Cuando a mediados de 2021 arrestaron a los candidatos presidenciales y miembros de organizaciones políticas, Olesia Muñoz pensó “aquí no hay nada qué hacer: sólo toca orar”.
Desde entonces, Olesia, de 52 años de edad, dice que se apartó de las organizaciones políticas. Ella fue presa política durante 319 días por participar en las manifestaciones que iniciaron en abril de 2018. Pero desde 2021 no daba entrevistas a medios de comunicación ni criticaba en redes sociales al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo porque había visto que “a la más mínima cosa que dijeran, te apresaban”. No se fue del país porque no se consideraba una opositora fuerte. Entonces, creyó que callándose, apartándose, iba a llevar su vida normal.
Se equivocó: el 8 de abril de 2023, previo al quinto aniversario de las protestas de la Rebelión de Abril, oficiales de la Policía llegaron a su casa para que acudiera a una “entrevista” en la estación policial de Niquinohomo, de donde ella es originaria.
No hubo acoso previo. No presentaron orden de captura ni ningún otro documento. Tampoco ella se opuso. Se subió a la patrulla y fue trasladada directamente desde Niquinohomo hasta la estación policial del Distrito III de Managua, donde los que han permanecido allí denuncian que se practican tratos crueles e inhumanos.
Recibe nuestro boletín semanal
En este lugar Olesia fue confinada durante más de dos meses a una celda pequeña, donde hacía mucho calor y la llevó a sufrir varias crisis de hipertensión.
“Fueron meses catastróficos”, dice Olesia, quien narra que era levantada a cualquier hora del día para ir a interrogatorios. Tampoco le permitieron la visita de familiares.
Como los policías no tenían pruebas de que Olesia fuera una disidente activa del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los interrogadores le enseñaban fotos de ella cuando se involucró en las marchas de 2018.
Olesia fue liberada de su primer encarcelamiento por una Ley de Amnistía que aprobó en junio de 2019 el Parlamento, controlado por Ortega y Murillo, para absolver a todas las personas señaladas de haber cometido delitos durante la crisis que inició en abril de 2018.
Esta norma fue criticada por los opositores porque en realidad su objetivo era absolver a los policías y paramilitares del régimen involucrados en los crimenes de lesa humanidad durante las operaciones de represión.
Además, no garantizaba que los opositores liberados volvieran a ser encarcelados, como finalmente ocurrió con Olesia Muñoz: aunque ella se apartó del activismo político desde 2021, fue arrestada cuatro años después por acciones que cometió en 2018.
17 meses sin condena
En esta segunda detención, Olesia fue acusada por supuestamente violar la Ley de Ciberdelitos y como “prueba” presentaron comentarios –que Olesia niega que los hizo– a publicaciones de monseñor Jorge Solórzano, obispo de Granada.
“En el juicio ellos revolvían todo: fotos mías de 2018, fotos de monseñor Solórzano y hasta fotos del papa Francisco”, dice Olesia, en un hotel de Guatemala, donde llegó después de ser desterrada el 5 de septiembre de este año, junto a 134 presos políticos más.
Olesia luce pálida y un poco más delgada. Habla mucho sobre lo que Dios la cuidó en los meses en prisión, e intenta no denunciar directamente a los mandatarios, como lo hacía incluso después de la primera vez que la sacaron de la cárcel.
Luego de los más de dos meses en el Distrito III fue trasladada al Sistema Penitenciario de Mujeres, en Tipitapa. Fueron 17 meses durante los cuales permaneció en una celda en la que llegó a estar apretujada hasta con seis mujeres más, botó el pelo y le erupcionaron barros en la espalda debido al agua caliente con la que se bañaba; comía en bolsas y con las manos, y se exacerbaron sus problemas de salud: hipertensión y neuropatía diabética.
Pero sobre todo fueron 17 meses durante los que estuvo presa sin condena. “Nunca me dijeron que fui condenada a tantos años”, asegura Olesia. Por esa razón es que, cuando podía, le decía a los carceleros que la tenían presa “a la carebarro (sinvergüenza o de forma descarada)”.
Pese a que Olesia dice que el tiempo en prisión le sirvió para “afianzar” su fe en Dios, en ocasiones, cuando se indignaba, gritaba: “¡Mejor no me hubiera metido en nada en 2018!”. En una de esas, María Verónica Herrera Galeano, le respondió que se fijara en su caso: fue encarcelada por ser secretaria de la organización Cáritas Diocesana de Estelí. “No me metía en nada político, sólo me echaron presa por tener un trabajo”, le decía Herrera.
Acusaciones absurdas y pruebas fabricadas
Testimonios recopilados por DIVERGENTES, con entrevistas a los desterrados en Guatemala y publicados por otros medios de comunicación y en redes sociales, muestran varios casos de personas encarceladas que ni siquiera se consideraban opositoras al régimen Ortega-Murillo. Casos de secretarias, abogados o trabajadores de organizaciones religiosas (evangélicas y católicas) que terminaron confinados en condiciones deplorables y sin acceso a visitas familiares.
Hay relatos de personas que fueron arrestadas por grabar a un hombre que a su vez estaba grabándose durante un acto religioso prohibido por el régimen. Varios fueron arrestados, como Olesia, por su pasado político pese a callarse y apartarse de partidos y organizaciones políticas desde hace varios años. Otros fueron detenidos por estar presente y ser testigo del arresto de algún familiar.
DIVERGENTES identificó que el aparato de justicia fabricó pruebas para justificar sus condenas. Así como Olesia niega haber comentado en la publicación de monseñor Solórzano, Juan Bautista García, de 76 años, también desmiente la acusación contra él: pedir la liberación de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Estelí. Durante el juicio dijeron que García en su perfil de Facebook tenía 10 mil seguidores.
Pero el anciano asegura que no tenía ni celular, y menos que supiera usar redes sociales. El mismo día que lo arrestaron se llevaron a su hijo, Juan Isidro. “Ni conozco al padre (Rolando) Álvarez”, comenta García.
Represión generalizada en Nicaragua
El abogado y experto en derechos humanos, Uriel Pineda, considera que el encarcelamiento y posterior destierro de estos ciudadanos nicaragüenses forma parte del contexto “represivo generalizado que existe en el país”.
Pineda explica que a partir de 2021, año electoral, ha habido una evolución en la represión. Primero, el régimen Ortega-Murillo encarceló a los rostros más visibles de la oposición y activistas. Luego, la mirilla se puso contra la sociedad civil, el periodismo independiente y generadores de opinión. Un tercer actor que sufrió los embates fue la Iglesia católica.
“Es una política represiva encaminada en callar o silenciar cualquier voz crítica, hasta que prácticamente se quedaron sin actores a los que silenciar dentro del país”, refiere el abogado, y explica que fue de esta manera que “tiene sentido” el encarcelamiento de personas que en algún momento fueron opositores activos o que trabajaban en organizaciones religiosas.
La detención de los Cirineos de Nindirí
En Nindirí, un municipio de Masaya, aledaño a la capital, todos los años se celebraba la tradición de los Cirineos, que consistía en recrear el pasaje bíblico en el que Simón de Cirene le ayuda a Jesús a cargar la cruz de El Calvario. Al menos mil jóvenes se vestían con trajes alusivos a la época y, al repicar las campanas que anuncian las 12 del mediodía, corrían por las calles del pueblo con cruces o leñas cargadas sobre sus espaldas.
Como parte del Estado policial instaurado en Nicaragua, la Policía prohibió la tradición en el pueblo en abril de 2023. Algunos de los promesantes, indignados, dijeron que lo harían porque era una tradición religiosa y cultural. Así que el Lunes Santo un grupo amagó con salir, pero la Policía los ahuyentó. Después se supo que uno de los que participaron, Alberto Centeno, fue arrestado horas después.
José Ángel Cerrato, de 38 años, era uno de los Cirineos de Nindirí. Sin embargo, después de la prohibición de la Policía decidió no salir. Cerrato se asomó para ver si era verdad que algunos Cirineos cumplían su promesa pese a la represión.
El Martes Santo fue a la iglesia y miró que Marvin Gutiérrez Siezar se grababa, vestido de Cirineo en el atrio de la iglesia, explicando en qué consistía la tradición. A Cerrato le pareció buena idea grabarlo con su celular.
Gutiérrez fue arrestado minutos después por la Policía y no pudo subir su video a redes sociales. A Cerrato, en cambio, le pareció buena idea subirlo a su perfil de Facebook, con la descripción –nada política dice él–: “Cirineo de Nindirí realiza su promesa frente al atrio de la iglesia”.
Al día siguiente, el 5 de abril de 2023, Cerrato fue arrestado mientras se encontraba en su trabajo en una compañía telefónica de Nicaragua. “Por ese video vas a pagar”, le dijo un oficial de policía a Cerrato cuando fue detenido.
En total, apresaron a cinco Cirineos de Nindirí. Todos fueron acusados por Ciberdelitos, Menoscabo a la Integridad Nacional, Terrorismo y Conspiración, y condenados a 8 años de cárcel y 300 días de multas.
Mensaje del régimen para “controlar e intimidar a la población en general”
“Hay un mensaje disuasivo para la población en general: ‘a estas personas por prácticamente no hacer nada les alcanzó el brazo de la represión’. Es un llamado a la población en general a abstenerse de hacer cualquier tipo de activismo, de involucrarse con cualquier actor social o político que esté en contra del régimen”, explica el abogado Uriel Pineda.
El especialista considera que todo esto forma parte de la estrategia del Frente Sandinista de tener el control total y absoluto de la sociedad, para lo cual tienen que “controlar, persuadir e intimidar a la población en general”.
El experto en derechos humanos asegura que esta política, orientada a silenciar cualquier voz crítica, en Nicaragua ha tenido como consecuencias el encarcelamiento, la violación de los debidos procesos, el desplazamiento forzado de ciudadanos, entre otras, que son comisión de crímenes de lesa humanidad.
Los “otros” presos políticos
DIVERGENTES conversó, bajo reserva de su nombre, con un antiguo dirigente de un partido político inhibido en las elecciones de 2021, que fue arrestado después de haberse apartado totalmente de la organización. “Un día llegó la Policía y me metieron a la cárcel”, dice.
En otro hotel de Ciudad de Guatemala camina una señora, en solitario, pero con el traje gris que en estos días la identifica como desterrada de Nicaragua. La señora, de momento, no da entrevistas a los medios, pero quiere que se sepa “la injusticia que hicieron con los presos políticos”. Lo dice así, en tercera persona, como si ella no lo fuera, porque antes de su arresto no se consideraba opositora al régimen Ortega-Murillo.
Ella era trabajadora administrativa de una organización religiosa. Dice que un día llegó la Policía a su trabajo y la arrestaron. No ha visto a su familia desde entonces. Con las manos un poco temblorosas habla un poco de lo que le pasó, pero vuelve siempre a los casos que de “los presos políticos”, los otros, que vio mientras estuvo en prisión.