Nicaragua se convirtió en el único país de Latinoamérica en elevar a rango constitucional la bandera de un partido político. El pasado 15 de enero de 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reformó la Constitución para incorporar la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo patrio.
La medida desató indignación entre sectores opositores, aunque para muchos no fue una sorpresa: desde hace años el oficialismo viene imponiendo la bandera partidaria en actos públicos y privados, oficinas estatales, escuelas e incluso libros de texto, borrando la línea entre Estado y partido.
La reforma se publicó oficialmente el 19 de febrero de 2025 en el artículo 13: “Los símbolos patrios son: el Himno Nacional, las banderas Azul y Blanco y la rojinegra de la lucha antiimperialista del General Augusto C. Sandino y de la Revolución Popular Sandinista, y el escudo nacional”.
La medida, lejos de ser neutral, tiene raíces en la represión de 2018, pues mientras la oposición alzaba la bandera azul y blanco en reclamo de democracia y libertades, el régimen adoptó la rojinegra para “defender el golpe de Estado” que, según ellos, se gestaba en su contra. Esa embestida dejó 355 muertos entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hoy, la bandera de Nicaragua ya no representa a todos los ciudadanos; se ha convertido en un símbolo de miedo y exclusión, reservado únicamente para la dictadura. Su oficialización evidencia cómo un emblema históricamente partidario puede ser impuesto como patrimonio nacional, afirma un historiador que en condición de anonimato habló con DIVERGENTES. Es una “maña vieja del sandinismo”, pues cuando llegaron al poder en 1979, impusieron los colores rojinegros en todo el proceso de la revolución sandinista que se desarrolló hasta 1990.
Durante esa época, todas las actividades e instituciones del Estado eran encabezadas por la bandera sandinista, sin embargo, el historiador recalca que luego del fracaso del partido en los ochenta, la bandera rojinegra “provocaba rechazo en la población, porque al mirar la bandera se alude a la guerra, el Servicio Militar Obligatorio, el desastre financiero, el racionamiento y la muerte”.
Las intenciones del régimen, también había estado los símbolos patrios en 2006, cuando Murillo, al tomar la batuta de la candidatura presidencial de Ortega, intentó cambiar los colores rojo y negro por el rosado “chicha” e incluso modificó el escudo nacional.
El historiador recuerda que los regímenes autoritarios “son maestros de propaganda, pero buscan calar un mensaje en la población”. Señala que, por ejemplo, los nazis explotaban el diseño, los colores y hasta los desfiles de antorchas de fuego “para demostrar fuerza”. En ese contexto, el papa Francisco llegó a calificar al régimen Ortega-Murillo como una “dictadura hitleriana”.
El único país de América Latina sin periódicos impresos
Nicaragua es el único país en la región que no cuenta con un periódico impreso. El régimen de Ortega y Murillo borró la tinta y eliminó el papel del único medio escrito que quedaba en circulación: La Prensa, que también publicaba el diario Hoy. La represión contra los medios se intensificó tras la crisis sociopolítica de 2018, cuando el Gobierno arremetió contra empresas periodísticas hasta llevarlas al cierre, la confiscación de La Prensa y el exilio forzado de decenas de periodistas.
“Una vez más, la dictadura Ortega Murillo nos ha retenido el papel. Mientras no liberen nuestros insumos no podremos circular en nuestra versión impresa, pero no nos callarán”, denunció La Prensa en su última portada de papel. En esa misma edición, el periódico explicó que la Dirección General de Aduanas (DGA) mantenía retenidos, sin justificación, el papel y otros insumos necesarios para su impresión.
No era la primera vez que el régimen intentaba asfixiar al diario. Entre 2018 y 2019, La Prensa enfrentó un bloqueo de más de 500 días de materia prima. Fue hasta el 6 de febrero de 2020, tras una gestión del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag con la entonces vicepresidenta Rosario Murillo, que el papel fue liberado y el periódico logró retomar sus ediciones regulares en la calle.
Hoy, con la confiscación de La Prensa y el cierre de otros periódicos impresos, Nicaragua se convierte en el único país de América Latina sin prensa escrita en circulación. La represión sistemática contra los medios no sólo eliminó la tinta y el papel, también clausuró un derecho básico de los nicaragüenses a acceder a información libre y plural.
Mientras tanto, el periodismo nicaragüense resiste desde el exilio, sosteniendo la fiscalización y la denuncia frente a un régimen que convirtió el silencio en política de Estado.
La libertad de expresión y de prensa sigue en caída libre: por tercer año consecutivo, Nicaragua ocupa el último lugar del Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “Su puntaje fue de 6.51 —el más bajo de los veintidós países del continente americano— lo que indica que no existe libertad de expresión”, advierte el informe. En solo cinco años el país perdió diez puntos, al pasar de 16 en 2020 a 6.51 en 2024. Hoy Nicaragua comparte el sótano con Venezuela (6.52) y Cuba (16.94), las tres naciones del continente donde la censura es la norma y no la excepción.
La única copresidencia en la región: consolidación del poder familiar en Nicaragua
Nicaragua es el único país en la región que tiene la figura de copresidentes de la República. En noviembre de 2024 la Asamblea Nacional aprobó reformas constitucionales que designan a Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, como “copresidentes”, una manera de expandir el poder bajo reformas que consolidan aún más el control del régimen.
La aprobación de la reforma del artículo 132, 133 y 135 de la Constitución Política, que ratifica que la Presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta, y que estos se elegirán “mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, resultando electos quienes obtengan la mayoría relativa de votos”.
Esta reforma le da la facultad a ambos de dirigir al gobierno y coordinar a los demás órganos del Estado, de control y fiscalización, regionales y municipales; el Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Es decir, el sometimiento de todos los poderes en manos de la pareja presidencial.
Aunque opositores califican la reforma como una “pantomima”, señalan que responde al afán de Rosario Murillo por acumular poder y a la obsesión de Ortega por blindar su dominio. Un ejemplo reciente ocurrió el 2 de septiembre, durante el acto por el 46 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua: Ortega llamó a Murillo para que se acercara y fuera ella quien entregara los grados a los mandos militares.
En su momento, Ortega justificó la copresidencia de Murillo bajo el principio constitucional de igualdad de género, donde todos los cargos de elección popular y públicos deben ser ocupados por el mismo porcentaje de hombres y mujeres, una justificación al creciente poder de su esposa en el Gobierno y entre los cuadros del partido sandinista.
“Aquí tenemos dos presidentes, porque respetamos el principio de 50-50, o sea, aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario. Todos los días se está comunicando con nuestro pueblo dando a conocer todo lo que se está haciendo en beneficio de las familias nicaragüenses, sin hacer diferencias políticas, sin hacer diferencias ideológicas, allí van las obras multiplicándose todos los días en nuestro país”, dijo Ortega este 25 de octubre de 2024 durante la entrega de buses rusos a cooperativas de transporte aliadas al régimen sandinista.
La directora de La Corriente, María Teresa Blandón señala que esta figura no representa un beneficio real, ya que “es una copresidenta con un ‘copresidente’ y ‘covicepresidente’, protegidos por una Constitución hecha a su medida, que elimina contrapesos y refuerza un poder arbitrario, alejado de los derechos humanos, ciudadanos y de las mujeres… Aunque se encubren las cifras, la realidad es demasiado evidente. No podemos decir que hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres”, advierte.