La purga de funcionarios públicos que ejecuta el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para reconfigurar el Estado a la medida de su dinastía adquirió rango constitucional, después de que la semana pasada se aprobara la Constitución OrMu con la que reducen los magistrados judiciales, electorales y contralores.
Entre las tres instituciones del Estado; Corte Suprema de Justicia (CSJ), Consejo Supremo Electoral (CSE) y Contraloría se eliminaron 25 cargos, entre magistrados y contralores propietarios y suplentes. De los 42 cargos que había en la anterior Constitución, pasaron 17 con la reforma constitucional.
La nueva legislatura elimina cualquier vestigio del pacto político del expresidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, con lo cual los dos caudillos se repartieron cargos en diferentes poderes del Estado en el año 2000.
El artículo 157 de la Constitución establece que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ahora estará integrada por nueve magistradas y magistrados, de los cuales al menos cinco serán mujeres. Antes, la CSJ estaba integrada por 16 magistrados y el período de estos aumentó de cinco a seis años en el cargo, como hizo la dictadura matrimonial para extender los tiempos presidenciales y los titulares del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.
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De 24 cargos a nueve en la Corte Suprema de Justicia
También se eliminan los ocho conjueces (suplentes) que integraban la Corte Plena, cualquiera de las Salas o el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que entraban en operación cuando se producía alguna ausencia, excusa, implicancia o recusación de cualquiera de los magistrados. Por lo tanto, de 24 cargos, entre propietarios y suplentes, pasó a sólo nueve.
Antes del pacto Alemán-Ortega, la CSJ sólo estaba integrada por 12 magistrados iniciales. Con el acuerdo político, la CSJ pasó a estar integrada por 32 (16 magistrados y 16 suplentes). Tanto Alemán como Ortega se repartieron ocho magistrados y ocho suplentes cada uno.
El Poder Judicial es uno de los más afectados por la purga que ejecuta Rosario Murillo. Desde 2023 se contabiliza la destitución de más de 1100 funcionarios. Una barrida que alcanzó a empleados judiciales de todos los niveles, desde magistrados hasta conserjes y conductores.
Golpes al Poder Judicial
Además, en enero pasado, el Parlamento aprobó una reforma a la Constitución Política y otra a la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina el porcentaje mínimo del 4% del Presupuesto General de la República que por ley se asignaba al Poder Judicial.
La Corte Suprema tenía 10 de los 16 magistrados que la integraban, es decir con seis vacantes, cuatro por dimisión y dos por fallecimientos. Los presidentes y vicepresidentes del CSJ aumentan su período como titulares de uno a tres años, pudiendo ser reelectos.
Otros cuatro magistrados, entre ellos la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, han sido desalojados de sus oficinas y enviados a sus casas, y estarían bajo investigación de las fuerzas represivas de la dictadura.
Ni la Policía Nacional ni la Corte Suprema se han referido desde noviembre de 2024 a estas detenciones e investigaciones. Alba Luz Ramos, a quien no se le ve en público desde hace meses, dejó de participar en los actos oficiales que encabeza Ortega.
En cuanto al Consejo Supremo Electoral (CSE), este pasó de estar integrado por siete magistrados propietarios y tres suplentes, a conformarse por solamente cinco magistrados. Su período también pasará de cinco a seis años en el cargo. La reforma constitucional no tocó la Asamblea Legislativa, pues siempre estará integrada por 90 diputados, y el período aumentará de cinco a seis años en el cargo.
Contraloría: de ocho a tres miembros
La Controlaría General de la República, el órgano de control de la administración pública y la fiscalización de los bienes y recursos del Estado, pasó de estar integrada por cinco miembros propietarios y tres suplentes, a estar integrada por solamente tres miembros, electos por la Asamblea Nacional para un período de seis años.
La reforma agrega dos funciones a la Contraloría: “el control, revisión y evaluación de las declaraciones de probidad de las y los funcionarios públicos” y, “determinar responsabilidades e imponer sanciones dentro del marco de sus atribuciones”.
De la redacción se elimina que la Contraloría “es un organismo independiente”, y se borra que debe “hacer públicos los resultados de sus investigaciones y cuando de los mismos se presumieran responsabilidades penales deberá enviar su investigación a los Tribunales de Justicia, bajo el apercibimiento de encubridor si no lo hiciera, de los delitos que posteriormente se determinara cometieron los investigados”.
En la reforma, establece que la Contraloría General de la República “le rinde informe anual al Pueblo a través de la Asamblea Nacional”.
El Consejo Superior de la Contraloría estaba integrado por cinco contralores propietarios y tres suplentes desde el pacto Alemán-Ortega. Incluso, llegó a estar integrado por 14 miembros (siete propietarios y siete suplentes).