El pasado 19 de agosto se difundió un video en el que se ve a unas personas quemando una bandera del partido Frente Sandinista, de los caudillos Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el paso a desnivel de la rotonda Centroamérica de Managua, un punto neurálgico de la capital. El video dura apenas 25 segundos y es filmado desde lejos. Minutos después, un grupo de universitarios –sin identificar– se atribuyó la protesta por las confiscaciones de las universidades privadas, Universidad Centroamericana (UCA) y Universidad Juan Pablo II, donde supuestamente estudiaban.
La escena retrata la única manera en la que los ciudadanos pueden expresar sus inconformidades en Nicaragua: de forma rápida, en completo anonimato y sin previo aviso. Las demandas se realizan de esta forma desde hace cinco años, el 28 de septiembre de 2018, cuando el régimen Ortega-Murillo declaró ilegales las protestas e impuso un Estado policial en el país.
Cinco años después de prohibir de facto –por medio de una circular de la Policía– las manifestaciones físicas, los ciudadanos han visto cómo hasta sus espacios virtuales fueron censurados: las críticas contra el régimen Ortega-Murillo en redes sociales son castigadas con cárcel y destierro. El último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) señaló que existe “un efecto paralizador en la sociedad nicaragüense”, porque “cualquier persona que critique al gobierno es castigada”.
Luego de que Ortega impuso el Estado de excepción, en el que no permite espacio para la oposición sin que esto signifique detenciones, amenazas, asedio y hostigamiento, preparó una serie de candados legales que le ayudaron a perpetuarse en el poder.
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Entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, aprobó una triada de leyes represivas: Agentes Extranjeros, Ciberdelitos y Soberanía. Además, hizo unas reformas a la Ley 1060, del Código Procesal Penal, que ampliaron el plazo de detención a los encarcelados, que era de 48 horas y ahora es de, “no menor a 15 días y ni mayor a 90 días”.
La Ley de Agentes Extranjeros creó un marco jurídico para declarar “traidor a la patria” a cualquier ciudadano crítico por las vías de hecho, mientras que la de Ciberdelitos se ha utilizado para capturar y procesar opositores por opinar en redes sociales. Uno de los casos más emblemáticos fue el del periodista deportivo, Miguel Mendoza, quien fue condenado a nueve años de cárcel por supuestamente cometer “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. En su juicio, se presentaron como pruebas más de 30 publicaciones en redes sociales (Twitter y Facebook) que “causaban zozobra”. Mendoza fue liberado, finalmente, en febrero de este año, después de más de 600 días de cárcel por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
El director ejecutivo de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH), Pablo Cuevas, considera que en Nicaragua existe “un Estado policíaco de terror que no sólo está apuntalado hacia los opositores, sino hacia los simpatizantes del Frente Sandinista, funcionarios del gobierno y trabajadores del Estado”.
Cuevas es una de las víctimas del régimen Ortega-Murillo. En marzo de 2022, el veterano defensor de derechos humanos huyó de Nicaragua, junto a su familia, debido a las amenazas de operadores sandinistas. Después de 40 días de travesía por Centroamérica y México llegaron de forma irregular a Estados Unidos, donde actualmente viven. Ahí, Cuevas colaboró en la fundación del nuevo organismo de derechos humanos. Como acto de represalia, el régimen lo incluyó en una lista de 94 personas, a las cuales despojó de la nacionalidad nicaragüense y les confiscó sus bienes.
“La dictadura se quitó la máscara en 2018”, dice Cuevas. Explica que antes de la rebelión, el régimen intentaba silenciar las críticas mediante chantaje económico, amenazas y hasta muerte, pero de forma solapada. “En Nicaragua pareciera que existe un Estado de emergencia, con el cual todos los derechos fueron suspendidos”, señala Cuevas.
En la circular del 28 de septiembre de 2018, la Policía responsabilizaba a las personas y organismos que “han convocado y convocan a estas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales de las alteraciones al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas, y de las agresiones que irrespetan el derecho al trabajo, a la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses”.
La prohibición se concretó el mismo día que se convocó a una nueva marcha de protesta cívica, llamada “Marcha de la rebeldía, no tenemos presidente”. La Policía advirtió que “los convocantes son responsables y responderán ante la justicia de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades”.
La última marcha que hubo en el país fue la del 23 de septiembre de 2018, cuando unos paramilitares dispararon– según consta en fotografías y relatos de testigos– hacia los manifestantes y causaron la muerte de Matt Romero, un adolescente de 16 años de edad que participaba en la marcha.
Un sociólogo e investigador independiente dijo que desde que el régimen Ortega-Murillo ejecutó la “Operación limpieza”, en junio de 2018, “estaba decidido a imponer un Estado policial sobre la sociedad nicaragüense”. La “Operación limpieza” fue un operativo en el que se combinaron policías con paramilitares para desarticular los tranques –bloqueos de carreteras– que instalaron los manifestantes como forma de presión. Esta actuación provocó la muerte de decenas de ciudadanos opositores.
El pasado 11 de septiembre, Ortega reconoció que en 2018 ordenó la “Operación limpieza”. “Había un momento en el que había que restablecer el orden, restablecer la paz. Fue la Policía y con los policías voluntarios, desmantelamos los famosos tranques de la muerte”, dijo el mandatario.
En estos cinco años de Estado policial, el régimen ha realizado una serie de actos descabellados con el objetivo de eliminar cualquier tipo de protesta. En 2018 los colores azul y blanco fueron los símbolos del movimiento autoconvocado contra los Ortega-Murillo. Entonces, la Policía encarceló a ciudadanos que la portaban y persiguió a algunos comerciantes que las vendían. También se difundieron videos en los que aparecían policías reventando chimbombas azul y blanco que eran lanzadas a las calles como acto de protesta.
Otro de los actos represivos más insólitos fue en contra de Santos Camilo Bellorín Lira, un campesino del norte del país, condenado a 11 años de cárcel por supuestamente realizar “ciberdelitos”. Bellorín, un agricultor que apenas sabe leer, nunca había tenido redes sociales ni tenía computadora o smartphone. Sin embargo, en el juicio se le perfiló como “agitador digital”.
El investigador explica que los Estados policiales son los regímenes que utilizan las instituciones estatales y la Policía para ejercer un nivel de control fuerte sobre los ciudadanos. Precisamente, una de las primeras acciones que tomó el régimen, encaminado a la imposición del Estado policial, fue la de impedir el derecho a la movilización de los ciudadanos y a la protesta pacífica.
“A partir de entonces, las manifestaciones o marchas fueron restringidas, en primer lugar, por medio de una violencia letal con armas de fuego, y después, la Policía con este decreto de prohibir marchas o manifestaciones”, añade.
Uriel Pineda, especialista en derechos humanos, también fue incluido en la lista de los 94 nicaragüenses desterrados y confiscados por la dictadura. Pineda considera que esta prohibición del derecho a las protestas tiene elementos para considerarse como crimen de lesa humanidad, “pues existe un Estado policial que reprime cualquier manifestación”.
El experto dice que en la medida que una persona haya sido encarcelada por participar en una manifestación, “estamos en la presencia de elementos para acreditar como crímen de lesa humanidad por la persecución y el encarcelamiento a opositores”.
Pineda señala que el trasfondo del incremento de la represión se explica “por el miedo que tiene el régimen Ortega-Murillo de un nuevo estallido social como el de 2018”.
Estatales: “criticar al Gobierno es el peor delito”
No sólo los opositores han sido víctimas. La represión y el espionaje se ha agudizado en los últimos años contra sus propios simpatizantes sandinistas. Dos trabajadores de instituciones públicas, de la Dirección General de Aduanas (DGA) y del Poder Judicial, hablaron con DIVERGENTES para contar el acoso y vigilancia que existe en sus lugares de trabajo por parte de los secretarios políticos a cargo (cada institución tiene un secretario político del FSLN que baja las directrices del partido; en muchas ocasiones este operador tiene más poder que el propio director de la institución).
El trabajador de la DGA dice que está seguro que su celular se encuentra intervenido. “Por eso no me gusta enviar mensajes por WhatsApp sobre política o que mencione a la familia (Ortega-Murillo)”, dice el trabajador estatal.
“He conocido casos de personas que se las llevan presas por alguna publicación o por alguna conversación en la que criticaron al gobierno”, dice, en una entrevista en persona para evitar utilizar celulares. “Estos casos no se denuncian porque no son opositores, sino simpatizantes del partido, y las familias de ellos tienen miedo”, continúa.
El trabajador público dice que en Nicaragua “vivimos en una cárcel”. Este hombre dice que “se puede cometer cualquier delito y el castigo no es tan fuerte”, como lo es cuando se critica al gobierno. “Hablar (criticar) o decir alguna inconformidad en contra de la familia (presidencial) es el peor delito que se pueda cometer”, añade.
El país por cárcel que tienen los trabajadores estatales quedó reflejado en una investigación de DIVERGENTES, la cual expuso varios casos de empleados públicos a los que no les permitieron la salida del país.
Existe un control total sobre las solicitudes de vacaciones y las salidas del país de ellos. De nuevo son los secretarios políticos los que se encargan de seguir los pasos de los empleados públicos que tienen información sensible y el “anhelo” de irse de Nicaragua.
El bloqueo también se extiende contra los “allegados al gobierno”. En noviembre de 2021 las autoridades migratorias impidieron la salida de Álvaro Baltodano Monroy, hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, Delegado Presidencial para Fomento de las Inversiones. Otro que fue imposibilitado de salir fue Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), cuya personería jurídica fue cancelada el año pasado por la Asamblea Nacional.
El 23 de noviembre de ese mismo año se le impuso “país por cárcel” a Daniel Rosales, hijo del fallecido magistrado de la CSJ, Francisco ‘Chicón’ Rosales. Según una fuente de Gobernación, este intentó viajar a Estados Unidos, pero fue devuelto a su casa. Rosales alegó que viajaba por razones médicas, pero le negaron la salida.
El trabajador del Poder Judicial dice que “existe terror” entre los mismos partidarios porque “el espionaje está en todos lados”. Esta fuente cree que en la labor de espionaje están colaborando organismos de inteligencia extranjeros de Cuba y Rusia, dos de los aliados internacionales que apoyan al régimen Ortega-Murillo en su deriva autoritaria.
Durante el acto del 44 aniversario de la fundación de la Policía Nacional de Nicaragua, Daniel Ortega confesó que el secretario de Estado y subdirector de las tropas federales de la guardia nacional de Rusia, Oleg Anatolyievich Plokhoi, se encuentra en Nicaragua “para enfrentar mejor a los golpistas, a los terroristas”, los motes que utiliza el mandatario para referirse a los opositores desde la crisis política de 2018. “Estamos defendiendo la paz”, justificó el dictador el pasado 11 de septiembre.
El trabajador del Poder Judicial dice que estos organismos de inteligencia “se encargan de mantener informada” a la dirigencia del partido sobre cualquier movimiento de insurrección, porque saben que el nivel de descontento que existe actualmente es muy alto. “Los nicas estamos siendo espiados por organismos extranjeros, a esos niveles está nuestro país”, apunta.
Represión a la libertad religiosa
Los atropellos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo trascienden del ámbito político. En los últimos dos años, la Iglesia Católica ha sido un objetivo a desarticular.
Un estudio titulado “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?”, elaborado por Martha Patricia Molina, una especialista en temas religiosos, registró 529 agresiones contra la Iglesia desde 2018, el año que estalló la crisis en el país. Sólo en los tres primeros meses de este año se registraron 90 ataques. Además, al menos 85 religiosos han huido del país debido a la persecución, según Molina, quien documenta estas agresiones.
Actualmente, la dictadura mantiene a ocho sacerdotes como presos políticos, entre ellos el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel en una celda de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
Esto provocó que el papa Francisco dijera, en marzo de este año, que la pareja en el poder de Nicaragua “tiene un desequilibrio” y pareciera que quisieran “instaurar la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana de 1935”.
Como parte de esta venganza, desde agosto de este año, el régimen ejecutó una arremetida contra la orden jesuita en Nicaragua. La dictadura confiscó la Universidad Centroamericana (UCA), porque supuestamente “funcionó como un centro de terrorismo”. Una semana después, aprobó la cancelación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús y ordenó la confiscación de sus bienes inmuebles.
Sin embargo, la arremetida se extiende hacia los feligreses. Las procesiones católicas son prohibidas en Nicaragua. Por ejemplo, este año tampoco saldrán las procesiones de San Jerónimo, el patrono de Masaya, por decisión de la Policía. Desde 2018, esta festividad no se celebra, primero por la crisis política; luego por la pandemia, y en los últimos dos años por decisión del régimen sandinista de no otorgar permiso para que se haga la manifestación religiosa.
Ortega justifica estos ataques contra la Iglesia porque los jerarcas religiosos encabezaron el “intento de golpe de Estado” en 2018. En febrero de este año, el mandatario dijo que la Iglesia Católica era una “mafia organizada desde el Vaticano”, y dos meses más tarde llamó “golpistas” a los sacerdotes nicaragüenses. El sociólogo e investigador considera que el nivel de radicalización del régimen se expresa en esta anulación del derecho a manifestar las creencias y expresar la fe religiosa. “La represión pasó de la esfera política a impedir cualquier tipo de expresión religiosa, que no tiene que ver con la política, sino con las creencias de la gente, de profesar un credo religioso”, valoró.