Nelly Griselda López García, de 42 años de edad, fue encarcelada por razones políticas durante 17 meses, entre el 15 de abril de 2023 y el 5 de septiembre de 2024, cuando fue desterrada a Guatemala, junto a 134 presos políticos más.
En ese país recibió la noticia de que también sería desnacionalizada y confiscada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés) negó la solicitud que ella hizo para el reasentamiento como refugiada en Estados Unidos, además del permiso de permanencia temporal (parole).
El pasado viernes 20 de diciembre le entregaron a Nelly López una carta firmada por Kevin Grigsby, director de operaciones de refugiados, en la que le explican las razones por las que no fue elegida para ser reasentada en Estados Unidos.
El programa de reasentamiento en Estados Unidos fue ofrecido horas después que desterraron a 135 presos políticos a Guatemala. La Cancillería del país centroamericano informó que los presos políticos excarcelados tendrían 90 días para regular su situación migratoria, mientras decidían si optar por el programa Movilidad Segura ofrecido por el Gobierno de Estados Unidos, u otras iniciativas como destino final.
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El Gobierno de España informó un mes después que los 135 nicaragüenses excarcelados y desterrados a Guatemala podían optar por la nacionalidad española, tal como lo han hecho otros nicaragüenses despojados de su nacionalidad por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El canciller José Manuel Álbares recordó que esta oferta de la nacionalidad española es similar a la que se hizo en 2023 para los nicaragüenses que fueron despojados de la suya, y aprovechó para indicar que esa oferta se extiende a los familiares de estos.
Fuentes consultadas por DIVERGENTES, aseguran que hasta el momento, son entre 30 y 40 los desterrados de los que estaban en Guatemala a los que se les ha negado el reasentamiento en Estados Unidos. No obstante, recientemente se conoció que al periodista Víctor Ticay sí le aprobaron este proceso y ya se encuentra en Estados Unidos, desde donde quiere seguir ejerciendo su carrera como periodista.
El diario LA PRENSA conoció que siete grupos de desterrados han logrado viajar a Estados Unidos, bajo el programa de Movilidad Segura, en el último mes. El diario informó que al menos a 20 de los excarcelados les negaron el reasentamiento en el país norteamericano.
Las autoridades de Guatemala informaron que al menos seis de ellos expresaron interés de quedarse de manera permanente en Guatemala. Un mes después se informó que siete de los desterrados viajarían a Costa Rica a pedir asilo y otros dos solicitaron salida hacia Argentina.
Credibilidad y discreción alegó Estados Unidos
La primera razón para negar el reasentamiento a Nelly López se basó en la “credibilidad”, en la que indica que “después de una cuidadosa consideración de la totalidad de las circunstancias y todos los factores relevantes (incluida la evidencia y testimonio proporcionado en su entrevista de estatus de refugiado) no encontramos creíble su testimonio”.
El documento explica que los problemas de credibilidad sin resolver se encuentran en el expediente del caso. “Al tomarse en cuenta la totalidad de las circunstancias y todos los factores pertinentes, incluidas las explicaciones que haya dado durante la entrevista, su testimonio no es creíble porque: las preocupación o preocupaciones pueden ser fundamentales para uno o más de los criterios de elegibilidad para la admisión como refugiado”.
Agrega que “no podemos basarnos en parte o totalidad de su testimonio para establecer que cumple con todos los requisitos de admisión como refugiado”.
La segunda razón tiene que ver con la “discreción”. El documento señala que “después de revisar toda la información relativa a su caso, incluido su testimonio, documentación de apoyo, verificaciones de antecedentes, condiciones del país y otra información disponible, los factores negativos superan a los positivos en su caso”.
Agrega que no hay apelación para la denegación de una solicitud de estatus de refugiado. Sin embargo, la Uscis puede ejercer su discreción para revisar un caso si recibimos una solicitud de revisión oportuna de parte del solicitante principal. Y Nelly López, como solicitante principal, puede pedir que Uscis revise esta decisión.
Familiar de víctima de masacre a rebelión ciudadana
Nelly López se involucró en las protestas contra el régimen Ortega-Murillo, después de que asesinaron a su sobrino, Erick Antonio Jiménez López, de 34 años de edad, el 17 de julio de 2018. Jiménez fue abatido de un tiro en el pecho, hecho desde las fuerzas represivas de la dictadura sandinista. Dejó a un niño (6 años en 2018) en la orfandad.
Ella se integró a la Asociación Madres de Abril (AMA), una organización que pide justicia por los asesinatos cometidos por el Frente Sandinista durante las protestas de 2018. López también colaboraba con la Organización Víctimas de Abril (OVA), una agrupación de denuncia contra las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen Ortega-Murillo y que brinda asistencia a los familiares de las víctimas. Nelly dice que con esta organización consiguió apoyo económico, medicinas y útiles escolares para los familiares.
“Yo tengo suficiente evidencia sobre mi participación como opositora, y no tengo porqué mentir, y dije todo mi testimonio basado en los hechos de lo que viví en los 17 meses que estuve en la cárcel”, dijo López a DIVERGENTES.
Beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH
De hecho, Nelly López y su pareja, Eddy Castillo, capturado el mismo día-el 15 de abril de 2023-fueron beneficiarios de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado primero de marzo, mientras se encontraban en la cárcel.
El documento de la CIDH señala que la situación de López y su esposo “no se trata de un evento aislado sino que se inserta en el contexto actual de Nicaragua, caracterizado por la práctica de detenciones y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y opositoras políticas”.
La Comisión observó que López y Castillo “están privados de libertad en diversos centros penitenciarios, en condiciones de detención incompatibles con los estándares del derecho internacional y sin atención a sus padecimientos de salud. La CIDH estima que la situación alegada derivaría por la postura crítica de las personas propuestas beneficiarias, lo que incide en el agravamiento de los factores de riesgo alegados, al ser identificado o percibido como opositor político o crítico al actual gobierno nicaragüense”, se lee en el documento.
Castigos de la dictadura
López fue capturada en su casa en Monimbó, un barrio de Masaya, el 15 de abril de 2023. Días después de la captura, fue señalada de “tener pólvora para desestabilizar al Gobierno”. Como no encontraron pruebas, luego fue acusada de que a través de su liderazgo de la Judea– una tradición católica en la que unos jóvenes recrean pasajes bíblicos a través de una actuación pública– ella organizaba a jóvenes para un levantamiento contra el régimen.
Finalmente, al igual que su pareja, Eddy López, fueron procesados y condenados a seis años de prisión por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”. Estos delitos son los que aplica la dictadura a los presos políticos en Nicaragua.
Según la CIDH, en la cárcel López recibió en varias ocasiones comidas descompuestas que le generaron mayores complicaciones médicas. Sólo se le permitía una visita familiar por un tiempo aproximado de 45 minutos. Tuvo constantes crisis de parálisis facial (patología preexistente) sin recibir atención médica. En la audiencia de juicio del 10 de junio de 2023, sufrió una de estas crisis, sin que las autoridades le brindaran atención médica.
Sufrió parálisis, en distintas ocasiones, entre octubre y noviembre de 2023. También le surgieron nuevas patologías como taquicardia y alteración de su menstruación. El 17 de diciembre sufrió una intoxicación alimentaria que le causó diarrea y desmayos.
Secuelas de la cárcel
“De la cárcel salí dañada, con problemas de salud que nunca había tenido: del estómago, de colon y de mis ovarios”, dijo López, quien recibió atención médica en Guatemala, donde le diagnosticaron que tiene “una masa” en el ovario derecho, el cual se encuentra inflamado.
López dice que se encuentra preocupada por su situación, pues la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) le estaba garantizando la atención médica, pero al ser rechazada por el programa de reasentamiento a Estados Unidos, ella teme que ya no la sigan atendiendo en el hospital.
“No sé qué va a pasar con el tratamiento ¿Cómo lo voy a pagar? Nosotros estábamos recibiendo una ayuda de 2000 quetzales (260 dólares) mensuales para la comida, pero para medicamento no tengo”, dijo López, quien “tenía la esperanza de empezar de nuevo en Estados Unidos”.