Cuando estudiaba periodismo en la confiscada Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, descubrí un libro que me asombró por el método empleado para escribirlo: Cabeza de turco, del alemán Günter Wallraff. El periodista recurrió a la infiltración, es decir, se hizo pasar por un obrero turco bautizado Alí, para documentar el racismo estructural en Alemania. Era provocador porque, de entrada, se salía del canon habitual del periodismo que nos enseñaban. En otras palabras, al transformarse en múltiples personalidades para poner a prueba su hipótesis, lo que rompió fue la forma de hacer periodismo, no su ética.

¿Y por qué no traspasó límites éticos, a pesar de que se movió cerca de esa frontera? Porque Wallraff ocultó su identidad para mostrar hechos y no se hizo pasar por Alí para fabricarlos. Wallraff enseña que el periodista puede infiltrarse cuando el interés público lo amerita, pero nunca, nunca, nunca prefabrica los hechos que pretende corroborar para luego contarlos. Puede uno infiltrarse en un sistema, pero no inventarlo; tampoco inducir conductas. Las hipótesis se ponen a prueba, se trabajan, pero no se fuerzan; se reformulan o se abandonan. Traspasar esa línea inviolable aniquila de manera sumaria la credibilidad de un periodista, que no es otra cosa que nuestro patrimonio más preciado.  

Recordé el ejemplo de Wallraff este lunes 16 de febrero en Costa Rica, el país donde resido, cuando un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre la trama del suspendido director de esa entidad, Randall Zúñiga, mencionó a un periodista: Douglas Sánchez, director del Canal ¡OPA!, quien sugirió, para decirlo de la manera más amable, “montarle la cama” y hacerle “un fijo”. 

Zúñiga fue suspendido de su cargo hace unos meses, después de que estallara en su contra una denuncia de cuatro mujeres por presunta violación y abuso de autoridad. Ambas acusaciones son gravísimas, en especial por el contexto tico. Primero, la Caja Costarricense de Seguro Social registra más de 1.000 atenciones anuales por abuso sexual en servicios de Emergencias entre 2023 y octubre de 2025. Segundo, Costa Rica experimenta la crisis de seguridad más grave de su historia reciente, con una cifra de homicidios que roza las 900 víctimas al año.

En la denuncia contra el jerarca del OIJ se sostiene que, en el marco de sus relaciones con las mujeres, compartía información vinculada con su trabajo, incluyendo referencias a allanamientos y movimientos del cuerpo policial, lo que abrió cuestionamientos sobre el manejo de datos sensibles. Como residente en Costa Rica, desde el inicio me interesó seguir esta trama, porque la inseguridad golpea por parejo e incluso a los nicaragüenses refugiados. El caso más emblemático, lo cual no quiere decir que no existan otros, es el del mayor en retiro Roberto Samcam, acribillado por uno de esos jóvenes sicarios, como los de la novela de Fernando Vallejo, que siembran a diario la muerte en motocicletas por todo el territorio tico.

No es un secreto que la administración de Rodrigo Chaves y su sucesora, la presidenta electa Laura Fernández, han mantenido tensiones con la labor del OIJ, un cuerpo de investigación insoslayable que requiere más recursos para enfrentar el embate del crimen organizado y el narcotráfico. En esta columna no estoy para abogar o no por Randall Zúñiga, sino para contextualizar el marco en el que ocurren las cosas, uno de fuerte roce institucional que enturbia la convivencia democrática tica que, por décadas, ha sido elogiada. 

Lo importante, creo yo, es que la investigación contra el jerarca del OIJ se aclare a fondo por el bien de los costarricenses y de sus instituciones. Eso debería ser urgente e innegociable. Por ahora, las pesquisas contra Zúñiga no son concluyentes y, en medio de ese proceso, es que aparece el nombre de Douglas Sánchez. En un grupo de WhatsApp en el que el director del canal ¡OPA! participaba junto a cuatro mujeres que denunciaron al director suspendido del OIJ, el informe señala que sugirió cómo conducir al imputado a un motel, “montarle la cama”, hacerle “un fijo”, “sacarle más información” y “que hable del presidente y de doña Pilar (Cisneros)”, una de las principales estrategas del chavismo. 

Ni remotamente, ni porque alegue Sánchez que está “del lado de las víctimas”, eso puede concebirse como periodismo. Forzar los hechos para que encajen con una hipótesis es manipular, deformar, falsear. No hay medias tintas en eso. Perdonen la insistencia, pero eso es cualquier cosa menos periodismo: una operación política, inteligencia paralela o activismo encubierto. 

No hay manera de justificar cuando un periodista decide, entre documentar una conducta, inducirla. Eso no sólo no es ético, es tender una trampa. Si bien Wallraff se infiltraba, sin duda no “montaba camas”. Wallraff observó desde el personaje de Alí, pero no intervino. Se sometió a las condiciones que denunció, no las fabricó. Es diferente cuando uno se infiltra en una conducta ilegal que ya está estructuralmente presente, pero el periodista solo verifica si ocurre. No la fuerza ni la induce. Perdón que sea repetitivo, pero conviene que quede clarísimo. Es decir, todo lo contrario de lo que incurre Sánchez: intentar forzar hechos a la medida de su hipótesis… o intereses. 

En términos legales, lo que Sánchez sugirió se denomina entrapment, que es cuando alguien es inducido por un tercero a cometer un delito que no habría cometido por iniciativa propia. También en el terreno periodístico existen estándares internacionales que trazan límites claros. El código de la Society of Professional Journalists establece que el reportero debe “buscar la verdad y reportarla”, y evitar métodos encubiertos salvo cuando las vías tradicionales no permitan obtener información vital para el interés público. Aun en esos casos excepcionales, la infiltración no autoriza fabricar hechos ni inducir conductas. En la misma línea, la Federación Internacional de Periodistas advierte que no deben emplearse métodos desleales para obtener información. Diseñar una trampa o conducir a alguien hacia una escena prefabricada difícilmente puede considerarse compatible con esos principios.

Y, más allá de la trama en desarrollo de Randall Zúñiga, me preocupa de sobremanera el maniqueísmo con el que el director del canal ¡OPA! respondió al informe del OIJ: dijo que los medios que lo publicaron “defienden” al suspendido director; que el informe no es “concluyente”; y que él no debería “ser la noticia de este caso”. Sin embargo, cuando sugirió lo que sugirió, en ese preciso momento Sánchez dejó de ser periodista y se convirtió en cualquier otra cosa. Por eso merece este debate, sobre todo en un contexto democrático tan irascible como el que atraviesa Costa Rica. Uno en el que el periodismo debe ser más serio y honesto que nunca frente a los principios que sostienen este oficio, en el que vale equivocarse a veces, y frente a este país considerado, cada vez menos, la rara avis democrática de la región. 

El periodismo está para probar hechos, no para “montar camas”. Porque “montar camas” le hace un daño irreversible a este oficio, ya bastante denostado por gobernantes autoritarios y boicoteado por la desinformación campante de estos tiempos. Quizá valga la pena releer a Wallraff y, de paso, algunos manuales básicos de ética periodística.