Régimen Ortega-Murillo rompe récords en violaciones de derechos humanos en 2022

Según la organización Raza e Igualdad, la dictadura ejecutó el mayor cierre de organizaciones civiles en Nicaragua desde la crisis de 2018 y obligó a más de 300 mil ciudadanos a salir del país ante el clima de opresión y la falta de oportunidades


La administración de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, rompió récords en 2022 en materia de violación de derechos humanos en Nicaragua con más de tres mil organizaciones civiles canceladas, aumento en la cifra de presos políticos y un éxodo “inédito” de ciudadanos nunca visto en la historia del país centroamericano. Así lo revela el último boletín del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race and Equality).

Para dimensionar la grave crisis que vive Nicaragua, el organismo internacional resalta que el 2022 es el segundo año con más casos de personas privadas de libertad, que superan los 235, “solo superado por los 674 casos (de presos políticos) registrados en 2018”, cuando Ortega-Murillo reprimieron brutalmente las protestas sociales.

Raza e Igualdad observó que en diciembre pasado las autoridades nicaragüenses autorizaron solo tres visitas a los opositores detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, lo que podría interpretarse como “una muestra de la falta de voluntad de liberar a los presos políticos”.

Además, el organismo puso en perspectiva las resoluciones dictadas por Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en noviembre y diciembre pasado respectivamente, con relación a la situación de los presos políticos y el incumplimiento de Ortega-Murillo a las recomendaciones hechas por dichos organismos.

Éxodo de nicaragüenses

Ilustración de Divergentes.

El instituto también se mostró preocupado por la salida masiva de nicaragüenses hacia Estados Unidos, Costa Rica y otros destinos, motivados por el clima de opresión en Nicaragua y la falta de oportunidades.

Según el organismo, en el 2022 al menos 328,443 ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses salieron del país, “una cifra que supera los 161,269 que salieron en el año 2021, que también había marcado un récord en el historial migratorio de Nicaragua”.

Entre enero y noviembre de 2022 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) reportó un total de 181,566 detenciones de migrantes nicaragüenses en las fronteras estadounidenses. En tanto, en Costa Rica, otro de los destinos de los nicaragüenses, en ese mismo periodo las autoridades migratorias contabilizaron 76,676 solicitudes de refugio.

Los otros 70,201 nicaragüenses salieron hacia otros destinos, como España, Panamá, México, Canadá, El Salvador y Guatemala, señala el instituto.

“Tierra arrasada”

Sede de la oenegé de mujeres OYANKA, en Jalapa, Nueva Segovia, confiscada por el régimen. Foto de Divergentes

Por otra parte, Raza e Igualdad advirtió en su boletín que más de tres mil organizaciones que operaban en Nicaragua, en su gran mayoría locales, fueron anuladas por la administración sandinista en el 2022, siendo el año con más cancelaciones ejecutadas desde el 2018.

Con estas acciones represivas, dice Raza e Igualdad, el régimen Ortega-Murillo, a través del Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional, continúa implementando su política de “tierra arrasada” respecto a la libertad de asociación.

Precisó que, en 2022, el régimen despojó de su personalidad jurídica a 3,108 organizaciones sin fines de lucro, para un total de 3,182 oenegés clausuradas desde noviembre de 2018, seis meses después que estallara la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.

“Estas cancelaciones masivas de ONG han dejado en situación de vulnerabilidad a grupos poblacionales históricamente discriminados como juventudes, niñez y mujeres víctimas de violencia, pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros”, señala el organismo.

Además, el instituto observó un incremento en los casos de violaciones a la libertad de prensa, con más de 700 en el 2022, señaló el organismo citando a la plataforma regional Voces del Sur.

Por último, hizo referencia que organizaciones humanitarias han llamado al Consejo de Derechos Humanos a renovar el mandato del “Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Nicaragua”, bajo el argumento de que el “clima de opresión se ha intensificado como consecuencia de la existencia de un “esfuerzo sistemático para sofocar a opositores y disidentes”.