En las noches, Ricardo sale a correr durante hora y media. Son, aproximadamente, unas 30 vueltas a un parque –no se precisa la ubicación por motivos de seguridad– cercano a su casa. Esta rutina la hacía desde hace ocho años, cuando tenía un poco de sobrepeso. Para entonces tenía 18 años de edad, y recién había ingresado a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) para estudiar Economía.
Con los ejercicios, en pocos meses, Ricardo perdió más de 20 libras. Ya había conseguido bajar hasta su peso ideal, pero siguió corriendo en el mismo parque para mantenerse. Lo hizo hasta que el 19 de abril de 2018 miró unas columnas de humo que se extendían en el cielo plomizo de aquella tarde, y sintió molestias para respirar y picor en la cara, provocado por los gases lacrimógenos que la policía lanzaba a los manifestantes en las cercanías de la Universidad Politécnica (Upoli).
Junto a otros amigos, Ricardo avanzó hasta la Upoli, pero no pudo llegar porque el lugar estaba rodeado de policías y miembros de la Juventud Sandinista (JS). Regresó a su casa y siguió las noticias de la represión policial desde las redes sociales. “Ahí me llegaron mensajes, a mi celular, de mis compañeros, para convocarnos en la UNAN al día siguiente, porque ya se hablaba de tomársela”, dice Ricardo, quien ahora tiene 26 años de edad.
“He dejado de hablar de abril”
Desde ese día, el 20 de abril de 2018, Ricardo vivió muchas cosas en poco tiempo: se integró de cabeza –más rápido de lo que esperaba– a las protestas de la Rebelión de Abril, fue uno de los estudiantes atrincherados en la UNAN (en forma de protesta); miró morir a amigos, sobrevivió a enfrentamientos con policías y paramilitares; fue apresado durante una semana en el antiguo Chipote y amenazado de muerte por excompañeros de la universidad.
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“Yo decidí desaparecer para sobrevivir”, dice Ricardo, quien dejó de estudiar en la UNAN, y, aunque después se matriculó en una universidad privada, tampoco pudo terminar sus estudios. “Vivía con ansiedad y con miedo de salir de mi casa, no me concentraba en mis estudios, y eso me tenía bloqueado”, recuerda.
Ricardo dejó de organizarse en los emergentes movimientos políticos. Todavía tiene amigos que hizo durante su atrincheramiento en la UNAN (muchos de ellos en el exilio), pero la mayoría con los que se junta ahora los conserva desde antes de 2018. “He querido dejar de hablar del tema (de la Rebelión de Abril) porque creo que es lo mejor para mí, y para permanecer todavía en Nicaragua”, dice Ricardo, y agrega: “Yo sigo siendo opositor, estoy en contra de la mayoría de abusos del Gobierno (sandinista), pero aquí estamos solos y amenazados”.
Críticos temerosos
Seis años han pasado desde que miles de jóvenes, como Ricardo, iniciaron las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuya respuesta fue sangrienta: 355 fallecidos, cientos de arrestados y miles de heridos y en el exilio. “Los que estamos en Nicaragua, solamente estamos sobreviviendo”, dice Ricardo.
A seis años de la Rebelión de Abril, consultamos a ciudadanos que viven actualmente en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es un país tomado por un Estado policial, en el que se expulsa o se prohíbe regresar al país de forma arbitraria; existen más de 100 presos políticos; confiscaciones, hostigamientos, amenazas y hasta destierro, sólo por pensar distinto.
Los ciudadanos consultados participaron en las manifestaciones de 2018. Sin embargo, actualmente ninguno de ellos se encuentra organizado en ningún partido o agrupación política. La mayoría se considera en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y críticos de su sistema, pero ninguno realiza críticas ni siquiera en redes sociales –por el temor de la Ley de Ciberdelitos– porque se encuentran temerosos por su seguridad y la de su familia.
De a poco, Ricardo dice que está logrando superar sus traumas y “recuperar mi vida”. Una de las actividades que retomó fue correr en el parque. Durante más de cuatro años lo suspendió, porque los policías rodeaban este y otros lugares para prevenir cualquier convocatoria o piquete de protesta. Luego de unos meses, Ricardo perdió el miedo a los policías: lo miraban como a cualquier otro que llega a correr al parque, dice.
Ricardo ahora pasa sin temor al lado de los policías después de correr. “En ocasiones los saludo y les digo buenas noches, a veces me contestan”, dice Ricardo, riéndose. “Esto es lo que tengo que hacer para pasar desapercibido”, añade.
Muerto en un basurero
A medida que se acerca la conmemoración de la Rebelión de Abril, las calles se calientan en Nicaragua. La Policía realiza patrullajes en lugares emblemáticos de las manifestaciones de 2018 y acosa a los opositores que todavía viven en el país. Al menos cinco personas han sido detenidas en las últimas semanas. Todos familiares de las víctimas de las protestas y excarcelados políticos.
El pasado 15 de abril, Carlos Alberto García Suárez, un excarcelado político de 52 años de edad, fue encontrado muerto en el basurero municipal de Jinotepe, en el departamento de Carazo, al sur del país. El 90% del cuerpo de García estaba quemado.
García fue apresado en noviembre de 2018 y liberado en mayo de 2019. En esos meses fue señalado de cometer los supuestos delitos de “secuestros, tortura, asalto, lesiones y tenencia ilegal de armas en perjuicio del Estado y de la sociedad nicaragüense en el contexto de la crisis”. Estos eran los delitos con los que acusaban a los opositores al inicio de las protestas.
La Policía de Nicaragua y el Instituto de Medicina Legal descartaron mano criminal en la muerte de García. Sin embargo, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) sugirió que el caso “debe ser investigado en su momento por órganos competentes y serios, para pedirle cuenta a los responsables directos e indirectos de su muerte”.
Ricardo Baltodano, miembro del GREX, dijo que el Gobierno es el principal sospechoso de la muerte de García. “Es para mandar un mensaje a los excarcelados políticos de que anden caminando con pasito tum tum (con cuidado), como decimos nosotros”, apuntó Baltodano.
El GREX considera que este caso muestra los ataques a los excarcelados políticos, “hoy convertidos en objeto permanente de persecución y hostigamiento político”.
La periodista exiliada Kalúa Salazar denunció que el asedio a las familias de los exiliados ha incrementado. “Desde hace siete días mi familia sufre una nueva ola de asedios nocturnos que atentan contra la paz y el descanso de mis hijas y madre. Entiendo que otras familias de periodistas exiliados de Bluefields sufren lo mismo”, explicó.
“Vivimos en una burbuja”
Lucy, de 52 años de edad, estuvo involucrada en 2018 en varios movimientos opositores y participó en marchas en contra del gobierno. Cuando la conocí, ella colaboraba en comités de ayuda a los familiares de los asesinados, heridos y presos políticos. Sin embargo, desde 2021, cuando la represión se agudizó, Lucy decidió “desaparecer”. Se cambió de casa, no visita lugares públicos, ni siquiera va al cine que tanto le gusta. “Sólo voy a eventos familiares”, señala.
Lucy dice que vive “lo más encerrada posible” debido a que quiere hacer creer, a los operadores del Frente Sandinista que pueden atentar contra ella y su familia, que huyó del país. “Yo sé que si me quisieran agarrar (el Frente Sandinista) ya lo hubiera hecho, porque los que estamos aquí (en Nicaragua) vivimos en una burbuja hasta que la bruja (Rosario Murillo) la pinche”, menciona.
Lucy dice que los ciudadanos no quieren opinar sobre política por el temor del destierro, la confiscación y los encarcelamientos. “Lo que hay en el país es una oposición fragmentada, sin una propuesta ni plan de resistencia cívica”, apunta Lucy. “Ahora estamos peor, porque la comunidad internacional está preocupada por otros temas de la geopolítica y cada vez más apática de lo que vivimos aquí”, dice.
– ¿Cómo crees que se encuentran los opositores en Nicaragua? –le pregunto a Lucy
– Creo que hay un hartazgo generalizado, pero a la vez miedo, desencanto y necesidad económica… La gente trata de seguir su vida, recargar baterías, crear su propio escudo de protección y eso implica pasar lo más desapercibido posible.
“Teníamos la emoción por cambiar las cosas”
En abril de 2018 conocí a Alejandra, quien participó en las protestas en la Upoli. En ese momento, Alejandra tenía 22 años edad y era estudiante de Administración de Empresas de esta universidad. Alejandra llevó víveres mientras estuvieron atrincherados en este recinto.
Alejandra dice que su padre le pidió que se retirara de las protestas. Ella accedió porque “la represión me dio miedo y miré cómo echaban presos a amigos de la Upoli”. Unos meses después, Alejandra consiguió un empleo en un banco de Managua, donde todavía trabaja. “Me retiré de todo eso… cuando me integré a las marchas teníamos la emoción de cambiar las cosas, pero después miramos que iba a ser más difícil de lo que pensamos”, dice Alejandra.
Ella asegura que, pese a todo, tampoco es simpatizante del régimen. “Yo no he votado en las elecciones ni voy a eventos o reuniones del partido en el barrio”, dice Alejandra, quien ahora tiene 28 años de edad.
Además de su trabajo, Alejandra vende bisutería –que importa de Estados Unidos– a través de Facebook e Instagram. “Estoy dedicada a mi trabajo y a este pequeño negocio, y no estoy involucrada en ningún partido, ni hago críticas en redes sociales”, dice.
Ser “fichado” como opositor
Bryan, otro de los jóvenes que participó en las protestas de la Upoli, trabaja como conductor en la plataforma de servicio de vehículos, inDrive. El 21 de abril de 2018, fue herido en su pierna izquierda por un charnel disparado desde una escopeta de un antimotín.
El momento fue captado por un medio de comunicación que cubrió las manifestaciones. La pierna estaba empapada en sangre, pero “fue una lesión menor”, dice Bryan, quien aún tiene la cicatriz. “Creo que sangré mucho porque estaba agitado”, valora.
Unos días después, Bryan regresó a la Upoli para colaborar con los jóvenes que se habían tomado la universidad en forma de protesta. Así estuvo hasta que la Policía y paramilitares leales al régimen recuperaron el recinto a punta de balazos.
Bryan, de 26 años de edad, se dispersó, como tantos miles de jóvenes más, y luego sufrió amenazas por parte de los operadores sandinistas en su barrio. “Cuando los sandinistas se tomaron la Upoli dejé de participar en las protestas, pero en el barrio me habían visto a mí, sabían que subía videos a mi perfil de Facebook, sobre lo que ocurría en la universidad”, dice Bryan.
Los padres de Bryan eran simpatizantes del Frente Sandinista, y por ello, el encargado del barrio les advirtió que Bryan estaba en una lista opositores a vigilar. “Mi mamá habló con él (el encargado) y le dijo que prometía que yo no me iba a involucrar más, pero que me borraran de esa lista… ella hizo que yo se lo prometiera también”, cuenta.
Bryan dice que previo a las elecciones presidenciales de 2021, el Frente Sandinista lo buscó para que formara parte de una Junta Receptora de Votos (JRV). “Ellos (el Frente Sandinista) necesitan completar los miembros de las mesas de votos, tanto de su partido, como de los otros partidos zancudos (colaboradores) que no tienen tendido electoral, entonces por eso me buscaron a mí”, dice Bryan, y explica: “Pero en el fondo lo que querían era probarme de que podían contar conmigo, y yo lo hice, es la única forma de permanecer en Nicaragua”.
Para este reportaje, Bryan habló porque dice que está en contra de todas las medidas represivas del régimen. “No me gusta lo que hacen, incluso, con los propios empleados públicos, pero estar con ellos, asistir a sus reuniones, seguirles el juego, era la única manera que me dejaran de molestar”.
Bryan dice que migrar no es una opción para él. No tiene familiares ni recursos económicos en otros países. Por esa razón: “lo único que hago es resistir y esperar un cambio”, dice.