a esquivar el impacto de las sanciones.
Desde la perspectiva de Estados Unidos, lo que pretende la ley es proteger al sistema financiero de ser cómplice de personas corruptas o que han violado derechos humanos.
Este es el segundo intento del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por evadir las sanciones internacionales. En 2021, ordenó una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarios para forzar a los bancos a brindar servicios a los sancionados.
Según los analistas consultados, la primera reforma se hizo principalmente por el bloqueo financiero a los familiares de los sancionados. La justificación oficial es que los familiares o allegados no aparecen en ninguna lista de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), y que por lo tanto no pueden ser objeto de sanciones.
Sin embargo, la Ley aprobada esta semana era explícita e imponía cargos severos a las instituciones financieras en caso de no aplicarla. Analistas consultados dijeron que la medida buscaba presionar a la banca nacional para empujarla a buscar otros mercados financieros distintos a Estados Unidos, como Rusia o China, los aliados internacionales del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Esto va a dificultar la operatividad del comercio con Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial”, apuntó un analista.
Entre otras acciones, la ley “pone en riesgo” el comercio con Estados Unidos, pues todas las transacciones, exportaciones e importaciones se realizan a través de este sistema financiero. A diferencia de las reformas constitucionales que la dictadura ha aprobado en las últimas semanas, la Ley No. 1224, Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas todavía no se ha publicado en Gaceta, diario oficial.