El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas (ONU) publicó este miércoles 6 de noviembre un informe sobre las violaciones y abusos a los derechos humanos contra estudiantes, docentes, directivos académicos y personal universitario perpetrados desde la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en que se revelan las torturas perpetradas por los operadores represivos del régimen en contra de miembros de la comunidad estudiantil.
Uno de los capítulos de este documento detalla estas torturas y tratos crueles, inhumanas o degradantes a los que fueron sometidos estudiantes secuestrados en operativos de la Policía de la dictadura o sus unidades paramilitares.
Uno de los entrevistados relató que 2022 “fue un año terrible para mí, les molestaba algo con mí, me sacaban y me golpeaban constantemente. Eso pasó al menos nueve veces y me mantenían engrilletado. (Un día) me sacaron de mi celda, me engrilletaron de nuevo, me llevaron a un cuarto donde me quitaron las uñas de los pies”.
El estudiante entrevistado por el equipo de expertos de Naciones Unidas, añadió que como le dijo lo de sus maltratos a miembros de la Cruz Roja y sus familiares, entonces, “los custodios se cuidaban de no golpearme antes de la visita. Me decían ‘con vos todo a las malas’. (Roberto) Guevara (jefe de máxima seguridad de la cárcel La Modelo) un día me dijo que había cientos de suicidios en las cárceles, que los presos apuñalaban a otros presos, y que podían matarme a mí también”.
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Otro estudiante relata que Roberto Guevara le dijo que “esto era mi final, que iba a pagar, que iba a saber ahora qué es la prisión”. A este estudiante le quitaron toda la ropa, solo lo dejaron en calzoncillos. La puerta de la celda era sellada y tenía un espacio de dos por tres metros. Pasó nueve meses con 15 días detenido en esta celda. “Siempre estuve en La 300 (una galería de máxima seguridad), siempre solo. Con el tiempo logramos que nos dejaran entrar una Biblia. Una vez por semana nos llevaban al patio al sol. Nos sacaban y nos volvían a meter”, agregó.
Al menos 15 estudiantes asesinados por las fuerzas represivas
Estos dos testimonios son parte de al menos 52 casos de estudiantes (34 hombres y 18 mujeres) y dos docentes, recopilados por el Grupo de Expertos, quienes fueron detenidos arbitrariamente en las diferentes fases de la represión entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2024. Todos fueron sometidos a interrogatorios y juicios políticos fabricados por la dictadura, y condenados a penas de cárcel por su activismo.
14 de ellos fueron excarcelados y expulsados hacia los Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, junto con otras 208 personas opositoras, reales o percibidas.
El informe detalla que al menos 15 de víctimas de asesinato eran estudiantes que “participaron en las protestas de 2018 (asistiendo a manifestaciones y/o levantando tranques y barricadas) o que se encontraban en las inmediaciones del escenario de protesta y fueron consideradas, por esta razón, opositoras al Gobierno”.
Sector universitario no cuenta con instituciones independientes
Para la elaboración de este documento, el Grupo de Expertos entrevistó a 130 personas (78 hombres y 52 mujeres) reprimidas directa e indirectamente por pertenecer al sector académico, incluyendo a personas académicas, investigadoras y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
El Grupo de Expertos documentó graves violaciones y abusos a los derechos humanos, entre estas, “violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal, a la educación y la libertad académica, al ser sometido a actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la libertad de opinión y expresión, de reunión pacífica, a la libertad de circulación y a la nacionalidad”. Algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos.
“Estas violaciones y abusos forman parte de una arremetida más amplia del Gobierno contra las universidades y su autonomía, lo cual refleja su intención de controlar cualquier espacio que permita formular críticas y liderar resistencia, protesta o disidencia de manera autónoma. Al cierre de este documento, el sector universitario de Nicaragua no contaba con instituciones independientes. Esta situación ha eliminado la autonomía universitaria y la libertad académica”, indica el informe.
El Grupo de Expertos confirmó la coordinación entre los poderes Ejecutivo, egislativo y judicial para cometer estas violaciones. “La estrategia de represión del Gobierno, basada en violaciones sistemáticas de derechos humanos y actos de persecución, ha también imposibilitado al estudiantado opositor, o percibido como tal, continuar sus estudios, hipotecando el aporte de las generaciones futuras al desarrollo del país”, consideran los investigadores.
37 universidades canceladas
Entre las violaciones al derecho a la educación se documenta la estrategia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para controlar las universidades y los centros de educación, a través de distintos actos que incluyeron la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de la mayoría de las universidades privadas, reformas legislativas y el control institucional y político de las instituciones del subsistema de educación superior, especialmente el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).
El Grupo de Expertos ha determinado que, entre diciembre de 2021 y febrero de 2024, el Estado había cancelado la personalidad jurídica de al menos 37 universidades e instituciones de educación superior, nacionales e internacionales y laicas y religiosas.
“Algunas de estas universidades, como la Universidad Centroamericana (UCA) o la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), habían sido focos de movilización estudiantil durante las protestas de 2018 y habían abierto sus puertas para resguardar a los estudiantes frente a la represión policial. En muchas de las sedes de estas universidades se reunían las y los estudiantes que pertenecían a grupos de pensamiento críticos del Gobierno. Desde entonces, estas universidades habían sido objeto de asaltos, vigilancia y limitaciones administrativas a su funcionamiento, y sus directivos y plantilla académica el blanco de actos de represión”, explican los expertos.
Entre 18 mil y 25 mil estudiantes afectados por cancelación de universidades
Hasta el mes de marzo de 2023, el Grupo de Expertos calculó que entre 18 000 y 25 000 estudiantes fueron afectados por la cancelación de la personalidad jurídica y el cierre de universidades privadas.
Entre julio y agosto de 2023, el anuario del Consejo Nacional de Universidades (CNU) confirmó la cancelación de las personalidades jurídicas, y posterior cierre de tres universidades privadas: la Universidad Evangélica Nicaragüense Martín Luther King Jr., la Universidad de Occidente y la Universidad Centroamericana. Esta situación perjudicó a 13 733 estudiantes adicionales (8808 mujeres y 4924 hombres) que cursaban sus estudios superiores en dichas universidades. De estos estudiantes, 6134 tenían algún tipo de beca (es de45 % del total).
El Grupo de Expertos obtuvo información de que cientos de los estudiantes de las universidades clausuradas no pudieron obtener sus diplomas y expedientes de notas o no pudieron seguir con sus estudios en la universidad de su elección a pesar de las promesas de continuidad del Gobierno.
Según las cifras publicadas en el anuario, el cierre de estas tres universidades dejó sin empleo a cerca de 1200 personas, 740 docentes y 439 miembros del personal administrativo y de otro tipo.
Más de 150 estudiantes expulsados
Un modus operandi utilizado por las autoridades como forma de represalia para castigar a los estudiantes que participaron en las protestas de abril a julio de 2018, o que manifestaron de alguna manera su disidencia, fue su expulsión de las universidades públicas.
De acuerdo con la información recopilada por diversas organizaciones, más de un centenar de estudiantes fueron víctimas de este patrón. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2018 y 2022 hubo más de 150 expulsiones arbitrarias de estudiantes en Nicaragua.
La organización Acción Universitaria documentó la violación de los derechos a la educación y a la libertad académica de al menos 69 estudiantes (41 hombres y 28 mujeres), expulsados de manera arbitraria a través de resoluciones adoptadas por las autoridades universitarias sin respetar el debido proceso administrativo ni el derecho al recurso correspondiente.
Los estudiantes más afectados cursaban las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Economía y Medicina. La mayoría del estudiantado expulsado cursaba el tercer y el quinto años de sus respectivas carreras.
Carta de ruego a Ortega para acceder a becas
El Grupo de Expertos investigó las violaciones del derecho a la educación que se llevaron a cabo a través de un sistema de control político, amenazas y hostigamientos contra estudiantes, el profesorado y directivos de las universidades, además del proselitismo partidario en las universidades públicas y privadas nicaragüenses a partir de abril de 2018.
“Banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional y decoración de colores rojo y negro (asociados con el Frente) eran frecuentes en los recintos universitarios y a la entrada y en los pasillos de varios hospitales donde estudiantes de medicina realizaban sus práctica”, agregan los expertos.
Para acceder a las becas, además de presentar su título de bachiller o certificado de notas y una copia de su cédula, los estudiantes deben adjuntar una carta dirigida a Ortega en un formato oficial. Esa carta tiene que hablar de su “buen Gobierno”.
“En un salón de hospital ponían canciones del Frente Sandinista”
El Grupo de Expertos documentó la existencia de cursos introductorios para estudiantes de nuevo ingreso, enfocados en proveer información sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de los dictadores.
Parte del proselitismo político se ha llevado a cabo en los hospitales, donde estudiantes de Medicina realizan sus prácticas. Una estudiante de Medicina contó a los expertos que “En un salón del hospital ponían canciones del Frente, (para) agradecer a Daniel Ortega y a Murillo por mantener el sistema de salud tan bien”.