El tráfico de influencias, el soborno y el nepotismo son las prácticas más frecuentes y corruptas ejercidas de forma impune en el Poder Judicial en las últimas décadas, detalla la investigación Corrupción Judicial en Nicaragua: Tráfico de influencias y la erosión del debido proceso, realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) de Hagamos Democracia.
La investigación que documenta casos emblemáticos de corrupción ocurridos en Nicaragua desde el año 2000, expone la forma en que el Poder Judicial fue perdiendo su autonomía e independencia como poder del Estado desde la administración del expresidente Arnoldo Alemán, hasta que sucumbió en su totalidad bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La rendición total del Poder Judicial ante los Ortega-Murillo se consiguió principalmente por el tráfico de influencias ejercido por magistrados orteguistas como Rafael Solís, Juana Méndez y Alba Luz Ramos, que permitieron la aprobación de diferentes leyes inconstitucionales y que infiltraron a partidarios leales y secretarios políticos del FSLN en este órgano estatal para cumplir sus órdenes.
Rafael Solís actualmente es un perseguido de la dictadura orteguista, debido a su rebelión ante las violaciones a los derechos humanos perpetrados desde la masacre a las protestas ciudadanas de 2018, por lo que ha sido desnacionalizado y confiscado de sus bienes por el régimen.
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Con el ejercicio de todas estas prácticas corruptas, el OPTA señala que el Poder Judicial se convirtió “en un instrumento necesario para asegurar el poder y el autoritarismo del régimen Ortega-Murillo, tanto para favorecer con impunidad a sus allegados, funcionarios y fieles simpatizantes y por otro lado: perseguir, criminalizar y condenar a sus oponentes y a cualquier persona que amenace con cuestionar sus políticas”.
De esta manera, se construyó una red familiar que no solo ha beneficiado a los propios Ortega-Murillo, sino también a operadores, amigos y conocidos de miembros del Frente Sandinista.
“La Gran Familia, como algunos trabajadores suelen llamar al Poder Judicial, es hoy la institución con mayor desprestigio del Estado nicaragüense”, apunta el estudio.
Poder Judicial fue socavado poco a poco
Según la investigación, la independencia del Poder Judicial se vio gradualmente afectada por las múltiples reformas a la Constitución Política realizadas desde el año 2009, cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aprobó un amparo para la reelección inconstitucional de Ortega en los comicios del año 2011.
“La Carta Magna ha sido reformada en varias ocasiones, para ajustarla como un traje a la medida a los intereses del régimen. Para ello, los Ortega-Murillo, han contado con el apoyo incondicional de los diputados fieles al partido y de otras fuerzas políticas que comparten intereses comunes”, indica el OPTA.
Además de reformas constitucionales, se ejecutaron reformas penales y procesales, que permitieron la intromisión y control del Poder Ejecutivo en las actuaciones del Poder Judicial.
Entre estas están la Ley 854, Ley de Reforma Parcial de la Constitución de Nicaragua aprobada en 2014, que daba vía libre a la reelección; y los paquetes de leyes aprobados desde 2020 para perseguir y criminalizar a personas opositoras al régimen, siendo una de las más preocupantes la Ley 1145, Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense.
En la actualidad, “la injerencia y control directo del Ejecutivo en las actuaciones y decisiones del Poder Judicial son cada vez más notorias, al punto de convertirse en un instrumento de ejecución de las órdenes de la dictadura”, asevera el estudio.
El caso de los candidatos presidenciales, en total impunidad
Uno de los casos más recientes documentados por el OPTA sobre la corrupción cometida en el Poder Judicial, es el de los candidatos presidenciales criminalizados y privados de libertad en 2021, previo a las elecciones presidenciales programadas en noviembre de 2021.
“Luego del estallido social en abril del 2018, el régimen dictatorial Ortega Murillo, emprendió una voraz persecución contra sus adversarios políticos a quienes encarceló, acusó, procesó, condenó, desterró y desnacionalizó. Todas estas ilegalidades fueron ejecutadas por el brazo represivo de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial”, determina el OPTA.
Entre las actuaciones ilegales del Poder Judicial están los jueces y magistrados orteguistas que aprobaron las detenciones arbitrarias ejecutadas por la Policía Nacional de cinco precandidatos presidenciales, así como la continuación de las etapas investigativas de la Policía y la Fiscalía.
También fueron responsables de violaciones al debido proceso como el derecho a ser informado de los cargos imputados, el derecho a presentarse espontáneamente ante la autoridad y ser escuchado, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho de no ser privado de libertad, entre otros.
La corrupción del Poder Judicial fue más clara con la “ilegal Sentencia de Deportación”, señala el OPTA. Esta sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Managua Sala Penal Número Uno, declaró “traidores a la patria” a 222 personas presas políticas, que fueron desnacionalizadas y desterradas a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023.
Entre otros casos documentados por el estudio, se encuentran el de funcionarios y personas allegadas al FSLN acusadas de cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y malversación de caudales públicos.
“Los casos aquí descritos constituyen una pequeña muestra de la red familiar, que ha beneficiado a personas señaladas de cometer delitos y actos de corrupción, cuyos procesos fueron claramente cuestionados por la existencia de graves irregularidades, para procurar la impunidad de los responsables”, expone..
Poder Judicial sufre “la gran purga”
Los investigadores destacan que si bien el Poder Judicial ha sido el brazo derecho del régimen Ortega-Murillo para ejecutar sus prácticas corruptas, esta institución ha sufrido “la gran purga” desde el año pasado.
Desde 2023, la Policía Nacional ha intervenido en oficinas de magistrados, jueces y otros funcionarios, que han sido separados de su cargo o despedidos. Ahora, la vigilancia política dentro de este órgano se ha recrudecido.
“En consecuencia, gran parte de la gestión judicial ha sufrido una especie de parálisis, los trabajadores han denunciado un sobrecargo de trabajo, con duplicación de sus horas laborales, creando un rezago significativo en la labor judicial, donde los usuarios y la población en general son los más perjudicados”, concluye el estudio.