En 1971, cuando la revolución cubana arrestó al poeta Heberto Padilla y lo obligó a una confesión pública humillante, el mundo intelectual latinoamericano se fracturó. Mario Vargas Llosa fue uno de los firmantes de la carta de protesta a Fidel Castro. Ese episodio marcó la ruptura definitiva del Nobel con la izquierda revolucionaria. Pero antes de esa ruptura, el escritor peruano había sido un simpatizante entusiasta de la Revolución Cubana. Nadie usó esa etapa política para descalificar la silla L que ocupó décadas después en la Real Academia Española (RAE).

Tras la muerte de Vargas Llosa, la RAE ha propuesto de forma inédita la candidatura del escritor Sergio Ramírez para ocupar la silla L. Se trata de una noticia monumental, acorde con la obra del escritor nacido en Masatepe y también vicepresidente de Nicaragua durante la revolución sandinista en los años ochenta, una época signada por la sangre, el dolor y la guerra fría entre dos superpotencias que, por igual, metieron sus manos en un país que protagonizó una guerra fratricida. Ese conflicto que, al día de hoy, sigue sin sanar.

En ese sentido, la candidatura de Ramírez ha abierto una nueva rendija por la que se cuela ese viejo insomnio de algunos políticos nicaragüenses que se dicen “de derecha”: su incapacidad de discutir el pasado sin convertirlo en tribunal de barricada. Este sector vociferante de la ultraderecha en el exilio, poco eficaz en construir una alternativa política real, más allá de comunicados y cuentas nuevas en X cada tanto, ha encontrado en la RAE un nuevo escenario donde seguir proponiendo una lectura sesgada y trasnochada de nuestra compleja historia. 

Una lectura que reduce todo al comunismo, que absuelve a la Contra de cualquier escrutinio y condena al sandinismo como el mal absoluto, como si ambos bandos no hubieran dejado muertos, desaparecidos y heridas que a Nicaragua aún duelen.

La carta que enviaron a la Real Academia las “Víctimas del Sandinismo” dice explícitamente que no le pide actuar como tribunal. Pero en la práctica le pide exactamente eso: que sancione moralmente a Ramírez, expulsado de un país donde la justicia transicional nunca ha existido, no como excepción, sino como desafortunada norma histórica. La RAE puede valorar la obra, la trayectoria intelectual y el peso simbólico de quien ocupa la silla. Pero no debería convertirse en el escenario donde ciertos nicaragüenses trasladan su incapacidad de hacer un ejercicio honesto sobre nuestro pasado. A varios de quienes firman esta carta los conozco. Sé que les cuesta demasiado admitir que la Contra también cometió atrocidades. Es que la llegan a edulcorar. 

Dicho esto, la distinción entre Vargas Llosa y Ramírez importa y no conviene esquivarla. Ramírez no fue un simpatizante intelectual del sandinismo, fue parte de su estructura de poder. Fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entre 1979 y 1985, y vicepresidente entre 1985 y 1990. Esa responsabilidad política existe y no desaparece. Pero una cosa es la responsabilidad política colectiva de un régimen y otra muy distinta es la culpabilidad penal individual. Ningún tribunal ha individualizado la responsabilidad del escritor por los abusos documentados de ese periodo, no porque haya sido investigado y exonerado, sino porque Nicaragua nunca ha tenido algún ejercicio de justicia histórica. Y aquí vale la pena volver al paralelo con el Nobel peruano.

Vargas Llosa apoyó activamente una revolución que, con los años, terminó encarcelando escritores y fabricando confesiones públicas. Y, décadas después, tras haber sido el crítico más feroz del brutal dictador Alberto Fujimori, terminó apoyando a su hija Keiko en nombre del “mal menor”. Eso está documentado y, en ese particular, nadie le pidió a la RAE que lo juzgara por ello. Lo que la Academia valoró fue su obra, su trayectoria intelectual y su peso en la lengua española. El mismo principio debería aplicarse ahora. La diferencia de grado entre un simpatizante y un vicepresidente es real, ya lo señalé, pero no cambia la naturaleza de la institución que está siendo convocada a juzgar. 

La RAE no tiene ni los instrumentos ni el mandato para hacerlo. Y pedirle que lo haga no es “un acto de justicia”, sino trasladarle una deuda histórica que los nicaragüenses tenemos pendiente con nosotros mismos, y que no se salda con memoria selectiva ni con políticos que, con una agenda mezquina, buscan subirse a la ola de la ultraderecha que conducen Trump, Milei y Bukele para ser tomados en cuenta en esos foros donde aún no pintan nada. 

Hay varias ironías en la carta enviada a la RAE por las “Víctimas del Sandinismo”. Ramírez fue una de las voces clave que exhortó al gobierno de Pedro Sánchez para que España no dejara apátridas a los nicaragüenses a quienes Ortega y Murillo nos arrancaron la nacionalidad por decreto. Entre los beneficiados de esa gestión hay personas que hoy firman la campaña en su contra. Además, el escritor rompió en 1995 con el régimen que alguna vez integró, cuando fundó el Movimiento Renovador Sandinista. Oponerse a la actual dictadura copresidencial le ha significado un costo real. Pagó con el exilio, la desnacionalización y confiscación a una edad muy avanzada. Y desde entonces no ha dejado de nombrar a Nicaragua donde Nicaragua ya no se escucha. 

En otras palabras, su silla en la RAE no sería un indulto histórico como quieren vender los de la campaña. Sería el reconocimiento a quien, con razón o sin ella en el pasado, es hoy el escritor nicaragüense más importante desde Rubén Darío, y una de las pocas voces con alcance real para mantener viva la denuncia contra la dictadura copresidencial. Esa contradicción no lo cancela. Lo define como político, escritor y ser humano. Igual que Vargas Llosa tuvo sus contradicciones políticas y aun así ocupó ese sillón, porque la RAE reconoce gigantes literarios, catedráticos y culturales; no trayectorias políticas impolutas. 

En vez de gastar sus energías atacando a un escritor de esta talla, los firmantes de esta carta harían mejor en dirigir ese ímpetu contra la dictadura Ortega-Murillo. O mejor aún, empezar a contribuir con honestidad a un proceso de memoria y justicia, sin la selectividad que los delata. Si Nicaragua hubiera tenido una justicia transicional real, las responsabilidades del sandinismo y de la Contra habrían sido examinadas con el mismo rigor, sin impunidad para ninguno de los dos bandos. Pero eso nunca ha ocurrido. Nos urge. Y, precisamente porque no ocurre, ese vacío no le pertenece a nadie para llenarlo con linchamientos ideológicos. 

La ausencia de justicia con verdad y memoria es una tragedia para todos los nicaragüenses. Y tampoco debería ser patente para fabricar culpables penales desde una carta política enviada a una academia de la lengua en Madrid, sostenida en una moral de “derecha” que se cree inexpugnable. 

Sin embargo, la mayor ironía de la campaña contra Ramírez es también la más torpe: Nicaragua es un país que ha dejado de importar en los tableros donde se toman decisiones. No tenemos el petróleo de Venezuela ni el peso simbólico acumulado de Cuba. Los informes de la CIDH y la ONU se suceden sin mayores consecuencias. En ese vacío, Ramírez es uno de los pocos nicaragüenses con acceso real a los espacios donde se forma opinión global. Su silla en la RAE sería una tribuna permanente ante 600 millones de hispanohablantes. Torpedear su candidatura a la silla L no es un acto de “justicia histórica”. Es contribuir, miopemente, a que Nicaragua siga siendo invisible cada vez más.