Kevin Solís todavía no puede dormir tranquilo. Cuando escucha la puerta de su cuarto, tiene miedo de que aparezca el comisionado Roberto Guevara para torturarlo. “Fue la persona que más dolor me hizo sentir en mi vida”, dice Solís en el testimonio que leyó, este viernes 10 de marzo, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se denunció la privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Kevin Solís fue uno de 222 presos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos y desnacionalizados el pasado nueve de febrero. A sus 23 años de edad, ha estado dos veces preso por participar en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. que iniciaron en abril de 2018 en Nicaragua.
La primera vez lo capturaron en diciembre de ese año y no fue liberado hasta nueve meses después. Pero la segunda ocasión, que ocurrió el 6 de febrero de 2020 mientras salía caminando de la Universidad Centroamericana (UCA) –donde estudiaba segundo año de Derecho–, fue la que más lo marcó. “Me secuestraron en una camioneta de civil, me pusieron una capucha y un arma en las costillas, me decían que me iban a desaparecer. No tenía idea dónde iba, no sabía si iba a volver a ver a mi familia, a mi hija. Tuve miedo”, dijo Kevin en su testimonio.
Inmediatamente, lo trasladaron a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, donde lo desnudaron en medio de varios policías que le llamaban “basura” y le decían que esa vez iba a permanecer más tiempo. La amenaza se cumplió porque, a partir de entonces, Kevin estuvo preso tres años seguidos.
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Al día siguiente de su captura, el 7 de febrero de 2020, un comisionado al que sólo identifica como Pacheco llegó a su celda para golpearlo con el potente chorro de agua de una manguera presión, mientras le decía que le estaba “lavando la basura que tenía en la mente”. Eso se repitió durante dos días seguidos. Pero no fue lo más grave.
La parte más difícil tuvo lugar en la cárcel Modelo, donde fue trasladado a los pocos días de ser capturado y en la que permaneció los tres últimos años. El testimonio es impreciso en las fechas, porque es “una herida abierta” en la que hubo muchos golpes, patadas y dolor, propinados por el comisionado Roberto Guevara, jefe del área de Máxima Seguridad de esta cárcel, según denuncia Kevin. “Hubo momentos en los que sentí que estaba solo, pensé que iba a morir. (Guevara) me amenazó de salir de prisión únicamente en una bolsa negra…Perdí mi juventud, perdí uñas arrancadas. Tuve miedo de perder la razón”, denunció Kevin.
Afectaciones de los desnacionalizados
La audiencia de la CIDH fue convocada para exponer la situación de violaciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas otras 94 personas. A todas ellas se les despojó de su nacionalidad, fueron declarados como prófugas de la justicia y “traidores a la patria”, sin que hubiera procesos en su contra, y se les ordenó la ocupación de sus bienes. Entre estas personalidades se encuentran los escritores Sergio Ramírez Mercado, Gioconda Belli; el obispo Silvio Báez; defensores de derechos humanos, como Vilma Núñez; periodistas, políticos, empresarios, religiosos, entre otros activistas.
Gabriela Oviedo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), hizo una compilación de las afectaciones de los desnacionalizados. En primer lugar, hay un intento de deshonrarlos bajo acusación de “prófugos de la justicia” y “traidores a la patria”, cuando muchos de ellos son defensoras de derechos humanos, feministas, académicos y, en general, “personas que han luchado por el respeto de los derechos, la institucionalidad y la democracia en el país”.
Respecto de los bienes y activos de las personas desnacionalizadas, Cejil informó que el régimen, en muchos casos, ya procedió a la ocupación de los mismos y la cancelación de registros de propiedad.
Oviedo señaló que el despojo de la nacionalidad ha generado, en estas personas, incertidumbre sobre las posibilidades de movilizarse libremente, “por el temor de que se cancelen sus pasaportes y quedar varados”. Esto impide el acceso a empleos y estudios. Además, los desnacionalizados expresan mucha preocupación respecto a los procesos de reunificación familiar. “Por ejemplo, a familiares de personas afectadas se les retiró el pasaporte y se les impidió la salida del país”, dijo Oviedo.
La periodista Sofía Montenegro, una de las 94 personas desnacionalizadas, denunció que fue despojada de su jubilación. “Yo soy una persona que tiene 69 años de edad y trabajo desde los 18 años, y también me ha sido anulada mi pensión”.
Oviedo, del Cejil, dijo que esta situación ha generado afectaciones a la salud, como estrés postraumático, cuadros de ansiedad recurrentes, insomnio, sensaciones constantes de angustias, colitis, entre otras sintomatologías, sin que puedan acceder a la atención psicosocial requerida. “Estas situaciones se agravan en el caso de las personas adultas mayores”, dijo Oviedo.
Cejil informó que 31 de las 94 personas son mayores de 60 años de edad. La gran mayoría tiene problemas de salud, propios de la edad. E inclusive, algunas son sobrevivientes de cáncer o tienen enfermedades crónicas que requieren seguimientos de atención especializada, a la cual no pueden acceder. “Esto atenta contra su vida e integridad personal”, explicó.
Representantes de las organizaciones Race and Equality (Raza e Igualdad) y de la Unión de Defensa Jurídica, presentes en la audiencia, concluyeron que el despojo de la nacionalidad es una “clara represalia contra las personas que han ejercido sus derechos y otras a las que el Estado considera como adversarios”.
Según estas organizaciones, el mensaje es “intimidatorio, orientado a silenciar el disenso en toda la sociedad nicaragüense”, lo cual es violatorio de los tratados internacionales que el gobierno de Nicaragua ratificó en 2013, durante la Convención contra la Apatridia. “La solidaridad de los gobiernos debe también expresarse mediante condenas enérgicas al estado de Nicaragua y otras medidas que logren poner fin a las violaciones de derechos humanos”, señalaron.
“El régimen acusa, juzga, sentencia y condena en ausencia”
La periodista Lucía Pineda Ubau, directora del medio 100% Noticias, es una de 11 periodistas y directores de medios de comunicación que fueron víctimas de la misma medida. Pineda denunció la confiscación de su casa y la persecución de la que ha sido víctima por informar “sistemáticamente violaciones a los derechos humanos”. En diciembre de 2018, Pineda fue apresada durante seis meses, en los cuales fue sometida a interrogatorios y recluida a una celda solitaria. “Las amenazas de la dictadura no cesan. El régimen acusa, juzga, sentencia y condena en ausencia, todo en un solo acto para arrebatarme la nacionalidad nicaragüense y mi casa de habitación, producto del trabajo honesto de toda una vida”, dijo Pineda.
Ana Quirós, defensora de derechos humanos y feminista, denunció que ha sido dos veces despojada de su nacionalidad nicaragüense. La primera vez ocurrió en noviembre de 2018, cuando también fue desterrada hacia Costa Rica. Entonces, las autoridades le dijeron que la orden de expulsión de Nicaragua se prolongaría cinco años.
Meses antes, Quirós, de 66 años de edad, dijo que fue acosada y hostigada por partidarios del régimen Ortega-Murillo. “Me gritaban ‘traidora’, ‘golpista’, ‘enemiga de Nicaragua’, ‘teníamos que haberte matado’, ‘maricona’, ‘lo que te hace falta es conocer un hombre de verdad’. La mayoría de veces los ataques tuvieron que ver con el hecho de ser mujer, feminista y lesbiana”, dijo Quirós.
La segunda vez que le retiraron la nacionalidad fue el pasado 15 de febrero, cuando la incluyeron en la lista de 94 personas. Quirós cuenta que lo peor fue que la llamaron “traidora a la patria, porque si algo he hecho es luchar por Nicaragua”. Ella también confirmó que le confiscaron las propiedades y le eliminaron la pensión de vejez, a la que tuvo derecho después de cotizar en el Seguro Social durante 40 años. “No soy una persona joven y no sé cuál será mi futuro”, dijo Quirós.
Esta información ha sido producida con la colaboración de Otras Miradas como un apoyo al periodismo independiente en Centroamérica.