El regreso de algunas procesiones católicas a las calles de Nicaragua, después de varios años de restricciones impuestas por el régimen Ortega-Murillo, se logró luego de pláticas entre personeros de Estados Unidos, representantes de la dictadura sandinista y autoridades de la Iglesia Católica, confiaron a DIVERGENTES fuentes extraoficiales en Washington, como vinculadas a las estructuras de poder en El Carmen.
Una fuente cercana a los círculos de seguridad del régimen sandinista reveló las pláticas tripartitas, derivadas luego de las recientes advertencias del Secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la gravedad del clima de persecución religiosa en Nicaragua. “Lo de Rubio los alertó sobre el interés de Estados Unidos con el tema de la libertad religiosa en Nicaragua”, comentó.
Otra fuente asentada en Washington confirmó estas pláticas, sin dar más detalles sobre quiénes fueron los participantes. Pero, es un hecho que el tema es parte de la agenda de la Administración norteamericana. Incluso, la embajadora propuesta por Donald Trump, Natasha Franceschi, dejó claro el interés de este Gobierno ante la crisis de libertad religiosa en Nicaragua.
“La Administración no tolerará amenazas ni abusos, incluida la confiscación de propiedades y activos de ciudadanos estadounidenses ni la represión contra los cristianos, particularmente contra la Iglesia católica y sus fieles”, dijo Franceschi este jueves 24 de septiembre, durante su audiencia ante el Senado del país norteamericano. Posteriormente, el régimen sandinista rechazó a la diplomática para asumir la embajada norteamericana en Managua.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en respuesta a una consulta sobre estas nuevas aprobaciones, no se pronunció sobre las presuntas negociaciones para permitir que las procesiones fueran permitidas, pero sí advirtió que en Nicaragua persisten las violaciones a la libertad religiosa.
“Seguimos profundamente preocupados por la represión de la libertad de religión y de creencias por parte de la dictadura Murillo-Ortega”, afirmó un vocero del Departamento de Estado en declaraciones a DIVERGENTES.
“Los Estados Unidos consideran que la libertad religiosa es un derecho humano universal y una libertad fundamental. El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a Nicaragua como País de Especial Preocupación (CPC, por sus siglas en inglés), en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional, debido a las violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa.Nicaragua tiene una rica tradición religiosa, y anhelamos el día en que el pueblo nicaragüense pueda celebrar su fe sin restricciones”, añade la comunicación.
Las procesiones permitidas
La posición estadounidense se conoce después que el régimen permitiera nuevamente algunas celebraciones religiosas fuera de los templos, entre ellas las procesiones de la Virgen de La Merced, el 24 de septiembre en Matagalpa; San Jerónimo, el 30 de septiembre en Masaya; y San Francisco de Asís, el 4 de octubre en Managua.
En la celebración de San Jerónimo, una de las festividades católicas más concurridas de Nicaragua, estuvo presente el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, quien presidió la misa previa a la procesión. La autorización para sacar la imagen a las calles fue comunicada pocas horas antes de la actividad, pese a que la Iglesia había solicitado el permiso con anticipación.
Durante la celebración, el párroco José Antonio Espinoza agradeció públicamente a las autoridades municipales, políticas y policiales presentes en el templo. La procesión tuvo un recorrido limitado a siete cuadras.
Estas autorizaciones contrastan con las restricciones que han enfrentado las parroquias católicas, particularmente desde 2023, cuando las fuerzas represivas sandinistas comenzaron a impedir de manera generalizada las procesiones y otras manifestaciones religiosas en espacios públicos.
Incluso, Rosario Murillo, en su alocución del 29 de septiembre, hizo un entusiasta saludo a las celebraciones por San Jerónimo, en el contexto de la autorización para la la salida de la procesión.
“Celebramos las Promesas cumpliéndose de San Jerónimo Doctor, las fiestas más vibrantes allá en Masaya, al son de nuestras incomparables marimbas, de nuestros atabales, de nuestros tambores, de nuestras filarmónicas…San Jerónimo Doctor en Masaya… San Jerónimo Doctor que hoy sale de la real e insigne Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, conocida como la Catedral de León, hacia Sutiaba. Estas fiestas que celebramos desde el corazón de nuestro pueblo creyente y devoto, en el sincretismo de nuestras tradiciones de pueblos originarios”, expresó la copresidenta.
Investigadora denuncia vigilancia y control político sobre las procesiones
La investigadora Martha Patricia Molina denuncia que las celebraciones autorizadas fueron supervisadas por estructuras políticas sandinistas, y que los permisos no se han extendido a todas las parroquias.
Molina, investigadora y autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, las recientes autorizaciones no representan un cambio en la política del régimen hacia la Iglesia católica, sino decisiones discrecionales que mantienen las actividades religiosas bajo control gubernamental.
“El comportamiento de la Dictadura sandinista nunca ha respondido a políticas de estado sino a cambios volátiles y temperamentales de la codictadora Rosario Murillo”, afirmó.
La investigadora explicó que, aunque algunas imágenes religiosas pudieron regresar a las calles, otras parroquias continúan celebrando sus actividades dentro de los templos, sin autorización para realizar recorridos públicos.
“He monitoreado las actividades de varias parroquias locales y he notado que aún continúan realizando las procesiones intramuros lo que evidencia que los que tienen permiso de salir son aquellas procesiones que son más concurridas por los laicos, el resto no”, señaló.
Según Molina, las celebraciones autorizadas fueron “supervisadas y coorganizadas” con la participación de alcaldías, Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Persiste control de la dictadura sobre actividades religiosas
La investigadora sostiene que la intervención de estas estructuras evidencia que el régimen continúa ejerciendo control sobre las actividades religiosas, incluso cuando permite su realización fuera de las iglesias.
También denunció que algunos sacerdotes recibieron instrucciones repentinas para organizar las procesiones y expresar agradecimientos por los permisos otorgados.
“De un momento a otro obligaron a los sacerdotes a realizarlas y además que agradecieran por ellos. Una procesión no se programa de un día para otro lleva su coordinación, pero en esta ocasión tuvieron que salir porque esa fue la orden», aseguró.
Molina advierte que la participación de estructuras oficialistas en la organización de las celebraciones constituye una vulneración de la autonomía de la Iglesia y de la libertad religiosa.
“El que las procesiones sean controladas por la dictadura, en sí es un peligro y vulneración a la libertad religiosa”, afirmó.
La investigadora también aseguró haber recibido información sobre presuntas intenciones de modificar el carácter religioso de algunas festividades. No obstante, esta denuncia no ha sido corroborada de manera independiente.
Presión internacional podría estar detrás de los permisos
Las recientes autorizaciones se producen en un contexto de cuestionamientos internacionales por las restricciones a la libertad religiosa en Nicaragua.
El 2 de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que instó al régimen nicaragüense a restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, entre otras garantías fundamentales.
Molina considera que la presión internacional podría haber influido en la decisión de permitir determinadas procesiones, aunque no identifica una gestión específica que haya provocado el cambio.
«Es evidente que la presión internacional tiene algo que ver con esa repentina decisión, pero es importante comprender que permitir algunas procesiones no es señal de que se respete la libertad religiosa o que no exista persecución religiosa», sostuvo.
La investigadora considera que el régimen intenta proyectar una imagen de tolerancia religiosa mediante autorizaciones puntuales, mientras mantiene otras restricciones contra la Iglesia católica.
Más de 28 000 procesiones prohibidas desde 2019
Las procesiones que han regresado a las calles representan una pequeña parte de las celebraciones religiosas restringidas durante los últimos años.
Según los registros de Molina, entre 2019 y abril de 2026 el régimen prohibió 28 904 procesiones y actos de piedad popular de la Iglesia católica. De ese total, 6135 correspondieron a las actividades de Cuaresma y Semana Santa de 2026.
Las restricciones se intensificaron a partir de 2023, cuando numerosas parroquias comenzaron a celebrar el vía crucis, las procesiones de Semana Santa y otras festividades religiosas dentro de los templos o en sus patios, debido a las prohibiciones policiales.
Molina advierte que la autorización de determinadas procesiones no modifica las condiciones que enfrentan sacerdotes, religiosos y feligreses en Nicaragua.
De acuerdo con sus registros, el régimen mantiene confiscadas 43 propiedades de la Iglesia católica, mientras 315 sacerdotes y religiosas permanecen en el exilio sin poder regresar al país.
También denuncia que las autoridades no han restituido las frecuencias de los medios de comunicación católicos ni los fondos sustraídos de cuentas bancarias de instituciones religiosas y del seguro sacerdotal.
La investigadora señala además que persisten restricciones a las ordenaciones diaconales y sacerdotales en las diócesis de Matagalpa, Jinotega, Siuna y Estelí, así como la vigilancia permanente sobre los sacerdotes.
Entre los casos que menciona se encuentran el sacerdote Frutos Valle y el obispo emérito de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata, quienes, según su denuncia, continúan sometidos a restricciones de libertad.
A ello se suman las confiscaciones de universidades y colegios católicos, las limitaciones a las reuniones de oración en viviendas particulares y la ausencia de un nuncio apostólico en el país.
Para Molina, estas condiciones evidencian que las autorizaciones parciales no representan una restitución de los derechos de la Iglesia católica.
Molina descarta intermediación del cardenal Brenes
El regreso de algunas procesiones abrió especulaciones sobre una posible intervención de la jerarquía católica para conseguir los permisos. Sin embargo, Molina descarta que el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, haya tenido capacidad de decisión en las recientes autorizaciones.
“El cardenal Leopoldo José no tiene ninguna voz ni voto en las decisiones de los dictadores”, aseguró.
La investigadora considera que las relaciones entre la jerarquía católica y el régimen están condicionadas por el temor a posibles represalias, entre ellas el encarcelamiento o la expulsión del país.
Sus declaraciones constituyen una valoración sobre el papel de los obispos y no permiten establecer si existieron gestiones eclesiásticas para conseguir los permisos.
Mientras tanto, las autorizaciones continúan dependiendo de decisiones de las autoridades y no existe un anuncio oficial que establezca el levantamiento general de las restricciones a las procesiones católicas.
Para Molina, el hecho de que algunas imágenes religiosas puedan regresar a las calles no significa que los fieles hayan recuperado plenamente su derecho a manifestar públicamente su fe.