Mientras en el resto de países de Centroamérica los precios de los combustibles han bajado debido a la caída del valor internacional del petróleo en los últimos tres meses, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene congelados los precios en Nicaragua desde inicios de abril, cuando anunció la medida para mitigar los incrementos como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y la recuperación económica después de la pandemia. Esto ha provocado que actualmente sólo Costa Rica tenga los combustibles más caros que Nicaragua en toda la región, según un experto en el negocio de hidrocarburos, consultado por DIVERGENTES.
El especialista realizó un análisis de precios de los combustibles de los países centroamericanos. Los datos existentes entre el 22 de agosto y el 26 de septiembre, por ejemplo, muestran que Costa Rica registra bajas de $0.54 en el precio del galón del diésel; $0.61 en gasolina súper y $0.68 en gasolina regular. Mientras que Guatemala en el mismo período presentó bajas en los precios del galón de diésel de $0.90; $0.23 en gasolina súper y $0.22 en regular. Sin embargo, en Nicaragua los combustibles continúan invariables desde el cuatro de abril de este año, cuando el precio del barril de petróleo de Texas, conocido como TWI, que es el de referencia para Nicaragua, se situó en casi $102. Actualmente, el barril de petróleo de Texas tiene un precio de $85.57. Una caída en el valor internacional que no se ha visto reflejada en los precios de los consumidores nicaragüenses.
El 12 de julio, la Asamblea Nacional, dominada por Ortega y Murillo, aprobó un préstamo de $200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para “financiar la implementación del programa temporal de apoyo ante la crisis de los precios de los combustibles en el mercado internacional y en Nicaragua”. Según el Ejecutivo, al asumir el 100% de las alzas en los precios de los combustibles y del gas licuado de cocina, el Estado de Nicaragua desembolsa entre 4 y 6 millones de dólares semanales.
El precio del barril de petróleo subió a partir de enero de este año, cuando se situó en $83.22, un valor similar al que tiene actualmente ($85.57 y a punta hacia la baja). Sin embargo, el 24 de enero, el galón de gasolina regular se cotizaba en C$41.07 (6.74 córdobas menos que ahora); el de súper en C$42.43 (6.54 córdobas menos) y el de diésel en C$37.56 (6.61 córdobas menos que actualmente).
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No obstante, el valor del precio del barril de petróleo continuó subiendo, hasta alcanzar $114.14 en junio. Ese mes Nicaragua tuvo los precios más bajos de gasolinas (regular y súper) en Centroamérica, sólo por detrás de El Salvador. Mientras que en diésel, sólo Honduras y El Salvador tuvieron precios más bajos. “El subsidio se estaba aplicando en ese momento a un promedio de más de un dólar por galón”, dijo un experto de la industria.
Por ejemplo, el comunicado del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) del 24 de junio informó que el galón de gasolina súper fue subsidiado en C$48.92; el de regular en C$30.69 y el de diésel en C$44.57. Mientras que el último comunicado, del 13 de septiembre, no registró subsidios en gasolinas, mientras que en diésel sólo fue de C$11.06.
El precio del barril de petróleo comenzó a bajar a partir de julio, y su caída continuó durante los dos meses siguientes (agosto y septiembre). El experto considera que, de seguir congelados los precios de los combustibles, el régimen sólo habría ocupado “unos $100 millones, de los $200 millones que recibió del BCIE” para subsidiar las alzas en los precios.
Colusión entre distribuidores y el régimen
El experto considera que “existe una colusión entre las distribuidoras y el régimen para mantener este congelamiento de precios”. Un arreglo que les permitió, desde hace más de una década, mantener los precios más altos de Centroamérica. Fuentes del mercado de hidrocarburos explicaron anteriormente que estos sobreprecios se aplican porque en Nicaragua existe un oligopolio en el negocio de las petroleras, sin que el INE logre transparentar cómo ocurren estos cambios de precios. “Se alían, explícita o tácitamente, para procurar ganancias anormales en un mercado o industria de la que sólo ellas poseen control”, dijo una de las fuentes.
En Nicaragua, el INE tiene las facultades de supervisar y fiscalizar los suministros de combustibles; los precios de los inventarios, especificaciones técnicas y normas. También de asegurarse que la fórmula de paridad para establecer los precios sea transparente. La Ley de Suministros de Hidrocarburos (Ley 742, reglamento 392011), le otorga la facultad para “revisar la fórmula de paridad de precios de referencias, cambios de las estructura de costos por transparencia”. Pero también, la Ley 277, artículo 39, prohíbe “las prácticas anticompetitivas, formación de cárteles, concertación interna de precios”. El congelamiento de precios que ha aplicado el INE desde hace 25 semanas confirma que el régimen tiene poder para manejar los precios.
El economista Enrique Sáenz calculó que solo el año pasado, 2021, las distribuidoras – coludidas con el régimen– obtuvieron 160 millones de dólares en sobreprecios. Sáenz hizo el cálculo con base en datos del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC) del año pasado. “Cuando escuchemos que hablen del congelamiento de los precios del combustible, sepamos que nos están sacando la lengua, porque ya nos despojaron de más de 150 millones de dólares en el 2021”, agregó.