La creación de la ‘copresidencia’: la falacia de la igualdad de género bajo el régimen Ortega-Murillo

A pesar de las promesas del régimen Ortega-Murillo sobre igualdad de género y la figura de Rosario Murillo como “copresidenta”, organizaciones y líderes feministas denuncian una realidad marcada por retrocesos en los derechos de las mujeres, represión y control que han dejado a las nicaragüenses más vulnerables


Lo dicho:

“Reconocemos el rol protagónico de la mujer nicaragüense y que tiene el mismo derecho de los varones para poder participar a todos los niveles en el ejercicio del poder público, por lo tanto, a partir de esta reforma constitucional será una garantía del pueblo nicaragüense que en la Presidencia de la República, además de ver a un varón, vas a ver a una mujer en igualdad de condiciones ejerciendo la Presidencia de la República y yo creo que esto es inédito. La verdad no existe ningún otro país del mundo donde un país como tal haya llevado a rango constitucional este tema de la igualdad y equidad de género”.

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El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez afirmó en una entrevista con el presentador Roberto Zúñiga que en Nicaragua existe igualdad de género y señaló a Rosario Murillo como “el mejor ejemplo”, gracias a su nuevo cargo como “copresidenta” de la República. Sin embargo, la realidad contradice esta afirmación. Durante los 18 años de gobierno sandinista se han creado programas para beneficiar a las mujeres, pero muchos de ellos terminan siendo una fachada. 

María Teresa Blandón, líder feminista y directora de La Corriente, expresa que, a pesar de que el régimen Ortega-Murillo cuenta con condiciones económicas relativamente favorables, se esperaba un avance significativo en los derechos de las mujeres y no “una retórica” centrada en promesas.

Blandón recordó que, en los primeros cinco años del régimen, muchas mujeres se sintieron esperanzadas con el discurso oficialista, que prometía acceso a la tierra, la entrega del bono solidario, crédito en condiciones favorables y títulos de propiedad, que poco a poco se desmoronaron durante el segundo período de gobierno.

También debilitaron leyes que restringieron los derechos de las mujeres, como la penalización del aborto terapéutico y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), lo que ha puesto en peligro a cientos de mujeres. Hasta noviembre de 2024, se registraron 76 crímenes de odio contra mujeres y niñas, según Católicas por el Derecho a Decidir.

Estas condiciones incrementan  la pobreza entre mujeres y niñas, provocando mayor flujo migratorio y limitaciones a oportunidades laborales en zonas francas y trabajos domésticos. Blandón también señala que, aunque algunas mujeres acceden a la universidad con la promesa de gratuidad, “salen tan mal calificadas que no pueden tener un empleo digno, un empleo estable en el mercado”.

Por otro lado, el régimen aprobó la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, conocida como “50 y 50”, que promueve la participación equitativa de mujeres en cargos de poder. Sin embargo, muchas de ellas están controladas o “sometidas a un mando muy vertical” y viven en constante miedo. 

Ahora, con la designación de Rosario Murillo como “copresidenta”, vista por Wálmaro Gutiérrez como un avance en la equidad de género. Blandón señala que esta figura no representa un beneficio real, ya que “es una copresidenta con un ‘copresidente’ y ‘covicepresidentes’, protegidos por una Constitución hecha a su medida, que elimina contrapesos y refuerza un poder arbitrario, alejado de los derechos humanos, ciudadanos y de las mujeres… Aunque se encubren las cifras, la realidad es demasiado evidente. No podemos decir que hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres”, advierte la directora de La Corriente, organización clausurada y confiscada por el régimen

Saña contra presas políticas y organizaciones feministas

La equidad e igualdad de género tampoco se reflejan en la persecución del régimen contra mujeres disidentes y organizaciones que trabajan en favor de las mujeres y la niñez. Desde la crisis sociopolítica, esta represión se ha intensificado.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registra 164 mujeres reconocidas como presas políticas desde el 2018 hasta el 2024. Muchas de ellas recibieron tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles del país. Además, al menos 214 organizaciones dedicadas a la atención de las mujeres y niñez han sido clausuradas, según el Colectivo Nicaragua Nunca Más. Estos hechos distan de las declaraciones de Gutiérrez y evidencian la violación de los derechos de las mujeres en Nicaragua.