A la habitual angustia de no saber su paradero ni su estado de salud con certeza desde diciembre de 2025, los hijos del exasesor presidencial en asuntos económicos, Bayardo Arce, han vivido una semana de zozobra total, después que recibieron informaciones que su padre fue sacado de la cárcel La Modelo para ser hospitalizado. A través de una carta pública dirigida a Daniel Ortega y Rosario Murillo, y confiada a DIVERGENTES para su publicación, la familia directa del comandante histórico de la revolución sandinista demanda a sus carceleros “una prueba de vida inmediata y acceso a visitas familiares para poder constatar personalmente su estado”.
De acuerdo con versiones publicadas por diversos medios de comunicación, el exasesor presidencial fue trasladado de urgencia y “en condición delicada” a un hospital la noche del 26 de febrero. Sin embargo, como ha sucedido con otros presos políticos que han fallecido bajo custodia estatal después de ser llevados a centros hospitalarios de manera secreta, el régimen sandinista no ha comunicado información oficial sobre el estado ni la ubicación de quien, otrora, fue una de las principales manos derechas de Ortega, especialmente en el plano económico. A pesar de su apresamiento y condena, el régimen copresidencial nunca ha oficializado que el comandante haya sido destituido de su cargo como asesor presidencial.
Los casos más emblemáticos de presos políticos que han muerto en cautiverio político son el del general en retiro Hugo Torres o el mismo hermano de Ortega, el también general Humberto Ortega Saavedra.
“La situación se agrava con las informaciones recibidas de que se encuentra hospitalizado en condición grave, circunstancia de la cual nuestra familia no ha sido notificada oficialmente”, denuncian los seis hijos de Arce, quienes por primera vez se refieren públicamente al caso a través de esta carta. “Tememos que la combinación de aislamiento, castigos, enfermedad, peso y edad podría conducirlo a su muerte. Nuestro temor no es infundado. Habiendo observado patrones en situaciones similares, nos preocupa que este modus operandi pueda resultar definitivo para nuestro padre”.
Arce fue apresado en julio de 2025 en medio de una purga interna comandada por la copresidenta Murillo, especialmente dirigida a personajes que ella considera estorbos o indeseables para el proceso de sucesión dinástica. Aparte del exasesor económico presidencial, fue apresado su asistente, Ricardo Bonilla, cuyo paradero desde esa fecha se desconoce.
Luego de su violenta detención en su casa de habitación, Arce permaneció seis meses incomunicado en la cárcel La Modelo. Su familia logró verlo por última vez en diciembre de 2025, cuando ya presentaba un visible deterioro físico, según denunciaron en enero pasado. El comandante sandinista pronto cumplirá 77 años, tiene padecimientos crónicos y la sospecha del inicio de un melanoma en uno de sus brazos. Todo eso se le ha agravado en prisión ante la falta de atención médica especializada, iniciando por una dieta necesaria para mantener controlada la diabetes.
Tres días después de que su familia hizo públicas las condiciones de reclusión y alertaron sobre su estado de salud, el régimen Ortega-Murillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), formalizó acusaciones por supuestos delitos de corrupción, defraudación fiscal y lavado de dinero. Le achacan una cifra estratosférica de 5000 millones de dólares. La acusación contra Arce señala como coautores a la esposa de Arce y su cuñado, Amelia Ybarra y Amílcar Manuel Ybarra, quienes desde diciembre huyeron al exilio para escapar de la persecución en su contra.
Otra vez en desaparición forzada
“Desde hace siete meses, nuestro padre permanece detenido arbitrariamente en condiciones que carecen de toda garantía procesal y judicial, sin acceso a defensa ni a un debido proceso”, reclaman los hijos. “Desde entonces, ha estado sometido a condiciones y tratos que constituyen tortura física y psicológica: aislamiento absoluto, desamparo legal, incomunicación, privación médica especializada, castigos de inmovilización corporal, entre otras, incompatibles con cualquier estándar mínimo de derechos humanos (…) A la fecha de la última visita, presentaba un grave deterioro físico y anímico. La última vez que supimos de él fue el 7 de diciembre de 2025”.
Los hijos señalan que, desde diciembre pasado, Arce vuelve a estar “en una situación legal de desaparición forzada”. “Hoy, casi tres meses después, desconocemos su paradero y estado actual, lo que nos mantiene en angustia y desolación permanente”, insisten.
Ante esa zozobra, y tras las informaciones sobre la supuesta hospitalización de Arce, los hijos decidieron extender esta carta pública a los copresidentes Ortega-Murillo, a través de DIVERGENTES, para apelar a “medidas humanitarias”.
“Como familia, exigimos con urgencia a Rosario Murillo y Daniel Ortega, y a todo el cuerpo del Estado que le respalda, información oficial sobre la condición médica y ubicación exacta de nuestro padre Bayardo Arce, demandamos prueba pública de vida inmediata y acceso a visitas familiares para poder constatar personalmente su estado, tomando urgentemente medidas humanitarias que todo preso político se merece, por encima de colores y posturas”, piden los seis hijos. “Nuestro padre no es solo una figura pública. Es el esposo de nuestra madre, el abuelo de nuestros hijos, el hombre que nos enseñó a caminar por la vida. Hoy está solo, sin posibilidad efectiva de defenderse, sin contacto con quienes lo amamos y enfrentando una inminente amenaza contra su vida motivada por un castigo político dirigido, severo y fuera del marco de la ley”.
El Mecanismo lo reconoce como preso político
La semana pasada, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas incluyó a Bayardo Arce en su listado oficial de personas privadas de libertad por razones políticas, luego de verificar su caso a través de información proporcionada por su entorno familiar. La decisión no se basó en su trayectoria política ni en su rol histórico dentro del Frente Sandinista, sino en los elementos jurídicos documentados tras su detención en julio de 2025, explicó la organización.
Según el informe, el Mecanismo constató que Arce fue detenido de manera arbitraria, que su vivienda fue allanada sin garantías, que sus cuentas bancarias y bienes fueron congelados y confiscados, y que posteriormente fue procesado y condenado sin acceso a una defensa de su elección ni a garantías judiciales básicas. También se documentó la incomunicación prolongada y la ausencia de información oficial sobre su situación, elementos que encajan en las tipologías internacionales de detención arbitraria.
Frente a la controversia que genera calificar como “presa política” a una figura que durante décadas fue parte del aparato de poder, el Mecanismo subraya que su análisis no determina responsabilidades penales ni implica aval alguno sobre la trayectoria pública de la persona detenida. Su evaluación se limita a establecer si el Estado ha vulnerado garantías fundamentales como el debido proceso, el acceso a defensa independiente y la prohibición de detenciones con motivación política o aplicación selectiva de la ley.
En ese sentido, el Mecanismo concluyó que la inclusión de Arce no constituye una exoneración ni un juicio político a su favor, sino una exigencia al Estado para que respete estándares mínimos de legalidad y derechos humanos aplicables a todas las personas sin distinción. El caso, agrega el documento, “refleja una profundización del patrón represivo en Nicaragua, ahora extendido también a exfuncionarios y figuras históricas del propio oficialismo, en un contexto de reconfiguración interna del poder”.
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