A un mes para que se celebren unas elecciones generales sin competencia en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo convirtió la contienda “en un potencial foco de tensión”, en el cual no solo está en juego la sostenibilidad del país, sino las relaciones bilaterales con otras naciones. Así lo confirma un reciente análisis de Crisis Group, organización que se encarga de la resolución de conflictos.
Ante el recrudecimiento de la represión contra opositores y voces críticas, Crisis Group recomienda un trabajo en conjunto entre Estados Unidos, Canadá y otros gobiernos de la región para coordinar una respuesta unificada “en caso de que se lleven a cabo unas elecciones cuestionables, lo cual podría incluir ampliar las sanciones específicas y medidas disciplinarias por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), siempre que éstas sean calibradas para mitigar su impacto humanitario”.
Las próximas elecciones han sido tachadas de “ilegítimas” por la oposición nicaragüense que ha sido expulsada de la contienda. La escalada represiva agudizó más la crisis sociopolítica que el país arrastra desde 2018. Pese a tener todo el control en el Poder Electoral, Ortega y Murillo encarcelaron a siete opositores que pretendían enfrentarlo en las urnas. También despojó de su personería jurídica a los dos únicos vehículos electorales de la oposición. La respuesta de la comunidad internacional ha sido aumentar la presión ante lo que muchos consideran como la consolidación de un régimen de partido único. El FSLN reafirmó su permanencia en el poder con la ayuda de media docena de partidos colaboracionistas.
“A medida que se acerca el día de las elecciones, parece cada vez más probable que Ortega obtenga la victoria en una elección amañada, generando las condiciones propicias para que se incremente la inestabilidad, la crisis humanitaria y la emigración, y sentando un peligroso precedente en una región que está experimentando un giro hacia un mayor autoritarismo”, afirma la publicación de Crisis Group.
La crisis se extiende fuera de las fronteras
Crisis Group alerta que la situación que vive el país podría sembrar un mal precedente en una región convulsa. “Otros líderes políticos en Centroamérica pueden sentirse alentados a seguir los pasos de Ortega, particularmente si EE. UU. da prioridad a la cooperación en el control migratorio y antinarcóticos e impone pocos costos por el retroceso democrático”, señala el informe. El ejemplo más claro de un autoritarismo reciente sucede en El Salvador. El presidente Nayib Bukele ha mostrado tintes autoritarios al concentrar casi todos los poderes del Estado.
Las actuaciones del régimen han sido tan sorpresivas como incomparables en la historia reciente de Nicaragua. “En los últimos meses, la represión estatal en Nicaragua ha alcanzado niveles que no se veían en América Latina desde el final de las dictaduras de la región en la década de 1980, con la detención de al menos 37 opositores de alto nivel, incluidos siete aspirantes presidenciales, y obligando a muchos otros a exiliarse”, asegura la organización que plantea resoluciones de conflictos.
Pese a la creciente presión de instancias internacionales como la Unión Europea, quienes ya han anunciado que no reconocerán un proceso electoral ilegítimo, la respuesta del gobierno nicaragüense ha sido mantener los juicios políticos contra los 37 opositores que han sido encarcelados desde inicios de junio. En la lista de detenidos figuran activistas, precandidatos presidenciales, empresarios y líderes estudiantiles y campesinos. “Consciente de lo que pasó en las elecciones de 1990, en las que los sandinistas dirigidos por Ortega sufrieron una sorpresiva derrota al final de una década de guerra civil, el gobierno ha puesto en marcha una descarada estrategia de coerción e intimidación”, analiza el informe.
“Un enfoque secuenciado y coordinado”
Crisis Group recomienda a la Unión Europea y a sus Estados miembros que intensifiquen “su involucramiento con Nicaragua”. “Si bien hay poco o nada que los actores externos pueden hacer para cambiar la estrategia electoral actual de Ortega, mantenerse al margen tampoco es una buena opción. Abstenerse de criticar la creciente represión o imponer costos si se amañan las elecciones enviaría una señal peligrosa y aumentaría el riesgo de que otros líderes latinoamericanos recurran a tácticas antidemocráticas desestabilizadoras en sus propios países”, opinan los analistas.
La estrategia a seguir, según esta organización, es coordinar una estrategia conjunta entre la Unión Europea y Estados Unidos para exigir una serie de condiciones antes de las elecciones. “Deben continuar pidiéndole a Ortega que pare la represión contra la disidencia política, libere a los presos políticos, y permita el monitoreo de las elecciones por parte de periodistas nacionales y extranjeros y organizaciones de la sociedad civil”, aseguran.
Una de las opciones que plantean es la continuación de los canales diplomáticos que todavía siguen abiertos, como el Vaticano y los gobiernos regionales de Bolivia y Perú. Lo que Crisis Group no aconseja es la imposición de sanciones antes de las elecciones, porque “podría alimentar la ira de Ortega y los ataques a la oposición en lugar de aplacarlos. Una vez que se hayan llevado a cabo las elecciones y él haya logrado sus objetivos, es probable que los cálculos del presidente sean diferentes y que las herramientas de presión resulten más útiles”.
Sin embargo, las instancias internacionales deberían preparar una respuesta contundente si las elecciones son manipuladas, como seguramente lo serán. Estas medidas, según Crisis Group, deberían incluir sanciones “contra personas, empresas e instituciones que contribuyeron significativamente a la represión relacionada con las elecciones”. Incluso, se podría explorar la “expulsión temporal de Nicaragua en la OEA”.
“Deben abstenerse de expulsar a Nicaragua de los acuerdos de libre comercio, tal como el acuerdo de asociación de la UE y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), lo que afectaría gravemente a la economía del país, orientada a la exportación, y podría estimular la salida de migrantes a un ritmo aún mayor”, aseguran los expertos.