El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), monseñor Carlos Enrique Herrera, aclaró a DIVERGENTES que él no está fungiendo como intermediario en las negociaciones con la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre el caso de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, como han informado otros medios nicaragüenses, basados en fuentes extraoficiales.
En una escueta comunicación con esta redacción, el prelado remarcó las declaraciones que brindó recientemente al medio digital Despacho 505, en las que expresó que dicho proceso de diálogo se está manejando a nivel del Vaticano-Estado y no a través de la CEN, presidida por él.
“Como la vez pasada lo dije yo, la Santa Sede iba a abrir una representación para hablar un poquito más, o estar en comunicación (con el Gobierno), pero yo no puedo decirles qué clase de comunicación”, manifestó Herrera.
Otro sacerdote de la Iglesia Católica, bajo anonimato, coincidió con que la CEN se mantiene “al margen” de estas negociaciones, y que todo lo está abordando la Santa Sede con el oficialismo.
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Monseñor Herrera explicó que, en situaciones extraordinarias, en las que se ve involucrado un alto jerarca católico, como es el caso de monseñor Álvarez, la comunicación se da directamente con el Vaticano. “Eso lo están viendo ellos…” insistió Herrera. Además, dijo desconocer qué resultados han tenido estas comunicaciones con Managua.
Al ser consultado por el estado de salud del obispo Álvarez, monseñor Herrera se limitó a decir que, según el reporte brindado públicamente por el cardenal Leopoldo Brenes, está estable. “Lo están chequeando, es lógico que a veces debe de tener sus momentos (porque) él hace ayunos o algún sacrificio, pero según el cardenal, está estable”, declaró el titular de la Diócesis de Jinotega.
El pasado 10 de enero la justicia sandinista elevó la parada contra el obispo Álvarez y lo envió a juicio por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Hasta la fecha el régimen no se atreve a meterlo en las celdas de El Chipote. En su lugar, lo mantiene bajo arresto domiciliario en una vivienda administrada por el Gobierno, según conoció este medio.
El jerarca fue detenido por la Policía el pasado 19 de agosto de 2022 en la Curia de Matagalpa y trasladado a casa de sus familiares en Managua, sin que la justicia le imputara cargo alguno, más que el eufemismo de “resguardo domiciliario” bajo una supuesta “investigación”.
Cuatro meses después, el 13 de diciembre de 2022, el régimen oficializó el secuestro de monseñor Álvarez al presentarlo en los Juzgados de Managua vestido de civil, sin utilizar el uniforme azul con el que normalmente imponen a los presos políticos.
Hasta antes de su encarcelamiento arbitrario, Álvarez era uno de los religiosos más críticos del régimen Ortega-Murillo dentro del territorio nacional, luego de los exilios forzados de monseñor Silvio Báez, obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, y Edwing Román, entonces párroco de la iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, quienes salieron del país en 2019 y 2021 respectivamente tras amenazas en su contra.
Cárcel o exilio
Fuentes eclesiales han expresado a este medio que Ortega-Murillo mantienen en la mesa como única opción para dejar en libertad al jerarca católico, el destierro, una medida que el obispo matagalpino se ha negado a aceptar.
Monseñor José Antonio Canales, obispo de la Diócesis de Danlí, en Honduras, quien sigue de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, es uno de los que cree que, con este acercamiento con el Vaticano, el régimen sandinista está apostando por el destierro de Álvarez, porque sabe que en Nicaragua no podrá amilanarlo.
“Suponemos que ese es el ofrecimiento que (Ortega-Murillo) le ha hecho a monseñor Álvarez: o se queda callado en Nicaragua, cosa que él no va a hacer porque su carácter y su forma de ser lo impide, o se va al exilio”, planteó Canales en una entrevista anterior con este medio.
De momento, ni el oficialismo ni la Santa Sede se han pronunciado públicamente sobre estas comunicaciones, por lo que se desconoce cómo avanzan o qué rumbo tomará el caso del obispo Álvarez.