Si la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no hubiera ejecutado la farsa electoral de 2021, la más burda de las perpetradas por el sandinismo desde que llegó el poder en 2006, los nicaragüenses probablemente acudirían a votar este domingo 8 de noviembre para elegir presidente y vicepresidente, tal como lo establecía el calendario electoral. En cambio, en los últimos cinco años el país ha vivido la consolidación de una dictadura que cerró los espacios democráticos y sepultó las esperanzas de una transición democrática.
“El Gobierno de Nicaragua optó por el camino del autoritarismo”, señaló la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe sobre el proceso electoral de Nicaragua de 2021, en el que pormenoriza cómo el régimen Ortega-Murillo incumplió con todos los elementos esenciales de la democracia, descritos en la Carta Democrática Interamericana.
Cinco años después, la OEA continúa abogando por “crear las condiciones para que los nicaragüenses puedan ejercer libremente sus derechos y determinar su propio futuro político mediante instituciones democráticas y elecciones libres, justas e inclusivas”, según la declaración del secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, durante la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre Nicaragua, celebrada el pasado 2 de octubre.
La convocatoria en la OEA ocurrió a raíz de la declaración de Daniel Ortega, el pasado 19 de julio, de eliminar las elecciones. Finalmente, los dictadores aprobaron el pasado 1 de septiembre una reforma constitucional, en primera legislatura, para proscribir a la oposición y ampliar un año más su periodo en el poder: de seis años —ya lo habían ampliado de cinco a seis en enero de 2025 mediante otra reforma constitucional— a siete años. De esta manera, las elecciones previstas a realizarse en noviembre de 2026 se desplazaron hasta 2028.
En los últimos cinco años, la dictadura Ortega-Murillo se ha consolidado: en Nicaragua no existen partidos políticos opositores. Las oenegés y los medios de comunicación fueron clausurados y confiscados; los periodistas obligados a exiliarse o puestos bajo prisión. Las calles fueron tomadas por un Estado policial que no permite agitar la bandera azul y blanco sin que esté acompañada de la rojinegra –ahora es un símbolo patrio–. La Iglesia fue silenciada y algunos obispos desterrados. Hay expulsiones de críticos, prohibiciones de regresar, al menos 72 presos políticos, confiscaciones de propiedades y pérdida de nacionalidad.
“Lo que estamos viendo es una dictadura absoluta, y esa dictadura tiene un objetivo claro: un gobierno dinástico permanente”, señaló el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, designado por Naciones Unidas, en su último informe publicado el 26 de octubre.
Hace cinco años, los opositores creyeron que existía una rendija de esperanza para poner fin a la crisis política, pero pocos esperaban las acciones del régimen durante el proceso electoral: el encarcelamiento de opositores, la anulación de partidos políticos y un nivel de abstención pocas veces registrado (81%), según organizaciones independientes.
En este reportaje nos trasladamos a esos días convulsos en los que se vivía cierta expectativa por los comicios, pero también analizamos las estrategias del régimen y de la oposición, y lo que ha significado para Nicaragua el cierre de la posibilidad electoral cinco años después.
Los meses previos
Luego de la masacre de 2018, los opositores se aglutinaron alrededor de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que participó en los fallidos diálogos nacionales con el régimen y, posteriormente, en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Con miras a las elecciones del 6 noviembre de 2021, periodistas, empresarios, académicos, dirigentes campesinos y activistas anunciaron sus aspiraciones presidenciales.
Juan Sebastián Chamorro fue uno de ellos. El 11 de enero de 2021 anunció que renunciaba al cargo de director ejecutivo de la Alianza Cívica para poder buscar la candidatura presidencial en un partido político, pues no podía hacer proselitismo desde ese cargo.
Chamorro tenía dudas sobre participar en las elecciones. En primer lugar, no estaba seguro de si estaba bien visto expresar sus aspiraciones políticas después de la masacre de más de 350 personas desde 2018 y de la existencia de decenas de presos políticos. “Yo tenía dudas de si era adecuado que corriéramos. Yo esperaba encontrar alguna crítica, pero la reacción de la gente fue de lo más normal”, dice Chamorro.
Lo otro que no tenía claro era si, ante las faltas de condiciones electorales, la participación de la oposición serviría para que el régimen Ortega-Murillo se legitimara. “En el fondo también estábamos claros de que el proceso electoral de 2021 no iba a ser un proceso competitivo, no iba a ser un proceso en el cual iba a ser fácil ganar la elección”, cuenta, y agrega: “Nosotros no éramos ingenuos, estábamos clarísimos de que (Ortega) se las iba a robar (las elecciones)”.
En esos días sostuvo conversaciones con el opositor venezolano Juan Guaidó, quien le aconsejó que la oposición nicaragüense tenía que participar, aunque no existieran condiciones electorales. “Me dijo que la equivocación de la oposición venezolana fue no haber corrido en las elecciones y le entregaron todo al chavismo… Con esa reflexión tomé la decisión de hacerlo”, dice.
Félix Maradiaga, otro de los aspirantes presidenciales, dice que también consultó con diferentes actores de la oposición y de la comunidad internacional y llegó a la conclusión de que “era evidente que debíamos agotar esa fase electoral e insistir en ir unidos como oposición”.
De tal manera que casi todos los precandidatos pensaron algo similar: hacer una precampaña presidencial para generar expectativa y desafiar al régimen, como parte de la continuidad de la lucha cívica desde 2018.
“Yo entré al proceso con una mentalidad de desobediencia civil y como parte de la estrategia de enfrentar a los Ortega-Murillo con todos los instrumentos democráticos que en ese momento estaban disponibles”, dice Maradiaga.
La expectativa, ciertamente, se generó y, en ese punto, algunos opositores pensaron que, si la gente podía salir masivamente a votar, al régimen se le iba a dificultar hacer fraude electoral. El régimen Ortega-Murillo, no obstante, tenía preparado un plan que empezó a ejecutar desde un año antes.
El plan para perpetuarse en el poder
Entre octubre de 2020 y febrero de 2021, el régimen aprobó tres leyes represivas que serían clave para perpetuarse en el poder: Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y la ley que tipificó el delito de “traición a la patria”. Además, hizo reformas a la Ley 1060 del Código Procesal Penal que ampliaron el plazo de detención a los encarcelados, que era de 48 horas y ahora es de, “no menor a 15 días ni mayor a 90 días”.
De cara al proceso electoral, la OEA sugirió una serie de reformas a la Ley Electoral para un proceso de elecciones justas. La oposición también demandó condiciones para participar en unos comicios transparentes. Sin embargo, Ortega, por medio de la Asamblea Nacional que controla, aprobó una serie de reformas a la Ley Electoral que le dieron más control.
La Asamblea Nacional eligió a los diez magistrados –siete titulares y tres suplentes— del Consejo Supremo Electoral (CSE), todos fieles al partido sandinista.
Una vez que el régimen controló el tribunal electoral y aprobó las leyes represivas, el siguiente paso fue encarcelar y enjuiciar a más de 40 figuras opositoras. De paso, amenazó e intervino oenegés y medios de comunicación, como el diario La Prensa, para ocultar la represión que ejecutó.
Lo primero que hizo fue capturar a siete precandidatos presidenciales. Al mismo tiempo inhibió a tres partidos políticos –Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido Restauración Democrática (PRD) y Partido Conservador (PC)– que se ofrecieron como casilla para que la oposición participara en las elecciones.
Luego, arrestó a líderes de partidos políticos, periodistas, analistas, empresarios, defensores de derechos humanos, entre otros ciudadanos.
El 2 de agosto, Ortega y Murillo inscribieron su fórmula presidencial. El matrimonio oficializó su candidatura mientras siete aspirantes opositores ya estaban presos. Días después, el CSE anunció un recorte de 75 a 40 días en el período de campaña para reducir el proselitismo político.
El 25 de septiembre de 2021 inició oficialmente la campaña electoral sin competencia. A Ortega y Murillo los acompañaron seis partidos políticos señalados de servir de comparsa en el proceso electoral. Estos partidos son conocidos como “zancudos”, “satélites” o “colaboracionistas” porque se postulan para obtener un escaño en el Estado y un reembolso económico por los votos recibidos.
No hubo ambiente en la farsa electoral
El 6 de noviembre de 2021, las calles lucían como un domingo más. No estaban desérticas ni festivas. En algunas avenidas transitadas habían escasas mantas de los seis partidos cómplices, una de las pocas señales de que el país vivía una elección de sus autoridades.
La farsa electoral de 2021 estuvo marcada por un ambiente electoral precario: mientras los partidos zancudos realizaban concentraciones con menos de 50 personas, Ortega y Murillo limitaron sus apariciones a actos controlados y televisados.
El día de la votación, los vehículos de instituciones públicas recorrieron los barrios para convencer a sus militantes de ir a las urnas. Sin embargo, la baja participación quedó reflejada en los reportes de los medios de comunicación, que informaron sobre centros de votación vacíos, con una marcada presencia de policías y paramilitares.
El lunes 7 de noviembre, Ortega y Murillo se declararon “vencedores” con 75.2% de los votos. Pese a que el Poder Electoral aseguró que la participación fue de 65.23%, la organización Urnas Abiertas, por su parte, calculó el porcentaje de abstención en 81.5%.
Justo después de que cerraran las urnas, Estados Unidos calificó la elección como “pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”.
Ortega y Murillo se atornillaron en el poder, pero aquello profundizó el aislamiento internacional en el que se encuentra el país y supuso la pérdida de legitimidad del régimen.
¿Cuál fue la estrategia de la oposición?
Maradiaga explica que la estrategia más importante de la oposición en el proceso era articular unas primarias opositoras. Según Maradiaga, esto hubiera permitido definir un liderazgo unificado, solidificar a la oposición y construir una conducción democrática para enfrentar las trabas del régimen.
“La elección de noviembre 2021 iba a estar totalmente viciada, el fraude del sandinismo también formaba parte de nuestro cálculo”, dice Maradiaga. “Participar en este escenario exigía prepararse para denunciarlo y activar de inmediato la presión cívica nacional e internacional”, agrega.
Maradiaga sostiene que un liderazgo surgido de unas elecciones primarias hubiera podido darle dirección y respuesta a las acciones del régimen. “Era vital tener una candidatura rebelde, valiente, lista para salir a las calles de inmediato y activar una fase posterior de rebeldía”, explica.
La unidad opositora no se dio por diferencias sobre la representación legal, la selección del candidato presidencial, el reparto de diputaciones y asuntos ideológicos. Las primarias tampoco se realizaron, pese a que la mayoría de los liderazgos respaldó la idea. Las diferencias surgieron, sobre todo, alrededor de la metodología, y algunos precandidatos no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo realizarla.
Finalmente, todos fueron encarcelados. Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro estuvieron 611 días presos – entre el 8 de junio de 2021 y el 9 de febrero de 2023– en El Chipote, un centro de detención en cuyas instalaciones se han denunciado torturas.
Maradiaga dice que asumió el riesgo de que lo podían encarcelar. Sabía que el régimen era capaz, y por eso grabó varios videos y escribió cartas a su esposa y su hija para que se las entregaran cuando estuviera preso.
Chamorro considera que el encarcelamiento de las figuras políticas demostró “una brutalidad nunca antes vista” en un proceso electoral en Nicaragua.
“Es cierto que antes hubo fraudes electorales, abusos, robos, pero echarnos preso a todos los candidatos para que no participáramos fue completamente descarado”, valora Chamorro. “Es el episodio más descarado de autoritarismo”.
Para los opositores, el encarcelamiento de los precandidatos logró un objetivo fundamental: evidenciar la ilegitimidad del régimen Ortega-Murillo y “quitarle la máscara” democrática.
Para Chamorro, la elección de 2021 será recordada como “un hito fundacional de la nueva Nicaragua democrática”.
Maradiaga considera que Ortega comprendía el peligro que representaba permitir un proceso de primaria que produjera un líder opositor. “No podía permitir que ese proceso se consolidara, y optó por encarcelar a los precandidatos”, añade.
La farsa electoral de 2021 marcó un punto de inflexión en la consolidación de la dictadura. También dejó en evidencia que Ortega y Murillo tuvieron que recurrir al encarcelamiento de sus adversarios para eliminar cualquier competencia política.