Mientras ustedes inician a leer estas palabras, en Nicaragua hay más de 151 personas presas políticas, entre ellas 126 hombres y 25 mujeres, que sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes en las prisiones: torturas, golpizas, violencia sexual, denegación de atención médica, mala alimentación, acoso a sus familiares, entre otros vejámenes. Al mismo tiempo, el Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa la persecución en contra de toda persona que consideren crítica, incluido hasta sacerdotes. 

Hago este preámbulo porque, durante el tercer ciclo del Examen Periódico Universal, Nicaragua aceptó nueve recomendaciones cruciales sobre detenciones arbitrarias, independencia judicial, rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, el uso de recursos efectivos y la falta de acceso a información procesal. 

Sin embargo, al día de hoy, el Estado nicaragüense no las ha cumplido y, por el contrario, ha continuado retrocediendo en la protección y el respeto a los derechos humanos. Se ha consolidado un Estado de terror, que incluye el destierro de facto y de iure, desnacionalización, muerte civil para los excarcelados, persecución generalizada de la disidencia e irrespeto absoluto de los derechos y garantías de los y las nicaragüenses.

Entre abril de 2018 y abril de 2024, se registraron 4650 incidentes de detenciones arbitrarias, según el Monitoreo Azul y Blanco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató al menos 2090 personas detenidas por motivos políticos hasta febrero de 2023. Estas detenciones se han producido instrumentalizando el sistema de justicia penal para reprimir. La Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario actúan en conjunto para la comisión de graves violaciones a derechos humanos, acompañados de la falta de acción por parte de la Defensoría Pública y la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos.

Desde el 2018 los juicios en contra de las personas presas políticas nunca han respetado el principio de publicidad y acceso al derecho a una defensa técnica efectiva, por lo que siempre se han celebrado bajo intimidación y hermetismo. Sin embargo, a partir de 2023 las condiciones empeoraron, los juicios se han celebrado a través de videoconferencias que impiden la comunicación con sus defensores. Esto, junto con la negación sistemática de acceso a la información procesal, ha hecho imposible que las personas detenidas puedan contar con una defensa técnica de su elección.

Por otra parte, las condiciones de salud tanto física como psicológica son preocupantes. Predomina la denegación de acceso a atención médica y a medicamentos o la administración irregular de los mismos, generando en algunos casos, sobremedicación o su incorrecta administración. En el caso de las mujeres, se les ha negado el acceso a atención ginecológica, incluso a quienes se encontraban en seguimiento a padecimientos previos de cáncer. Todo ello provoca grandes afectaciones y secuelas a la salud.

En los casos más graves, la denegación de atención ha resultado en pérdida de visión, en índices glicémicos y de hipertensión que ponen en riesgo la vida. Se han documentado al menos dos casos de personas en estado parapléjico y personas con derrames cerebrales sin atención médica. En ninguno de los casos el Estado ha iniciado investigaciones sobre los hechos denunciados y no hay personas sancionadas al respecto. 

La represión en Nicaragua persiste y se agrava: han aumentado los casos de desaparición forzada por ocultamiento de paradero y el subregistro de detenciones arbitrarias aumenta sin lograr certeza de la dimensión exacta, debido al temor a la denuncia instaurado en la población.

Por tanto, desde la Unidad de Defensa Jurídica, demandamos el cumplimiento por parte del Estado de Nicaragua, con las recomendaciones emitidas por organismos internacionales, como Naciones Unidas y la CIDH.

A renglón seguido, a liberar inmediatamente a todas las personas presas políticas, incluidos los 10 presos previos al contexto del 2018, garantizando investigaciones imparciales, con perspectiva de derechos humanos por denuncias de casos de tortura y malos tratos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración. Asimismo, procesos adecuados para reparar los daños causados de forma integral. 

Es crucial garantizar juicios justos y una tutela judicial efectiva en los procesos de personas presas políticas, especialmente con acceso pleno a la información de los expedientes y la comunicación con familiares y abogados de su elección, así como la observación de estos sin represalias. 

Instamos a erradicar prácticas de tortura y malos tratos hacia las personas privadas de libertad, especialmente aquellas privadas por motivos políticos y garantizar el acceso pleno a salud, alimentación y visita de familiares conforme estándares internacionales, y sin ninguna represalia.Nicaragua se encuentra en una crisis de derechos humanos que requiere una acción internacional urgente. Las víctimas de estas atrocidades merecen justicia, y es nuestra responsabilidad colectiva asegurarnos de que no queden en el olvido.