La unidad ejecutora de las barridas de empleados públicos que opera en la Contraloría

DIVERGENTES confirmó que la Contraloría General de la República, por orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo, coordina investigaciones en otras oficinas públicas para después ejecutar despidos a “mansalva”. Esta unidad de la Contraloría trabaja en conjunto con funcionarios de la Policía Económica, el Ministerio del Interior y secretarios políticos. “Se instalan en cualquier oficina del Estado y trabajan por semanas. Nadie les puede decir nada y todo lo que piden se les da. Al final el resultado son los despidos de empleados cuyas contrataciones no están justificadas. O funcionarios que están cometiendo actos de corrupción que no han sido informados a la dirigencia central”, explicó una fuente vinculada al Ministerio del Interior

empleados públicos
Ilustración por Divergentes

En la oficina de Mauricio todos tenían miedo de perder su trabajo. El anuncio de la visita de funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) generó nerviosismo entre él y sus demás compañeros. “Fijo hay corridos”, relató vía telefónica desde Managua. La plática sostenida con este empleado del Estado ocurrió un lunes del mes de mayo de 2024. Tres meses después de esa charla, la pesadilla se hizo realidad.

“Entraron y barrieron con todo. Se instalaron, pedían información, y como tres semanas después, un lunes, como 35 desfilaron. O sea, los corrieron sin decirles por qué. Ni el jefe metió las manos, ni nadie”, afirmó Mauricio, quien aceptó brindar su testimonio bajo condición de anonimato.

Mauricio y sus compañeros no han sido los únicos que han sentido miedo. Durante este año en muchas instituciones del gobierno sandinista, la CGR ha intervenido oficinas públicas con el objetivo de investigarlas y auditarlas para luego ejecutar barridas de trabajadores del Estado. 

Primero la auditoría, luego la guillotina

Fuentes consultadas por DIVERGENTES explicaron que, además, trabajan en conjunto con la Policía Económica, el Ministerio del Interior (MINT) y secretarios políticos del Frente Sandinista. 

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Hasta ahora el régimen ha justificado los despidos apelando a una valoración del trabajo de cada institución, a fin de “promover” el ahorro y la eficiencia del gasto en la gestión pública. Sin embargo, detrás de las barridas también existen motivaciones ligadas a situaciones de no fidelidad a la pareja dictatorial, y el castigo de la “corrupción interna”.

“Las irregularidades van desde la existencia de puestos fantasmas, contrataciones que no están justificadas, es decir, que no son necesarias. Funcionarios que están robando del presupuesto del ministerio en el que están y, aunque en menor medida, también se pasa la guillotina a los empleados que no son fieles al Gobierno”, afirmó una fuente vinculada a la CGR.

Empleados Estado
Los trabajadores del Estado se han visto atrapados en operaciones de barridas de funcionarios públicos ejecutadas por la dictadura. Divergentes | Archivo

La fuente explicó, que para que ocurra una visita de la CGR a determinada institución de Gobierno, primero debe existir un informe sobre las distintas irregularidades en esas entidades. Los encargados de levantar el expediente son los secretarios políticos que están dentro de las oficinas y hacen trabajo de “orejas” o infiltrados. Al final, el dosier es recibido por la dirigencia central.

La orden de la dirigencia central, en la mayoría de ocasiones, ha sido conformar un equipo que audite e investigue estas irregularidades. Este, como explicaron las fuentes, está coordinado por un auditor de la CGR, un oficial de la Policía Económica y funcionarios del MINT. El trabajo puede durar de tres semanas a dos meses y casi siempre el resultado final han sido las barridas de empleados públicos. 

En la institución para la cual trabaja Mauricio estuvieron casi dos meses. Ni el ministro encargado de esta institución pública, ni la oficina de recursos humanos interfirió en el trabajo del equipo auditor. Y cuando los trabajadores pidieron explicaciones del por qué de los despidos, nadie pudo dar una respuesta.

“No tienen ni voz ni voto. Los que despidieron a toda esa gente fueron los auditores”, agregó Mauricio

El miedo en los pasillos 

Empleados públicos
Trabajadores del Estado viven sus vidas laborales en zozobra debido a las barridas que ejecuta la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Divergentes | Archivo.

El primer día que los auditores llegaron a la oficina de Mauricio hubo mucha zozobra en el ambiente. Fue próximo a la fecha de pago y algunos de sus compañeros, temerosos, creyeron que no les iban a cancelar el mes, sino que solo los iban a despedir sin más. Ya habían escuchado historias similares en otros departamentos y temían que ocurriera lo mismo con ellos.

“El segundo día fue peor. Era tanto el miedo a que nos escucharan que no comentábamos nada en la oficina. Lo único que hablábamos fue cuando salimos y eso porque íbamos caminando y nos aseguramos que no había nadie que nos bombeara”, afirmó este trabajador del Estado.

Para el quinto día, la auditoría intervino otras oficinas del ministerio en el que trabaja Mauricio. Aunque todavía no habían despidos y ya todos estaban pagados, la zozobra continuaba en el ambiente. Su superior los motivaba a seguir como si nada estaba pasando, no obstante, todas esas semanas, fue complejo rendir en el trabajo.

Los resultados de las auditorías

Tres meses después de la intervención los primeros resultados se notaron de tajo. Al menos 35 personas despedidas sin que les dieran una justificación. Mauricio habló con algunos de sus ahora excompañeros y estos le confirmaron que la barrida había ocurrido sin mayor justificación, incluso, les dijeron que no iban a recibir indemnización alguna.

Según la fuente vinculada a la CGR, en la mayoría de casos, han encontrado a empleados que se han dedicado a extraer dinero del presupuesto sin mayor justificación, y esto, en algunas ocasiones, avalado por su jefe inmediato. 

También han descubierto puestos fantasmas en los que una persona solo llega a firmar por su cheque, pero en la práctica no ejecuta ningún trabajo en el Estado.

“Los pobres han llegado a la oficina y la gente de recursos humanos les ha dicho que la orden fue de arriba y que no pueden hacer nada. Madres solteras, hijos únicos, muchos fueron despedidos sin tener en cuenta su situación. Hasta gente super sandinista ‘se fue en el saco’”, relató Mauricio.

Cero contrataciones para reemplazar empleados públicos

empleados públicos
Los empleados públicos son forzados a rendir idolatría política a los figuras de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Divergentes | Archivo

En una circular publicada el 7 de agosto, el régimen sandinista, a través de Bruno Gallardo, Ministro de Hacienda y Crédito Público, informó que las plazas vacantes (producto de la barrida o restructuración) y las nuevas contrataciones quedaban congeladas en todos los organismos y entidades públicas. Además, indicó que, cuando fuese necesaria una contratación se debía enviar una carta fundamentada a esa institución de Gobierno para valorar la petición.

“La orden es que cualquier movimiento primero se sepa en las altas esferas. Antes no era así, antes cualquier ministro podía tomar decisiones y contratar a quien quisiera. Pero después de que la pareja se enteró a detalle de la ‘corrupción interna’, han decidido estar encima para evitar ‘infiltrados’ y nuevas fugas de dinero”, aseguró la fuente del MINT entrevistada para este reportaje.

La reestructuración ejecutada desde inicios de agosto se ha llevado por delante a empleados del Ministerio de Salud (Minsa), municipalidades, Asamblea Nacional, Poder Judicial, del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca) y hasta de las universidades públicas.

“Nadie está a salvo en el Estado”

La fuente de la CGR reafirmó que la barrida no tiene ninguna contemplación con los funcionarios públicos, incluso, alcaldesas que son hijas de figuras de poder han sido despedidas, sin que hasta ahora se les reintegre a otra dependencia pública.

Mauricio es consciente de que en la institución pública en la que él trabaja, algunos de los empleados públicos que fueron despedidos, solo estaban como “floreros” y no cumplían ninguna función importante. Otros estaban en sus puestos por conexiones y casi no llegaban a trabajar. No obstante, este funcionario reconoce que en la barrida se fueron ciudadanos que sí se esforzaban, pero quizás no “sentían” el partido sandinista como otros.

“Todos tenemos miedo porque no se sabe cuándo le va a tocar a uno. Y dicen que la próxima semana van a intervenir otra vez. En el Estado nadie está a salvo”, afirmó ansioso Mauricio.


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