El Departamento de Estado de Estados Unidos restringió el visado de 100 funcionarios municipales aliados a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo este miércoles, por su apoyo a los ataques contra los derechos humanos, las libertades fundamentales y las organizaciones de la sociedad civil.
La restricción contra los aliados del régimen también está motivada por el cierre y confiscación reciente de la Universidad Centroamericana (UCA) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).
“Dos de los centros de enseñanza superior más reconocidos, bajo pretextos arbitrarios e infundados. Adicionalmente, Ortega y Murillo han atacado instituciones académicas independientes, trastocando las esperanzas y sueños de los nicaragüenses que buscan construir un mejor futuro en su tierra natal”, señala la declaración del secretario de Estado, Antony J. Blinken.
Con esto suman a más de 1,000 funcionarios y funcionarias nicaragüenses, que incluyen a personas involucradas en el abuso de derechos humanos, represión y corrupción. De acuerdo con Blinken, quienes participan en la represión y niegan los derechos ciudadanos no deberían viajar libremente a Estados Unidos.
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“Esta medida fue tomada conforme a la Proclama Presidencial 10309, que suspende la entrada a los Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes a miembros del Gobierno de Nicaragua y a otras personas que formulan, implementan y se benefician de las políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas”, manifiesta.
El Departamento de Estado también demandó la liberación de las personas presas políticas que mantiene el régimen Ortega-Murillo, incluyendo al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Y aseguró que continuará trabajando para la rendición de cuentas de las personas que sostienen a la dictadura.
“Los Estados Unidos continúan trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Nicaragua. Seguimos comprometidos con la promoción del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua”, concluye Blinken.
INCAE y UCA confiscadas en menos de un mes
El Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica del INCAE y ordenó la confiscación de sus bienes el pasado 25 de septiembre, alegando que la institución académica había obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
El INCAE que funcionaba desde 1964, era reconocido como una de las mejores escuelas de negocios a nivel internacional y una de las pocas instituciones de educación superior independientes en Nicaragua. Ahora sólo mantiene operaciones en la sede de Costa Rica.
Por su parte, la UCA fue acusada de “ser un centro de terrorismo” el pasado 17 de agosto y fue reemplazada por la Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Hasta ahora, la nueva universidad dirigida por el Consejo Nacional de Universidades ha sido incapaz de retomar operaciones y las fechas de reapertura han sido pospuestas dos veces. Actualmente se mantiene en cierre indefinido.
Desde 2018 hasta la fecha se contabilizan más de 3,338 organizaciones e instituciones académicas que han sido despojadas de su personería jurídica, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.