El 31 de mayo, cuando todavía no se habían cumplido 24 horas de la muerte de Brooklyn Rivera Bryan bajo custodia estatal, seis personas de su entorno familiar y comunitario viajaron a Managua a reclamar su cuerpo. La Policía los detuvo. Desde entonces, sus familias no saben nada de ellos. No hay información oficial. No hay paradero conocido. No hay señales de vida. Así lo denuncian organizaciones de derechos humanos y la hija del preso político fallecido, Tininiska Rivera. Son nueve días de silencio absoluto, a lo que se suma una persecución sostenida a los liderazgos comunitarios en el Caribe Norte de Nicaragua.
Los detenidos –y desaparecidos– son Alda López Bryan, hermana de Brooklyn, de 64 años; Jorbis Hendy López, sobrino, de 45; Kurney Valle Bushy, sobrino, de 29; Jorge Webster Rojas, amigo, de 64; Glenis Panting Coleman, de 36; y Florencia Sarmiento, cocinera, de 58. Todos fueron arrestados cuando intentaban gestionar la devolución del cadáver del líder indígena.
El régimen copresidencial se los negó, a través del diputado Edwin Castro, en Medicina Legal. Y cuando el grupo se trasladó a buscar otras vías, la policía los interceptó. Desde ese día, el contacto con sus familias se cortó por completo.
El patrón es el mismo aplicado con Brooklyn Rivera, quien pasó 971 días desaparecido antes de que el régimen lo mostró intubado y agonizante, pocos días antes de su muerte, ocurrida la noche del 30 de mayo. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas ha documentado que esa misma lógica, opacidad total hasta el deterioro irreversible, se repite hoy con otras nueve personas en condición de desaparición forzada, aparte de los seis costeños.
Tininiska Rivera, hija del líder de Yatama y exiliada en España, dijo que lo que hicieron con su padre “fue asesinarlo durante tres años”. “No sabemos qué tipo de torturas habrá sufrido para llegar a ese estado y fallecer”, resaltó.
Estados Unidos apunta a Lumberto Campbell
La represión no empezó con la muerte del líder indígena, aliado político incómodo del sandinismo. Tampoco terminó con ella. Cuando quedó claro que los familiares no recibirían el cuerpo, el régimen tomó el control total del sepelio. La copresidenta Rosario Murillo orquestó un entierro exprés la noche del 31 de mayo en la funeraria Sierras de Paz, en Managua. Sin familia. Sin el responso en la iglesia morava que estaba previsto. Lejos de Sandy Bay, el pueblo del Caribe Norte donde Rivera nació y donde yace enterrada su madre.
Los asistentes fueron un grupo de diputados sandinistas y plañideras, entre ellos Lumberto Campbell, otrora compañero de lucha de Rivera y hoy magistrado electoral del partido que lo encarceló. Guardaron silencio ante el féretro de un hombre que murió preso por quienes los gobiernan. Esa misma noche, fuentes sandinistas confirmaron a DIVERGENTES que la decisión de impedir el traslado del cuerpo a la Costa respondía al temor del régimen a movilizaciones de repudio en el territorio ancestral del líder indígena.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Moskitia no pudieron despedirlo conforme a sus tradiciones. El Mecanismo calificó esa interferencia como una vulneración irreparable al respeto debido a los liderazgos indígenas y a la vida comunitaria.
Este 8 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio anunció restricciones de visa contra más de 100 funcionarios del régimen y sus familiares, en respuesta directa a la muerte de Rivera. El comunicado fue preciso en un punto que hasta ahora no había sido dicho con tanta claridad por ningún gobierno: Lumberto Campbell Hooker intervino para negarle atención médica a Rivera e impedir que su familia pudiera enterrarlo.
Es la primera vez que un gobierno extranjero nombra a un responsable directo de su muerte, aparte de la responsabilidad política de los Ortega-Murillo. Con esta nueva ronda de sanciones, el gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas contra más de 2,350 funcionarios nicaragüenses desde que comenzó a aplicar la Proclamación Presidencial 10309, que suspende el ingreso al país de quienes participan en políticas que socavan las instituciones democráticas.
Campbell fue durante décadas un interlocutor del movimiento indígena en la Costa Caribe, alguien que conocía a Rivera desde los tiempos de Misurasata y la revolución. Su rol en el entierro forzado y en la negación de atención médica representa algo más que una traición personal, según fuentes de Yatama: es la imagen de cómo el régimen usa a sus propios cuadros históricos del Caribe para administrar la represión sobre esa misma región.
Un patrón que se repite
El informe de mayo del Mecanismo registra 46 personas presas políticas en Nicaragua. Nueve están en condición de desaparición forzada. Pero el dato que más pesa en el contexto del caso Rivera es la composición del listado: el 26% de los casos corresponde a integrantes o líderes de comunidades indígenas. Es el grupo con mayor representación, por encima de campesinos y de personas con vinculación previa al aparato estatal.
El Mecanismo identifica 12 casos vinculados a la Costa Caribe Norte: autoridades comunales, síndicos territoriales, guardabosques y defensores de tierras, la mayoría del pueblo miskitu. Entre ellos hay un juez comunal, un síndico territorial, varios guardabosques que resistieron la invasión de colonos en territorios ancestrales, y jóvenes vinculados a labores de resguardo comunitario. Varios no hablan español con fluidez y han enfrentado procesos judiciales sin traductor. El informe lo define como criminalización del liderazgo comunitario y control territorial.
La represión sobre el Caribe no es nueva, pero se ha intensificado desde que el régimen ilegalizó a Yatama en 2023 y expulsó a Rivera de la Asamblea Nacional. Desde entonces, el aparato policial y judicial ha avanzado de forma sistemática sobre las estructuras organizativas de las comunidades indígenas, desmantelando las formas de representación que llevaron décadas construyendo.
El Mecanismo advierte que la muerte de Rivera y la situación de los líderes costeños presos profundizan una crisis de liderazgo impuesta en la región: una zona que ya enfrenta violencia, despojo territorial y desprotección histórica ve cómo el régimen elimina, uno a uno, a quienes la han representado y defendido. La excarcelación reciente de Nancy Elizabeth Henríquez, tras un período de deterioro crítico de salud, no hace más que confirmar la lógica: se libera cuando el daño ya es irreversible.
Rivera entró a las cárceles del régimen en septiembre de 2023. Durante casi tres años, su familia preguntó dónde estaba, cómo estaba, si estaba vivo. El régimen copresidencial no respondió. Cuando por fin apareció su imagen, ya era demasiado tarde.
Este nueve de junio, seis personas de su entorno llevan nueve días desaparecidas. Sus familias hacen la misma pregunta que hizo la familia de Brooklyn durante 971 días. El Mecanismo, en su informe, también lo advierte: “¿De quién serán las próximas fotos en un hospital en estado agonizante?”.