En el primer semestre de 2024, se documentaron 643 casos de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), expusieron organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el 190 período de sesiones.
Las violaciones se registraron en más de 52 comunidades del territorio de la RACCN. Hubo al menos 682 víctimas, de las cuales 47% fueron mujeres (321 casos) y 53% hombres (361 casos).
Los casos documentados incluyen la quema de viviendas contra familias, amenazas, secuestros, torturas e incluso asesinatos. Estos ataques son perpetrados principalmente por colonos equipados con armamento y entrenamiento militar, quienes también cuentan con la permisividad del Estado bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Tininiska Rivera, hija del político indígena Brooklyn Rivera —detenido por la Policía Nacional el 29 de septiembre de 2023—, expuso su preocupación sobre el aumento de las agresiones contra los pueblos indígenas, que registró un considerable aumento en 2024.
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De acuerdo con organizaciones indígenas, en este año se ha reportado el asesinato de cuatro indígenas durante los ataques de colonos, lo que aumenta a 79 asesinados en este contexto desde 2013.
El 78% de las agresiones ocurrieron en 15 comunidades que cuentan con medidas de protección otorgadas por la CIDH y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de las cuales ninguna ha sido cumplida por el Estado de Nicaragua.
Rivera señaló que dichos ataques forman parte de “un proceso de colonización que implica, en palabras de las comunidades, un etnocidio”; ya que además de la violencia física a la que son sometidos estos pueblos por parte los colonos, también son privado de sus recursos naturales que utilizan para subsistir.
Guardabosques y líderes territoriales criminalizados
Por su parte, Camila Omar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil por sus siglas en inglés), indicó que el régimen Ortega-Murillo ha criminalizado a líderes y personas defensoras de territorios indígenas. Las comunidades más afectadas por la criminalización son los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, las cuales cuentan con medidas de protección brindadas por la CIDH.
Solo en los primeros seis meses de 2024, se registraron 37 casos de guardabosques criminalizados por el Gobierno, es decir, que vivieron algún tipo de intento de detención, privación de la libertad o juicio por parte del Estado.
Entre 2022 y 2023, al menos 11 líderes territoriales y guardabosques del pueblo Mayangna tienen condena firme por delitos imputados por el régimen; y cuatro de estas personas también tienen medidas de protección del Sistema Interamericano. Según Omar, estas autoridades territoriales sufren tratos inhumanos en las cárceles.
En ese mismo período, 12 personas indígenas fueron detenidas y liberadas, pero permanecen bajo constante vigilancia; y otros 14 indígenas tienen órdenes de detención.
Las comunidades también se enfrentan a violaciones al debido proceso, ya que las personas detenidas son sometidas a juicios fuera de la jurisdicción de la RACCN, audiencias totalmente privadas y la negativa a entregar copias de las sentencias condenatorias.
“Las autoridades como la Policía Nacional, estigmatizan a los defensores del territorio al declararlos ‘integrantes de una banda delincuencial’, intentando crear una narrativa de ‘conflicto interno entre las comunidades’, pese a que los comunitarios han informado que los actos de los que se les acusa a los guardabosques y líderes, fueron cometidos por colonos”, señala la abogada.
Mujeres y niñas indígenas vulnerables a la violencia sexual
Las mujeres, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas de la RACCN han sido una de las principales víctimas de la violencia del Estado y de los colonos, manifiesta Omar.
Entre 2017 y 2023, se registraron 35 casos de violaciones sexuales contra niñas y mujeres, según la documentación de organizaciones indígenas. La mayoría de las víctimas son adolescentes entre los 12 y 18 años. Aunque los mismos organismos señalan que hay un enorme subregistro debido al temor que sienten las víctimas por denunciar.
Mientras que en este 2024 se documentan 58 casos de violencia contra mujeres, que incluyen violencia sexual, psicológica y física. Estas agresiones ocurrieron en 15 comunidades con medidas de protección.
En este año también han ocurrido cuatro femicidios, tres de mujeres miskitu y una mujer mayangna. Las comunidades señalaron que estos femicidios fueron perpetrados por colonos y en varios de los casos se denunció ante la Policía Nacional a los agresores, previo a que ocurrieran los asesinatos.
Tal fue el caso de S.K.T.I., una joven miskita de 21 años asesinada el 3 de mayo de este año. Sus padres decidieron mantener en anonimato la identidad de su hija para protección de la familia. De acuerdo con la organización indígena, Prilaka, el padre de la víctima, había denunciado a la Policía Nacional y a la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti) la presencia de grupos de colonos en su comunidad desde 2019, pero nunca obtuvo respuesta. Hasta la fecha, dicho femicidio continúa en la impunidad.
“Los colonos también secuestran a mujeres y niñas en territorios invadidos, sometiéndolas a diversas formas de violencia, lo que a menudo resulta en embarazos que son utilizados por los colonos para reclamar derechos sobre tierras comunales, alegando que forman parte de las familias indígenas”, expresa Omar.
Régimen ha violado el derecho a la autodeterminación de los pueblos
En ese mismo período también se documentaron 38 casos de vulneración al derecho a la autodeterminación de los pueblos, ya que el Estado impuso y sustituyó de forma arbitraria a gobiernos comunales y territoriales. Esto provocó la desarticulación de la organización y autogobierno de los pueblos indígenas, denuncian las organizaciones.
Tininiska Rivera expuso el caso de su padre, Brooklyn Rivera, quien dirigía el partido política indígena, Yatama. Desde su detención en septiembre de 2023 se encuentra desaparecido, ya que las autoridades estatales no han querido brindar información a la familia sobre su paradero.
Rivera ha solicitado incesantemente una prueba de vida, debido a que en diferentes ocasiones su familia ha recibido información de que su padre ha sido hospitalizado o ha tenido complicaciones de salud, pero esto nunca lo han podido comprobar.
A la detención de Brooklyn Rivera se suma la detención de Nancy Henríquez, también líder de Yatama. Henríquez fue detenida el 1 de octubre de 2023 y condenada a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de “menoscabo contra la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. La lideresa indígena contaba con medidas cautelares de la CIDH que le fueron brindadas el 11 de octubre de 2023.
Rivera señaló que las detenciones a los líderes ha incluido vigilancia y amenaza hacia las familias, motivo por el que ella tuvo que exiliarse. Y también implicó la confiscación de las radio comunitarias de Yatama, Yapti Tasba Bila Baikra y Yapti Tasba Wangky, además de las propiedades del partido donde se realizaban las reuniones.