La Fiscalía de Daniel Ortega ha basado sus alegaciones contra los presos políticos en los juicios que se realizan en la cárcel de “El Chipote” en testimonios de policías, entrevistas en medios de comunicación y publicaciones de redes sociales que, a juicio de abogados y defensores de derechos humanos, no son pruebas que soporten condenas de culpabilidad que implican penas máximas.
“No son pruebas, son solo rumores. Además, publicaciones en redes sociales son parte del derecho de los ciudadanos a expresarse”, dijo un defensor de derechos humanos.
Los elementos de pruebas se deben presentar conforme al artículo 268 y 269 del Código Procesal Penal: el primero plantea que las pruebas deben ser obtenidas de forma lícita por la Policía y el Ministerio Público, y el segundo explica la forma en que deben ser incorporadas durante el juicio. Estas pruebas sean testimoniales, periciales o pruebas documentales deben ser siempre de carácter lícito. Sin embargo, en los juicios políticos no ha sido así.
Los primeros en ser declarados culpables fueron Yader Parajón y Yaser Vado González, detenidos en momentos diferentes pero juzgados en un mismo proceso este primero de febrero. En estos dos casos la Fiscalía presentó como únicas pruebas los testimonios de siete agentes de la Estación Uno de la Policía, quienes estuvieron a cargo de los actos investigativos. Tres de ellos brindaron versiones contradictorias y una se mostró renuente a responder. Otra oficial de policía, a quién se le preguntó cómo perjudicaban las publicaciones realizadas por Vado, acusado de “propagación de noticias falsas”, afirmó que “afectaban a su partido”. Las pruebas ofrecidas durante el juicio no lograron demostrar ninguno de los delitos por los que acusan a Vado y Parajón.
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Un abogado penalista, que por temor a represalias pidió anonimato, explicó a DIVERGENTES que en estos casos las autoridades se contradicen, ya que además de la propagación de noticias falsas también culpan a Vado del delito de menoscabo a la integridad nacional, el oficial que se prestó como testigo dijo que ha afectado a los intereses partidarios. “Esto es una situación atípica porque no existe ningún delito que tutele la integridad o el menoscabo a un partido político, y por lo tanto, se convierte en una prueba insuficiente”, asegura.
El dos de febrero le tocó el turno a Ana Margarita Vijil, defensora de derechos humanos e integrante de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), una de las 13 presas políticas con la que se ha ensañado el régimen. Su caso es tan arbitrario que durante el juicio la Fiscalía no presentó testigos, tan solo un video en el que no se demuestra la culpabilidad de la activista.
En el caso de la excomandante y disidente sandinista Dora María Téllez, este tres de febrero, el Ministerio Público presentó el testimonio de cuatro policías. Según el medio Confidencial, uno de estos, técnico informático, reveló que utilizan un software de monitoreo de redes, a través del que identifican las interacciones de las personas en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
El abogado consultado asegura que estas pruebas basadas en opiniones personales no representan ningún acto ilícito, sino que simplemente están basadas en una ley inconstitucional.
Entre las pruebas que la Fiscalía presentó, se encuentran diferentes retuits que realizó Téllez, entre ellos, una de las publicaciones de José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch (HRW) y otra de una persona particular que había compartido la carta que senadores estadounidenses enviaron en junio de 2021, al presidente Joe Biden, instando a tomar medidas adicionales, como respuesta a la situación de Nicaragua.
Otra de las pruebas recogidas fue una supuesta carta del MRS, donde aparecía el nombre de Téllez, pero no su firma, y que fue encontrada en Twitter. La Fiscalía agregó dos entrevistas que Téllez brindó a medios de comunicación independientes y dos participaciones en diferentes momentos con miembros del Parlamento Europeo.
Según la Fiscalía, la exguerrillera “llamó al boicot en contra de Nicaragua y a las sanciones” durante las intervenciones citadas. Sin embargo, en dichas entrevistas, Téllez se refiere a sanciones individuales, que no afectan la integridad del territorio.
Ese mismo día también fue declarado culpable el líder estudiantil Lesther Alemán, como pruebas presentaron un perfil falso de Facebook, dos videos de entrevistas y fotografías que, según el abogado consultado por este medio, son pruebas insuficientes, porque deben demostrar de qué forma causó un menoscabo al Estado.
Además, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) denunció que en la sala hubo presencia de dos operadores políticos, la primera sentada en un escritorio en la puerta de la sala, el segundo sentado al lado del juez. “Estas personas no identificadas estuvieron tomando nota de todo lo transcurrido sin derecho o identificación legal que se los permitiera”, informó AUN.
Este viernes tres, fue declarado culpable Miguel Mora, periodista y precandidato presidencial. El medio 100% Noticias informó que la supuestas “evidencias” que presentó la Fiscalía en contra de Mora fueron varios tuits, entre ellos, uno en agradecimiento a la solidaridad que mostró el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuando paramilitares sandinistas le lanzaron piedras a su esposa Verónica Chávez, quien estuvo en estado crítico en octubre de 2020.
Otra prueba fue un video manipulado de una entrevista a Mora en el 2018, realizada por el periodista propagandístico de Grayzone, Ben Norton, afín al régimen de Ortega.
Tres policías fueron presentados como testigos: uno de los oficiales estuvo presente en el allanamiento, otra fue la encargada de redactar la orden de captura, y el tercer testigo era el “detective” que hizo el monitoreo de las redes sociales de Mora, aseguró su abogado el Dr. Gerardo González Riega.
Los documentos personales como el pasaporte, que le ocuparon a Mora en su casa de habitación, así como su celular y computadora personal, fueron presentados como pruebas, pero la Fiscalía nunca explicó la razón por la que esos objetos se encontraban como evidencias.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició el calendario de las acusaciones contra los presos políticos que encarcelaron en pleno año electoral. Cada día, hasta el 21 de marzo, serán juzgados entre uno y dos presos políticos según informó una fuente a DIVERGENTES. Los presos políticos que ya han sido juzgados los declaran culpables por un delito en común: “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, y en algunos casos también de “propagación de noticias falsas”.
Los primeros culpables
En enero los medios de comunicación dieron a conocer los dos juicios de los presos políticos Donald Alvarenga Mendoza y Douglas Cerros Lanzas, ambos declarados culpables de menoscabo a la integridad nacional y de propagación de noticias falsas.
En el juicio de Alvarenga fueron presentados siete oficiales de la Policía para prestar sus declaraciones como testigos, al igual que el caso de Yaser Vado. Según el acta judicial, los oficiales de policía que declararon en contra del opositor fueron: Ramón Cesar Quintana, Havessin Raúl Blanco Olivares, Wilson Martín Díaz Ríos, Brígido Antonio Bustamante Bolaños, Luis Manuel Caballero Castro y Roberto Ángel Andino Blanco.
Los agentes brindaron declaraciones a propuesta de la fiscal María Francis Pérez Mojica que para la jueza fueron suficientes para comprobar “la conducta de subversión, desobediencia y rebeldía al nivel de la conspiración para afectar la integridad nacional de parte del ciudadano acusado Donaldo Margarito Alvarenga Mendoza, por medio del plano físico en la colectividad social y del mundo virtual en las redes sociales”.
En la acta publicada por el medio Despacho 5O5 se logra leer que el opositor era objeto de espionaje y vigilancia desde el año 2019 por medio de la unidad de inteligencia policial, es decir, un año antes de la entrada en vigor de la Ley Especial de Ciberdelitos, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional en octubre de 2020, y que entró en vigor en diciembre de ese mismo año.
Por otro lado, en el caso de Cerros Lanzas fue denunciado por el subcomisionado Byron Mauricio Maradiaga Rubio, jefe de la Dirección Auxilio Judicial en Nueva Segovia. El mando policial, quien testificó en el juicio, declaró que acusó a Cerros Lanzas porque este supuestamente promovía el “no voto” en las elecciones pasadas.
En elecciones como las del 2016, simpatizantes del régimen han cuestionado el llamado al “no voto”, señalando que el artículo 175, inciso dos, de la Ley Electoral indica que serán sancionados con arresto, sin embargo, esto aplica solamente a funcionarios públicos y a jerarquías, no a dirigentes populares, mucho menos a ciudadanos.
La acusación del Ministerio Público señala que, desde julio de 2019, el opositor ha incurrido “en acciones de menoscabo a la integridad nacional”, al incitar “la desestabilización de la paz social”, a través de Facebook y WhatsApp. El fiscal Alberto Mena Gámez acusó al ciudadano de utilizar las redes sociales para alentar a “no vacunarse” contra la Covid-19, y promover sanciones internacionales contra el régimen. Esto último, fue desmentido por sus hijas, ya que Douglas Cerros nunca realizó esas publicaciones e incluso afirman que su padre fue uno de los primeros en asistir a las jornadas de vacunación.
Al momento de la detención le confiscaron su teléfono celular que luego fue “examinado”. En el juicio se mencionaron supuestos mensajes que envió y recibió Cerros, enlaces de noticias de medios de comunicación, supuestas publicaciones que hizo en su cuenta de Facebook, entre otros.
Incluso un testigo protegido declaró que “a través de inteligencia de la Policía Nacional del departamento de Nueva Segovia, se obtuvo noticias que él (Cerros) había comprado spray para rayar las paredes” y “que se los iba a entregar a los vandálicos” en 2019.
El abogado penalista explica que la aprobación de pruebas realizada por la jueza sobre la conducta de subversión, desobediencia y rebeldía al nivel de la conspiración para afectar la integridad nacional en las redes sociales en el caso de Alvarenga es incorrecta, y desde esa perspectiva estaría siendo criminalizada prácticamente toda Nicaragua.
“En ambos casos, al ser investigados desde 2019 procede a la ilegalidad, ya que los están acusando por unos hechos en que ambas leyes no se encontraban en vigencia. Por lo tanto, no existe correlación entre acusación y sentencia, es prueba ilícita, es prueba insuficiente y evidentemente no había fundamentos para declararlos culpables”, finaliza.