El Ministerio del Interior (MINT) del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha negado la constancia de funcionamiento a Los Pipitos, la organización insignia y con mayor trayectoria en Nicaragua en la atención e inclusión de personas con discapacidad. La institución, fiel al dictado de los copresidentes, no ha emitido ese documento a la organización sin fines de lucro, lo que ha entorpecido su trabajo, a tal punto que el pasado 31 de agosto despidieron a varios trabajadores, la mayoría de ellos operarios con discapacidad. Aunque por ahora, la organización continúa operando con las limitaciones del caso.
DIVERGENTES tiene en su poder las cartas de despido de los trabajadores, a quienes se les informó, mediante una carta presentada como de “renuncia”, que el “último día efectivo” de sus contratos de trabajo sería el 31 de agosto de 2026. Es decir, el mismo día en que fueron entregadas: se trató de despidos de carácter inmediato, en medio de la presión del MINT a la Asociación Los Pipitos.
Fuentes de la Asociación Los Pipitos confirmaron los despidos y explicaron que, ante la falta de la “constancia de funcionamiento” emitida por el MINT, la organización no ha podido gestionar una partida presupuestaria que recibe del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que les remite pacientes. La falta de esos recursos les ha impedido cumplir con el pago de salarios.
La “constancia de funcionamiento” a la que se refieren los trabajadores es, en términos legales, la constancia de registro y cumplimiento de obligaciones que el MINT emite a los organismos sin fines de lucro. El documento se deriva de la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (número 1115), aprobada en 2022 por el régimen copresidencial, en medio de una ofensiva contra las organizaciones de la sociedad civil que ha dejado a miles de oenegés sin personería jurídica y fuera de operación desde 2018.
De acuerdo a fuentes del MINT consultadas para este artículo, la constancia puede emitirse por un período máximo de tres meses y mínimo de 30 días. Esto obliga a las organizaciones sometidas al régimen de la Ley 1115 a renovar de forma periódica el documento para mantener vigentes sus operaciones y trámites ante el Estado.
“Por ahora están en negociaciones con el Ministerio del Interior. En ese sentido, lo de los despidos es cierto, pero es porque no se han podido hacer gestiones a falta de ese documento”, confirmó otra fuente cercana a Los Pipitos. “Lo que sí te puedo asegurar es que desde semanas atrás funcionarios del Ministerio del Interior han estado solicitando de manera insistente documentación a la organización”.
Además, padres de familia han informado a DIVERGENTES que vía telefónica les anunciaron la suspensión de las terapias de sus hijos en Los Pipitos que eran financiadas bajo la modalidad de personas aseguradas por el INSS.
El antecedente de Teletón
Los Pipitos ya había perdido una de sus principales fuentes de financiamiento antes de quedar bajo presión del MINT. En marzo de 2025, el régimen Ortega-Murillo acabó de facto con la Fundación Teletón. El Ministerio del Interior citó a su presidente, José Evenor Taboada, quien fue amenazado con el destierro y posteriormente desapareció durante varios días. El régimen también prohibió la colecta anual y mantuvo bajo vigilancia las oficinas de la fundación en Managua.
Ese mismo día, funcionarios del Ministerio de Salud intervinieron el Centro Teletón Las Segovias, en Ocotal. La cancelación formal de la personería jurídica de Teletón no fue publicada, pero la fundación quedó impedida de realizar su principal actividad de recaudación.
La historia de ambas organizaciones está estrechamente ligada. Los Pipitos, fundada en 1987 por padres y madres de personas con discapacidad, fue la principal beneficiaria de la colecta del Teletón desde que esta comenzó en Nicaragua, en 2001. Durante esos 17 años, los fondos recaudados sostuvieron programas y centros de atención para personas con discapacidad.
La red llegó a contar con ocho centros de atención. Además del Instituto Médico Pedagógico Los Pipitos, en Managua, había centros regionales en Chinandega, Ocotal y Juigalpa, así como Centros de Educación Temprana en Managua, Ciudad Sandino y Rivas. Para 2016, la Fundación Teletón reportaba que sus recursos permitían atender gratuitamente a unos 35.000 niños, adolescentes y jóvenes al año.
No es la primera vez que el régimen Ortega-Murillo cancela una organización dedicada a la atención de personas en situación de vulnerabilidad. En marzo de 2022, lo hizo con la personería jurídica de Operación Sonrisa Nicaragua, que durante 28 años realizó cirugías reconstructivas gratuitas para niños, jóvenes y adultos con labio y paladar hendido.
La organización llevó a cabo miles de procedimientos mediante brigadas médicas y contaba con un centro de atención integral en Managua, con 18 especialidades médicas y terapéuticas. La cancelación ocurrió un día antes de su colecta anual y dejó en suspenso la atención de pacientes que ya estaban en proceso de evaluación.
Otro caso fue el de la Cruz Roja Nicaragüense. En mayo de 2023, el régimen Ortega-Murillo canceló su personería jurídica y confiscó sus bienes, después de más de 80 años de presencia en el país. El régimen ordenó además crear una nueva Cruz Roja, adscrita al Minsa, bajo control estatal.
Los Pipitos, un símbolo
Durante décadas, Los Pipitos no solo han sido un símbolo, sino también un sostén para miles de familias con personas con discapacidad en Nicaragua. Su trabajo va más allá de la atención y la rehabilitación: el llamado “Modelo Asociativo” coloca a las familias en el centro del proceso y busca que participen activamente en el desarrollo de sus hijos, en lugar de limitarse a llevarlos a terapia.
La organización trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes con diferentes tipos de discapacidad, entre ellas auditiva, visual, intelectual y motora, así como con personas con dificultades del lenguaje. Su modelo combina rehabilitación, educación, inclusión social y preparación para la vida independiente, mediante consejeros familiares, Grupos de Aprendizaje Familiar y Centros de Aprendizaje para la Vida (CAV).
Los CAV son el principal instrumento territorial de ese modelo. Allí las familias reciben orientación para acompañar a sus hijos en la vida cotidiana y construir planes de desarrollo, mientras las brigadas móviles llevan servicios como fisioterapia, psicología, estimulación temprana y apoyo educativo a comunidades donde las familias tienen dificultades para desplazarse hasta los centros especializados.
La organización reporta actualmente 38 Centros de Aprendizaje para la Vida y 83 capítulos en Nicaragua. En su información institucional también registra “más de 12 000 familias empoderadas y 70 000 atenciones”.
Esta red comenzó a construirse en 1987, cuando 21 padres y madres de niños con discapacidad se organizaron para buscar una respuesta a la exclusión que enfrentaban sus hijos. Lo que comenzó como una asociación de familias terminó convirtiéndose en una de las principales redes de atención a personas con discapacidad del país. Hoy, la continuidad de esta organización se tambalea ante la dictadura copresidencial.