Régimen Ortega-Murillo receta “silencio, cárcel o exilio” a los religiosos

El embajador especial de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Rashad Hussain, mira con tristeza y preocupación las violaciones a la libertad religiosa en el país. El diplomático participó en un panel realizado en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de los Derechos Humanos

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional vigilan la entrada de la iglesia de San Jerónimo. EFE.

La violación de derechos humanos en Nicaragua ha llegado a su cumbre máxima. Así lo cree un grupo de panelistas que participaron en una conferencia de prensa sobre libertad religiosa, celebrada en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al evento asistió el embajador especial de Estados Unidos (EE.UU.) para la Libertad Religiosa Internacional, Rashad Hussain; y los defensores Leyla Prado y Juan Carlos Arce.

“Veo con tristeza y preocupación que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantenga una presión continua contra la sociedad civil, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos, activistas de oposición y líderes religiosos”, aseguró el embajador Hussain. 

El Departamento de Estado de EE.UU. publicó el 13 de mayo un informe sobre libertad religiosa en el que dedicó un capítulo para abordar la situación de Nicaragua, y las violaciones a este derecho que lo ampara la Constitución del país. En el documento se reportaron las arbitrariedades y agresiones contra los líderes católicos que han sido asediados desde el estallido social de 2018, debido a la ayuda humanitaria que prestaron durante las protestas. 

Desde entonces, la persecución a religiosos se ha incrementado, culminando con la detención de once católicos, que incluye a curas, laicos y diáconos. “La violación a los derechos humanos ha alcanzado su cumbre máxima. Hay una persecución sistemática de las voces disidentes. Lo que el gobierno quiere evitar es que estos pastores que transmiten esperanza, que transmiten a la población, sean una voz ante las violaciones de los derechos humanos”, agregó la abogada Leyla Prado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).

Por su parte, el abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, aseguró que “la mayoría de religiosos detenidos están en El Chipote, un centro donde se practica la tortura como un patrón de manera sistemática”.

Un año funesto para los creyentes católicos

Ilustración Divergentes.

El régimen elevó la parada de la represión al iniciar procesos judiciales contra sacerdotes, como el caso del padre Manuel García, condenado a dos años de cárcel por el delito de amenaza con arma contra cinco simpatizantes sandinistas del municipio de Nandaime, en Granada. 

La segunda detención fue la de monseñor José Leonardo Urbina, vicario episcopal de la ciudad de Boaco. El régimen lo acusó de cometer un abuso sexual contra una menor de 14 años. Sin embargo, el secretismo del régimen y la instrumentalización del sistema judicial levanta dudas acerca de los señalamientos que realizó la Fiscalía, quien ha fungido desde el estallido social de 2018 como una de los brazos represores del régimen.

“El impacto (de la escalada represiva) en la población en general es un desafío que tenemos que empezar a medir. El cierre de organizaciones católicas tienen una afectación muy grande, sobre todo en las población empobrecida”, agregó Arce.

Una investigación de la abogada Martha Patricia Molina Montenegro, titulada “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida? (2018-2022)”, advierte que “el rol de la Iglesia Católica ha sido fundamental en la crisis de vulneración de derechos humanos que enfrenta Nicaragua”.

En el informe se registraron 46 ataques contra la Iglesia Católica nicaragüense y sus jerarcas. Uno de los más destacados fue el ingreso de una turba a la Catedral de Managua, amenazas de muerte a sacerdotes nicaragüenses y profanaciones de distintos templos, como la quema de la imagen de la Sangre de Cristo, también hubo un atentado contra el padre Mario Guevara Cerda, ahora con 63 años de edad, quien sufrió lesiones producto de ácido sulfúrico. 

El régimen también ha impuesto un arresto domiciliario contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y una de las voces más críticas dentro de la jerarquía católica. En sus homilías, Álvarez criticaba al régimen de Ortega y Murillo. La Policía Nacional sacó al obispo de la casa cural, lugar en el que permanecía junto a otras ocho personas. Dentro de su vivienda realizaba rezos y exorcismos que se transmitían en la página de Facebook de la Diócesis de Matagalpa.