Va a sonar disparatado lo que les voy a plantear a continuación, pero en el fondo los jueces de Nicaragua y Guatemala operan bajo la misma lógica: acallar y refundir en una prisión al periodismo independiente. O exiliarlo, desterrarlo.  

Entonces, espero que me dispensen este intento de distopía judicial. Aquí vamos:  

1. La jueza guatemalteca Oly González condenó al periodista nicaragüense Víctor Ticay este 9 de junio por los delitos de “propagación de noticias falsas” y “conspiración para el menoscabo de la integridad nacional”. La audiencia fue realizada de madrugada y a puertas cerradas en Managua. Aunque el libelo acusatorio contra el reportero no se conoce, ni mucho menos si tuvo derecho a defensa, fuentes judiciales señalan que la prueba central presentada por la Fiscalía, controlada por el gobierno de Alejandro Giammattei, fue la transmisión en vivo que el condenado realizó de una procesión de Semana Santa, celebrada en el municipio de Nandaime, a pesar de la prohibición impuesta a los ritos y tradiciones católicas por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ticay afronta una pena de entre 8 y 14 años de prisión.

2. Un juez nicaragüense (cuyo nombre no se conoce porque el juicio fue realizado bajo total hermetismo en Ciudad de Guatemala) encontró culpable del delito de lavado de dinero al periodista José Rubén ‘Chepe’ Zamora este 14 de junio. Aunque absolvieron al director de elPeriódico de los cargos de tráfico de influencias y chantaje, lo condenaron a seis años “inconmutables” de prisión, sin reparar en que su defensa fue obstaculizada durante todo el proceso: no solo no se admitieron los testigos propuestos por el procesado sino que los nueve abogados que lo representaron acabaron, unos en prisión y otros amenazados. La justicia controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo también sumó un nuevo cargo contra el periodista por “las diferencias” de su firma habitual con la rúbrica en los formularios de Migración en sus diferentes salidas de Guatemala. Tras conocerse la condena de Zamora, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche (quien, como su par Ana Julia Guido, tiene licencia para litigar en Nicaragua y Guatemala,) dijo que apelarán el fallo para culpabilizar más a Zamora. Curruchiche negó que la libertad de expresión esté perseguida, pero sí aceptó que procesan a periodistas que dañan “el honor” de los fiscales con sus publicaciones. 

¿Suena loco? Sí, podría ser una fake news, una distopía judicial. Por ahora. Pero, dentro de poco, quizá no tanto. Lo que sí es cierto y comprobado es que los juicios de ambos periodistas han carecido de respeto al debido proceso. Eso los iguala. Aunque cada juicio tiene sus diferencias procesales, en el fondo se tratan de sistemas judiciales podridos. Uno descarado absolutamente, el otro aún con ciertos pudores. En el caso de Nicaragua, una justicia sometida a la pareja presidencial en esencia. En el caso de Guatemala se trata de una hidra de seis cabezas que controla al gobierno de Giammattei: políticos corruptos, empresarios tradicionales corruptos, empresarios emergentes corruptos, militares vinculados a violaciones de derechos humanos, algunos miembros del crimen organizado, y las redes de influencia gremiales que tienen capturado el sistema de justicia.

Los jueces nicas y guatemaltecos se podrían intercambiar sin dificultad. Están habituados a dictar rápidamente condenas contra reporteros u opositores en general, críticos de estos regímenes. Acusan a dos periodistas con pruebas prefabricadas y concluyen comisiones de delitos insostenibles. Delitos con claros tintes políticos. Peor aún, la motivación, casi explícita, es dinamitar al periodismo independiente que muestra la putrefacción de estos regímenes violadores de derechos humanos y corruptos por regla. En Nicaragua y Guatemala, han sido los periodistas independientes los que con sus investigaciones han cumplido un rol esencial de fiscalización que las instituciones no realizan porque han sido demolidas, arrasadas. 

Varios casos que Chepe Zamora publicó en elPeriódico fueron conocidos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual fue expulsada del país bajo el anterior gobierno títere de Jimmy Morales. En Nicaragua, fueron los reporteros los primeros en documentar los crímenes de lesa humanidad cometidos por Ortega y Murillo. 

El periodismo incómodo, el que no se somete, el que por naturaleza escudriña sin importar las consecuencias es el que está bajo ataque en Centroamérica. Otro motivo de preocupación se abre en El Salvador, donde el bukelismo no sólo desprestigia a periodistas, sino que hasta su jefe policial les amenazó con la cárcel. 

Como escribió recientemente Juan Gabriel Vásquez, apelando a la ciudadanía,  “hemos abandonado a nuestros periodistas”.  Hay que defender al periodismo. En Centroamérica constituye la última salvaguarda para sus derechos sociales, civiles y políticos. Cuando los poderosos machacan, o cuando los ciudadanos despiertan del trance del populismo, el periodismo siempre está allí, como ese dinosaurio de Monterroso: terco e inamovible en defensa de las libertades públicas. Pero insisto, depende de los ciudadanos que el periodismo persista en Centroamérica ante autoritarios que, cada día, no solo podrían llegar a prestarse jueces –como decía en el anterior ejemplo fake, distópico–, sino que ya comparten un manual autoritario, corrupto y represivo para solaparse, saquear, matar, encarcelar, exiliar, perpetuarse en el poder con total impunidad.