La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha inaugurado un nuevo derrotero represivo: la confiscación de propiedades de familiares de los opositores y ciudadanos a quienes ha declarado como “traidores a la patria”.
La imposición de ese delito político conlleva el congelamiento de cuentas bancarias y la confiscación de bienes, a pesar que la Constitución Política de Nicaragua expresamente prohíbe esto último en su artículo 44. Sin embargo, un abogado explica que se trata de una ilegalidad rampante, porque los “delitos” no “trascienden a los responsables”.
DIVERGENTES ha conocido al menos cinco casos de familiares de opositores desnacionalizados, cuyos inmuebles han sido intervenidos por la Policía. Los oficiales han interrumpido en las propiedades de familiares invocando órdenes de la Procuraduría General de la República (PGR), que desde hace meses se ha encargado de confiscar las propiedades de decenas de opositores declarados “traidores a la patria”. No obstante, los agentes no presentan documento alguno de esta institución pública que justifique las supuestas órdenes.
En febrero de 2023, los Ortega-Murillo despojaron de la nacionalidad a 222 presos políticos, a quienes desterraron a Estados Unidos. Menos de una semana después, el 15 de febrero, 94 nicaragüenses también fueron desnacionalizados, la mayoría de ellos ya se encontraban en el exilio.
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Los opositores afectados han preferido no revelar detalles sobre la confiscación de las propiedades de sus familiares, por temor a más represalias. Sin embargo, públicamente han trascendido dos casos. El primero es el de la mamá del exmagistrado sandinista Rafael Solís. La policía invadió el lunes 29 de enero el Hotel Casablanca, ubicado en la calle principal de San Juan del Sur, y saquearon lo que encontraron adentro.
Rafaela Cerda, de 93 años de edad, era la propietaria del Hotel Casablanca desde el año 1999. Primero usó la casa como casa de verano, luego se trasladó a vivir a ella de manera permanente, hasta que la convirtió en un hotel. Los policías también confiscaron un terreno aledaño, donde funciona la empresa de alquiler de autos Alamo. De acuerdo a fuentes cercanas a la familia, el exmagistrado Solís “no era socio, ni tenía ninguna acción en el Hotel Casablanca”.
Este primero de febrero también trascendió que la policía ocupó, en el mismo balneario turístico de San Juan del Sur, el condominio de apartamentos propiedad de la familia Chamorro Barrios. La propiedad intervenida se llama Farallón de Sotavento, un condominio compuesto de apartamentos y una casa de servicios.
Los oficiales expulsaron al personal de servicio de la propiedad de la familia Chamorro Barrios y les dijeron que Farallón de Sotavento quedaba “ocupada de forma permanente”. De acuerdo al diario La Prensa, el terreno donde está construido este condominio fue adquirido a finales de los años sesenta por el mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro.
En 2007, la casa veraniega fue demolida por voluntad de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y se construyó la actual edificación, conformada por cuatro apartamentos y la casa de servicio.
Los propietarios fundadores de la sociedad condominio Farallón de Sotavento fueron doña Violeta Barrios de Chamorro y sus hijos Pedro Joaquín, Cristiana, Carlos Fernando y Claudia. Luego, la matriarca distribuyó las acciones del condominio de manera proporcional entre los hermanos.
En 2017, Carlos Fernando y Pedro Joaquín vendieron sus acciones a otros dueños. De los cuatro hermanos, sólo Claudia Chamorro Barrios no fue desnacionalizada por el régimen. Sin embargo, la propiedad ha sido confiscada en su totalidad.
“Buscan callarnos”
“En primer lugar”, dice el abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, “los que estamos en la lista fuimos condenados sin juicio. Es una aberración que no tiene explicación en el orden jurídico, porque el despojo de nuestra nacionalidad era un delito que no existía. Es un abuso de poder que tiene como consecuencia el despojo de nuestra nacionalidad y se agrega la confiscación de nuestros bienes. Ahora vemos que la confiscación se extiende más allá de la lista en la que estamos. De nuevo, es otro gigantesco abuso de poder”.
Antes de iniciar la confiscación de propiedades de familiares de exiliados y desterrados, en enero de 2023, los Ortega-Murillo comenzaron a aplicar una nueva modalidad de persecución, al convertir en blanco de represión a los parientes de los nicaragüenses que continúan alzando la voz fuera del país. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en su momento calificó esta medida como “secuestro extorsivo”, en el que se toma como “rehenes” a los familiares para forzar la captura de los opositores exiliados.
“Ahora vemos que van tras las propiedades de nuestros familiares cuando el delito, por muy político que sea, nos trasciende a los responsables”, fustiga Carrión. “Esto solo se explica desde la sed de venganza. Primero el exterminio de nuestra condición de ser persona, de nuestra dignidad, esa dignidad que nos mantiene levantando la voz por nuestra libertad y denunciar todos los atropellos. Pero ahora lo extienden a nuestros familiares para meterlos en más miedo. Es un sufrimiento infligido desde un Estado de terror que busca callarnos, desarticularnos en el exilio y en el destierro”, sostiene el defensor de derechos humanos refugiado en Costa Rica.